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Comisión SENAME II: El informe que concluye que el SENAME es cárcel para niñas y niños pobres

El pasado 12 de Junio la Comisión Sename II a eso de las 15:00 horas voto el informe final, que consta de 125 hojas en las cuales se excluyó a las exministras Javiera Blanco y Marcela Labraña, acción que fue fuertemente criticada por diferentes sectores y es en ese contexto, que varios medios replicarón la noticia en los que se encuentra el Sitio CIPER Chile, el cual elaboró un reportaje detallando la actual situación del SENAME al cual título “Sename: Las terribles cifras que demuestran que nada ha cambiado”

Luego en la votación, se agregó nuevamente al informe a la exministra Javiera Blanco, por negligencia inexcusable. Esto por a las responsabilidades políticas que se le acusan a la exministra, ya que estando en conocimiento de las negligencias e irregularidades del organismo, no actuó oportunamente.

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A nadie resulta indiferente que nos encontramos en pleno periodo de campaña presidencial, en que el foco de las atenciones parece estar en quién es el candidato más apto para “hacer surgir” al país. En medio de este escenario y las sonrientes puestas en escena, abundan las buenas intenciones y las fórmulas para el éxito de Chile. Sin embargo, tras bambalinas hay un drama diario e invisibilizado, que se viene arrastrando por décadas y para el cual no parece haber fórmula para el éxito y donde las buenas intenciones momentáneas, solo son una pantalla, nos referimos al Sename.

A un año y dos meses de la muerte de la pequeña Lissette Villa, que remeció a nuestra sociedad (al menos por unos días), CIPER Chile publicó un artículo titulado “Sename: Las terribles cifras que demuestran que nada ha cambiado”

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En dicho artículo, se da cuenta de una serie de datos alarmantes, por decir lo menos, obtenidos del borrador final del que será el informe de la Comisión Sename II de la Cámara de Diputados y al que tuvo acceso CIPER. Pero antes de entrar al detalle y a las cifras, ¿a qué nos referimos con Comisión Sename 2?, para responder a ello, haremos un ejercicio breve de memoria.

a) Informe Jeldres. El año 2013 se emitió un informe, a cargo de la jueza Mónica Jeldres, el cual fue   ordenado tras un acuerdo entre el Poder Judicial y UNICEF Chile. En dicho documento se dio cuenta de la cruda y desoladora realidad en que viven niños y jóvenes bajo la tutela del Sename. El estudio abarcó diez regiones del país, tuvo un costo de 200 millones de pesos, revisó en la práctica el funcionamiento de diferentes centros (externos y directos) del Sename, de diferentes regímenes (cerrados, semi cerrados, residencias, entre otros), se realizaron fichas, encuestas y entrevistas directas a niños del Sename y arrojó como resultado la cifra de 6.500 niños y jóvenes en alto riesgo en el sistema residencial. El informe se entregó a sus solicitantes y fue, durante un tiempo, por decir algo olvidado.

b) Comisión Sename 1. El Informe Jeldres podría haberse ahogado en las cómodas aguas de nuestra amnesia selectiva, de no ser porque llegó a conocimiento de diversas organizaciones de DD.HH y ligadas a la infancia, con lo cual pudo trascender y generó la creación de la Comisión Sename 1, comisión investigadora de la Cámara de Diputados, la cual sesionó por cerca de un año y de la cual emanó un informe final, que daba cuenta de lo profundidad de la crisis en el Sename, esto es, brutales vulneraciones de derechos (como abusos sexuales, torturas, aislamientos, casi nula atención médica y psicológica en cientos de casos de menores, entre otras), condiciones paupérrimas y un abandono grave por parte del Estado de Chile, que con la ley 20.032 optó por la externalización y privatización del sistema, a manos defundaciones ligadas a la Iglesia y partidos políticos y que actualmente representa a más del 90% de las atenciones del Sename. Tras la aprobación del informe de la Comisión Sename 1, se anunció una acusación constitucional contra el juez de la Corte Suprema Héctor Carreño, sindicado como culpable de guardar y ocultar el Informe Jeldres. Dicha acusación constitucional no prosperó, debido a un acuerdo político entre las bancadas de la Nueva Mayoría y Chile Vamos. ¿Qué quedó, entonces, del informe de dicha Comisión? Alrededor de 200 recomendaciones para llevar a cabo y una oleada de buenas intenciones sin concretar. Y la crisis se agudizó. Llegó el fatídico 11 de abril de 2016, en que Lissette Villa, de tan sólo once años, murió en un hogar de menores a cargo del Sename, el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) Galvarino, en Estación Central. Lissette sufrió una crisis y sus cuidadoras, Connie Fritz y Thiare Oyarce hicieron lo único que sabían hacer en este caso. Y con ello la mataron. Sin entrar en mayores detalles sobre su muerte (respecto de la cual existe un artículo de La Tercera, con una serie de testimonios de aquel aciago día y que maneja Fiscalía) y que el Servicio Médico Legal estableció que se produjo por “asfixia por sofocación producto de compresión mecánica externa”.

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Artículo sobre la cruda realidad de la infancia bajo la tutela del Estado, señaló: Su muerte generó una serie de anuncios, generó la salida del cargo de la Directora Nacional del Sename, Marcela Labraña (DC) y a un mes después del deceso de Lissette una comisión de jueces de familia del Centro de Medidas Cautelares de Santiago, visitó el CREAD Galvarino (y otros 7 centros) y concluyó en su informe lo siguiente: “no se observa que se hayan adoptado, ni por la residencia ni por Sename, medidas ciertas y seguras para evitar un nuevo hecho de estas características“. El informe es aún más lapidario, señalando que los funcionarios “desconocen la cantidad de niños y niñas a su cuidado” y que “llama la atención que se reintegre personal acusado de maltrato“, que estaría además repitiendo ese patrón de conductas, “sin cumplir, por lo tanto, con la protección y bienestar que están llamados a cumplir a cabalidad“. Nuevamente nada, sin embargo, en medio de acusaciones y tensiones políticas, se crea nuevamente una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados, la Comisión “Sename II”.

c) Comisión Sename 2: Podríamos pensar que, luego de todos los informes y el caso de Lissette, su creación era algo lógico y que caía de maduro. Sin embargo, no se formó sin problemas. ¿La razón? Blindaje político. En un reportaje sobre las redes políticas al interior del Sename, el diputado René Saffirio (ex DC) –uno de los impulsores de la Comisión Investigadora Sename 2–, revela una historia que podría graficar aspectos importantes de la forma en que ha operado el sistema de protección de los niños vulnerables en Chile: “Cuando solicité las firmas que se necesitaban para la creación de esta nueva comisión investigadora, la mayoría de los diputados de mi partido se negaron”. ¿Quiere saber la razón? dice indignado y acto seguido explica: “Consideraban que era negar la posibilidad de unapróxima candidatura parlamentaria de la ex directora del organismo, Marcela Labraña (DC). ¡Mayoritariamente mi bancada puso el interés de una militante por sobre la preocupación de los niños y niñas del Sename! Esa nunca puede ser la forma en que un partido aborde una política pública”. Ahora bien, luego de meses de trabajo de la Comisión Sename 2, el pasado miércoles 21 de junio, fue aprobado su informe por la Cámara de Diputados, en el cual se da cuenta de la respuesta del Estado a las recomendaciones hechas por la Comisión Sename 1 en 2014. El reportaje de CIPER Chile indica que las conclusiones a que llegaron los parlamentarios son poco alentadoras, en al menos dos puntos que se consideran claves para evitar casos como el de Lissette Villa y para asegurar el bienestar de nuestros niños y jóvenes. En primer lugar, se refiere a una disminución del 399% en el presupuesto que el Sename ha destinado a capacitación y formación de sus funcionarios. Si bien, señala dicho medio, el borrador no lo explicita, fuentes de la Cámara indicaron a CIPER que esta sensible baja se produjo en los últimos cuatro años (2014-2017). Otro dato ensombrece aún más el panorama: según la información entregada por el Sename a la comisión, hay 338 proyectos privados financiados por el Estado para el cuidado e intervención de los menores, cuyas cuentas no han sido revisadas por la administración central en los últimos tres años. Otros 224 programas han sido auditados solo una vez en el mismo lapso y 189, dos veces. Para poder cuantificar el volumen de los dineros que se deben fiscalizar, el Sename destinó en su presupuesto de 2017 $146 mil millones para 1.204 programas de atención a menores prestada por privados. Para esta tarea, a junio del año pasado solo había 102 supervisores técnicos y 74 supervisores financieros. El foco del debate público sobre las conclusiones de esta segunda comisión ha estado puesto sobre las responsabilidades políticas que le cabrían a la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco; a los ex directores del servicio, Marcela Labraña y Hugo Herrera; y a la actual jefa del Sename, Solange Huerta. Y si bien es importante establecer las responsabilidades políticas, funcionarios y colaboradores de la institución indicaron a CIPER que el verdadero problema no está ahí, sino en cómo el Sename fija sus prioridades para el destino de sus dineros. En ese sentido, la rebaja que han experimentado los fondos para capacitación y la falta de fiscalización, son reveladoras de las fallas en la administración de su presupuesto. ”En su reportaje, CIPER cita a la jueza Mónica Jeldres, quien estuvo a cargo del primer informe que hemos mencionado y que declaró:

–Es sabido y así ha sido advertido por la Contraloría al Ministerio de Justicia y Sename de una serie de falencias institucionales, de infraestructura, de supervisión, administración financiera, entre otras, sin que haya existido una respuesta inmediata para dar solución ni establecer responsables. Si todo lo anterior no fuera suficiente, continúan las denuncias por violaciones, maltratos, abusos, explotación sexual. Tan solo en octubre de 2016 se entregó la cifra de 1.313 niños fallecidos, 210 de ellos en el sistema de residencias y otros 406 en programas ambulatorios.

En resumen, podemos concluir que más allá de las buenas y pasajeras intenciones que brotan con cada nuevo y horrendo caso de muerte o vulneración de derechos de nuestros niños, en la realidad los hechos son claros. No ha existido una verdadera voluntad, política ni al parecer social, para poner fin a la profunda crisis que vive el Sename. Si nuestros niños son vistos como Stock (en palabras de Javiera Blanco), si el sistema propende a una privatización sin fiscalización ni capacitación de sus funcionarios, quienes además han manifestado reiteradamente su precariedad laboral, esto es, malas remuneraciones y turnos irracionales; si seguimos mirando para el lado, porque estos niños no son nuestros hijos, sobrinos o nietos; si seguimos obviando casos como el de Lissette; si ya no nos sorprenden el abandono, los abusos sexuales ni niñas embarazadas por sus propios cuidadores. Si seguimos como sociedad permitiendo esto, ¿con qué cara podemos espantarnos al conocer de 1.313 muertes, cifra que, de seguir todo como está, es muy probable que siga subiendo?

Recordar que el número de víctimas de la dictadura de Pinochet supera las 40.000 personas, de ellas 3.065 están muertas o desaparecidas entre septiembre de 1973 y marzo de 1990, “el Sename ha creado 200 mil niñas y niños desplazados, sin estar en guerra” señalo el diputado Saffirio, con mas de 1400 niños muertos.