Home » Noticias » Chile: Informe del Minsal reconoce que 24.817 personas fallecieron en “lista de espera” durante el año 2016

Chile: Informe del Minsal reconoce que 24.817 personas fallecieron en “lista de espera” durante el año 2016

Según un informe -con fecha 20 de febrero- enviado por la Subsecretaría de Redes Asistenciales al Congreso, un total de 24.817 personas fallecieron durante el año 2016 mientras se encontraban en “lista de espera” para recibir atención en hospitales de la red pública. De esa cifra 22.459 fallecieron esperando una consulta médica y 2.358 murieron esperando una cirugía.

Revisa: La Salud de los Pobres: Usuarios protestan por falta de médicos especialistas en el Hospital San José

El desglose de esta cifra evidencia que 18.423 personas fallecidas tenían 65 o más años de edad representando al 74.4% del registro. De estos, el 52.6% corresponde a hombres. De las cifras entregadas por el informe, 237 personas corresponden a menores de 15 años, quienes fallecieron el “lista de espera” para consulta nueva de especialidad.

Por su parte, la subsecretaria Ana Gisela Alarcón, consultada por El Mercurio, afirmó que “la relación entre la causa de muerte y el motivo de la espera, no es posible establecerla como causalidad de manera directa, por lo que responsabilizar a la gestión de un servicio de salud por el volumen de fallecidos que posee en este ámbito resulta aún menos pertinente”.
Cabe señalar que cada hospital tiene designado personal a cargo del monitoreo de las listas de espera, cuya responsabilidad es contactar, asignar y confirmar telefónicamente a los pacientes para sus citas médicas. Es decir, según señala la Subsecretaría de Redes asistenciales, la auditoría respecto a las cifras y situación respecto a las listas de espera, depende de cada centro asistencial (29 servicios de salud a lo largo del país).

Revisa: Constantes negligencias en Hospital de Curicó: Último caso de lactante fallecido motiva investigación de autoridades

El problema de las listas de espera

Fue en diciembre del año 2011 cuando el  Ministro de Salud de ese entonces, Jaime Mañalich, anunciaba ante los medios el cumplimiento de una meta clave en el sistema de salud; el fin de las listas de espera del sistema AUGE.

En ese entonces, un reportaje de CIPER reveló que la drástica disminución en las listas de espera se debió a un “cambio de un componente importante de la reducción de la lista de espera son casos que salieron sin atención médica porque fueron considerados ‘excepciones’ y, por otra parte, porque había pacientes que habían sido atendidos fuera de plazo pero que aún figuraban en espera”. En estricto, hubo un cambio metodológico el que estuvo acompañado de una estrategia comunicacional de “promesa cumplida”.(ver reportaje)

Sin embargo el problema hasta el día de hoy continúa, y así se evidencia en cuanto al programa AUGE – GES. Principalmente esto se debe, según el informe que ha sido discutido en la “Comisión especial investigadora de los actos del gobierno relacionados con la dictación de los Decretos supremos GES” de la Cámara baja, a que el decreto que da vida a la prestación de servicios de salud (AUGE – GES) señala que los incumplimientos deberán establecerse en base al reclamo de los pacientes que no han sido atendidos, es decir, “de no recibir atención dentro de los plazos perentorios (30 días) establecidos en la ley, la persona debe interponer un reclamo ante la Superintendencia“. El problema principal es que los reclamos son muy pocos y la razón de esto se debe a múltiples factores -entre ellos que la persona ya falleció-. Por ejemplo -y según el informe de la Comisión- en el último informe de la Superintendencia de salud, solo en julio del año 2016 (por Siges), aparecen 11.745 personas con garantías retrasadas o incumplidas. Pero en el caso de Fonasa, en el mismo año 2016, solo 49 personas de estas habían reclamado. (ver informe).

A esto se suma la compleja situación en la falta de especialistas en el sistema de salud pública y al diseño privatizador de la salud de los últimos 30 años, que ha generado incentivos perversos en el área de la salud pública a favor de la salud privada.