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Aplican Ley de Seguridad del Estado a trabajadores del Transantiago por paralizar el Metro. Incongruencias del Estado

Esta tarde fueron formalizados bajo la Ley de Seguridad del Estado 12 trabajadores del Transantiago de la empresa Express Santiago Uno, actualmente en Huelga legal, por haber paralizado parcialmente la Línea 1 del Metro de Santiago durante esta mañana de viernes 12 de junio en plena “hora punta”. Los trabajadores/as llevan una huelga legal debido a las precarias condiciones laborales con la que subsisten a diario, así “ante la impotencia de ver como nos invisibilizan y el gobierno ayuda a la empresa para romper la huelga tomamos la decisión de movilizarnos y realizar esta acción de protestar en las vías del Metro”, señala a Radio Villa Francia uno de los trabajadores de la empresa actualmente en huelga.

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En la formalización los trabajadores fueron defendidos por abogados/as de la Defensoría Popular. María Rivera, abogada de esta organización relata a este medio lo ocurrido: “Aquí el gobierno, a través de la Intendencia, el Ministerio Público y Metro Santiago S.A. se querellaron por la Ley de Seguridad del Estado, lo que consideramos una desproporción ya que esta es una Ley -de corte dictatorial- que se aplica bajo criterios políticos. Es más, la empresa Express Santiago Uno también quiso querellarse, pero eso no lo aceptamos”. Según señalaron los querellantes en el Juzgado, la acción generó perdidas por 106 millones de pesos debiendo Metro devolver boletos -según argumentaron- y el ministerio público pedía la prisión preventiva para los 12 trabajadores lo que afortunadamente no fue aceptado por el tribunal. Sin embargo los trabajadores quedaron con medidas cautelares, estas son: firma semanal, arraigo nacional y la prohibición de no poder ingresar a ninguna línea del Metro. “El Ministerio Público y la Intendencia plantearon que apelarían la medida y nosotros también las cautelares pues aquí solo debió haber aplicado, en última instancia, el delito de “desordenes  graves” muy distinto a la desproporcionada Ley de Seguridad del Estado”, señala Rivera.

maria rivera - control de detencion transantiago - defensoria popular

En la fotografía, la abogada María Rivera de Defensoría Popular durante formalización.

La incongruencia del Estado: Hechos

Una huelga legal que ha tenido en contra un sin numero de ilegalidades fomentadas por la misma autoridad que dice velar por “el Estado de derecho” y que desde su inicio ha declarado discursos a través de los medios en contra de los y las trabajadores/as que se movilizan. Así ha sido la Huelga legal que desde inicios de esta semana iniciaron trabajadores/as de la empresa -operadora del Transantiago- Express Santiago Uno. Desde el gobierno se ha coordinado, en conjunto con la empresa, “mitigar los efectos de la huelga -romper la huelga- gestionando buses y operadores (chóferes) con otras empresas (Alsacia, Subus, entre otras) para no ver afectado el servicio de uno de los operadores más grande del Transantiago, para ello se ha usado trabajadores sin contrato y otros con contratos de otras empresas que de hecho -su contrato- está establecido con otros servicio y con otros recorridos. Generándose, en la practica, un quiebre a la huelga legal que llevan adelante los trabajadores y trabajadoras de dicha empresa, planteándose además una contradicción discursiva y  paradoja de criterios las que resumiremos en 4 puntos:

Primera: El gobierno ha planteado, hasta la saciedad, que no se involucra en conflictos entre privados , cuestión que la práctica no es tal. Si bien es cierto, se ocupa -en este caso- la “necesidad estratégica” del mantenimiento del transporte “público”, supeditando los derechos laborales a “una necesidad mayor”. Punto no menor porque se acaba de aprobar en la comisión del Trabajo de la cámara de Diputados, un inceso, impuesto por la UDI y el propio Ministerio -a contra corriente de lo que parlamentarios de la Nueva Mayoría pedían- que obliga a los sindicatos, en caso de huelga legal, asegurar ”los servicios mínimos” de la empresa consideradas “estratégicas”.

