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Contraloría invalidó 11 millonarias pensiones de Gendarmería incluida la de Myriam Olate ex esposa del Diputado Andrade

Durante la jornada de este martes, se conoció finalmente el fallo de la Contraloía respecto a la legalidad de las millonarias pensiones de funcionarios de Gendarmería de Chile que generaron una crisis en dicha institución y que gatilló también un cuestionamiento profundo al sistema de Pensiones en Chile.

Entre las millonarias pensiones, algunas de las cuales superaban los 5 millones de pesos -y por tal las 60 UF establecidas como limite- estaban la de la militante socialista Myriam Olate, ex esposa del actual presidente de la Cámara de Diputados Osvaldo Andrade (PS).

Fue el propio Andrade, quien en medio de los cuestionamientos, salió a defender la legalidad de la pensión que se le había otorgado a su esposa señalando a los medios que “como ella cumplía los requisitos, se acogió a retiro, se jubiló y está con la pensión que, entiendo, le corresponde en conformidad a las normas legales”, sentenció en aquella oportunidad.

Sin embargo, dicha legalidad fue rechazada por la Contraloría en oficio publicado esta tarde.

De esta manera, y a través del sitio web de la Contraloría de la República, se señala que el Contralor General, Jorge Bermúdez, mediante oficio N° 58.769, de 9 de agosto de 2016, ordenó a DIPRECA iniciar el trámite de invalidación de las pensiones de 11 funcionarios de Gendarmería que fueron obtenidas sobre la base de asignaciones improcedentes o sin cumplir todos los requisitos que la ley exige para su otorgamiento.

Se trata de los funcionarios/as:

1.- Ema Myriam Olate Beríos

2.- Oscar Ernesto Garcés Cid

3.- Edita Ana Cortés Cortés

4.- Víctor Alfonso Pereira Acevedo

5.- Juan Carlos Estay Vergara

6.- Nelson Robinson Villarroel Román

7.- Gladys Eliana Ramírez Pezoa

8.- Jenny del Carmen Soto Cruz

9.- Hernán Eduardo Molina Torres

10.- Ingrid Carolina Fuscher Oportus

11.- Hernán Alberto Ayala Rivera.

En el mismo comunicado en la página de la Contraloría se señala que “esta medida es el resultado de la primera etapa de revisión de las asignaciones que sirvieron de base a las pensiones cursadas por sobre el tope de imponibilidad de 60 UF establecido por la ley“.

El 20 de abril de este año el Contralor General ya había ordenado paralizar la aprobación de pensiones superiores a dicho límite de 60 UF y, a continuación, ordenó revisar en detalle la legalidad de todos los componentes de las pensiones que se hubieren aprobado erróneamente con anterioridad a esa fecha.

Revisa el oficio que invalida las 11 pensiones emanado por la Contraloría: