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Abren nueva investigación contra Longueira y Galilea por otorgar permisos a barcos inexistentes del grupo Angelini

Las fiscalías Centro Norte y de Valparaíso, tras una denuncia por el otorgamiento de permisos de pesca a supuestas “embarcaciones de papel” del grupo Angelini, abrieron una nueva investigación en contra del ex ministro de Economía Pablo Longueira y el ex Sub secretario de Pesca Pablo Galilea (ambos funcionarios del pasado gobierno de Sebastián Piñera) por el otorgamiento de permisos de pesca a supuestas “embarcaciones de papel” que en la practica no existían y que benefició la cuota de pesca del grupo Angelini.

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La nueva investigación surge tras la demanda civil que interpuso Ricardo Díaz Arellano, un marino mercante que al comprar la embarcación Zuidester IV detectó la existencia de dos “naves de papel” que estaban asociadas al mismo permiso de extracción.

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Fue ahí cuando la Dirección de Marina Mercante le respondió a Díaz por oficio que “no era posible emitir certificado de dominio ni número de matrícula de estas naves -llamadas Colomba III y Colomba IV- por cuanto no figura en sus registros. Es decir, estas naves nunca se construyeron“. De hecho, el permiso de pesca había sido traspasado a la empresa Iquique Guanaye (ahora Orizon), perteneciente al Grupo Angelini.

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De este modo, el abogado querellante y representante de Díaz en el caso, Manuel Rojas, aseguró a Radio Cooperativa que no sólo Orizon realiza esta práctica, sino que es un “modus operandi” que también ocupan otras grandes navieras.

“Hoy existen 76 naves que supuestamente se construyeron y se pusieron operativas, sin embargo no es así de acuerdo a lo que informa la Armada de Chile”, señaló Rojas.

Por su parte Díaz explicó que entre los años 2013 y 2014, presentó una demanda civil en la que pedía una indemnización por daños y perjuicios por 12 mil millones de pesos, la que fue rechazada en el 17° Juzgado Civil de Santiago. El fallo en primera instancia acreditó los delitos, sin embargo no estuvo de acuerdo con el monto de la indemnización. Es por ello que Díaz apeló a la Corte Suprema, sin embargo la apelación fue rechazada, de forma definitiva, y dio termino a la causa civil.

Es por ello que en esta causa se indaga además la prevaricación judicial en el caso de los ministros de la Corte Suprema que confirmaron el fallo adverso en la justicia civil. Esto, debido a que el ministro Guillermo Silva es primo de la esposa de Roberto Angelini, pese a lo cual no se inhabilitó.

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En cuanto a la empresa Orizon, esta respondió que no tiene “nada que decir” respecto a las causas judiciales puesto que no van dirigidas en contra de la empresa del Grupo Angelini.

La compañía afirmó que se rigen por el Decreto Supremo 64 de 1992 del Ministerio de Economía, que autoriza y establece los requisitos que se deben cumplir en lo relativo a naves en construcción, que tenían como fin sustituir una nave ya autorizada en el ámbito pesquero y que hubiera sufrido algún siniestro. Ésta, al ser reemplazada, quedaba despojada de su autorización de pesca.