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Segunda: En la práctica está impedido por ley la negociación por rama para los y las trabajadores/as según nuestro actual código laboral -y en lo que viene pues este punto fue rechazo por el Ministerio del Trabajo y Hacienda en la nueva “reforma laboral”- sin embargo, como demuestra el caso de la huelga de Express Santiago Uno, no impide -y es más se ha fomentado- que otras empresas presten el servicio -de la misma rama productiva- para mantener el servicio y mermar la huelga. O sea, para trabajadores está impedido organizarse y coordinarse por areas productiva pero no lo está para las empresas. Esto incumple tratados adscritos por Chile ante la OIT.

Tercera: El gobierno, a través de la Intendencia Metropolitana, encabezada por Claudio Orrego (DC) invocó la “Ley de Seguridad Interior del Estado”, en contra de 12 trabajadores en Huelga por “paralizar el servicio del Metro”. Los argumentos de Orrego, según señaló a varios medios, es la gravedad del hecho de dejar sin servicios a miles de usuarios. Así señaló a los medios: “es absolutamente condenable que esos trabajadores afecten al resto de la población por lo que nos vamos a querellar contra las 12 personas detenidas por el artículo 6, letrac de la Ley de Seguridad del Estado”.

Cuarta: El Metro de Santiago, en un año y medio, ha tenido más de 15 fallas de servicios, afectando a millones de usuarios. Varias de aquellas generaron graves consecuencias a usuarios. Algunas de las más recordadas fueron debido a fallas mecanicas y electricas. Una de estas fallas eléctricas ocurrió el 14 de noviembre 2014 paralizando líneas completas y dejando a miles de usuarios sin servicio o la del 21 de agosto del 2014 durante la noche dejando a cientos de pasajeros en medio de los túneles, debiendo salir por sus propios esfuerzos y el resto del servicio paralizado. Esto se debió a fallas en el suministro. Metro cambió en abril del 2014 a la empresa que le genera electricidad, así pasó de Chilectra a EnorChile, esta última de propiedad del empresario Carlos Cardoen, reconocido empresario que se le conoce por haber sido un vendedor de armas que ganó fama por ser el inventor de “la bomba de racimo”. EnorChile tiene un contrato por 3 años, que puede ser renovable, con Metro. Contrato que ha generado criticas por su cercanía con el mundo de la concertación y ser un reconocido financista de campañas parlamentarias de esa coalisión. A pesar de las sucesivas fallas, nunca se ha puesto en riesgo su contrato – a pesar de las millonarias perdidas- y solo ha aplicado una multa estandar, según afirman fuentes al interior de Metro. Es más, de las más de 15 fallas grandes que ha habido en el Metro, a pesar de sumarios e investigaciones y las grandes perdidas, nadie ha sido formalizado como responsable de las mismas.

Actualemente Metro se reconoce asi mismo como un servicio critico, esto tras la puesta en marcha del Transantiago (2007) y en el caso del resto del sistema la situación no es distinta. Esto a pesar de la millonaria inversión y subsidio permanente del Estado al sistema mismo que los trabajadores denuncian por precario y en donde el mejoramiento ha estado basado en la precarización laboral planteado por los bajos sueldos y jornadas extenuantes -sin depósitos establecidos, baños y casinos dignos- a lo que se suma la inseguridad de los viajes. Ante esto los trabajadores, como los de Express Santiago Uno, han señalado que el Estado -y sus distintos gobiernos- ha sacrificado a los Trabajadores para mejorar el servicio no así la ganancia de las empresas operadoras, algunas vinculadas actualmente a financiamiento de la política -caso que lleva la Fiscalía de Alta complejidad- cuestión que exigen resolver para evitar estas huelgas y paralizaciones que afectan a los usuarios del cual, los operadores del Transantiago, también lo son.

Trabajadores del Transantiago junto a abogados Defensoría Popular tras formalización

Trabajadores del Transantiago junto a abogados Defensoría Popular tras formalización