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Corte Suprema cuestiona duramente agenda corta anti delincuencia del gobierno calificándola de anti democrática

El 15 de septiembre la Corte Suprema emitió un oficio -generado en sesión del 11 de septiembre- que cuestiona duramente la naturaleza del “proyecto de ley que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal para estos delitos”, puesto que con este proyecto se estaría vulnerando expresamente el principio de inocencia y el derecho a un juicio previo y que además, dicho proyecto, se fundamenta en datos entregados que pueden ser refutados por las mismas bases estadísticas que se citan.

Este proyecto de ley pertenece a “la agenda corta contra la delincuencia del gobierno” -que se tramita con carácter de urgente en el congreso-, que en el pasado mes de julio fue aprobada ya en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y despachada a las comisiones de Constitución y Hacienda. Desde la cámara de diputados fue aprobado el proyecto en general el pasado 9 de septiembre y despachado ahora al Senado. También fue enviada el 8 de septiembre a la Corte Suprema, por lo cual recién este 15 de septiembre la Corte Suprema envió el oficio con los cuestionamientos mencionados.

Penas desproporcionadas

En el oficio -enviado al Presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, el señor Leonardo Soto Ferrada- en el motivo “SEGUNDO” se cuestiona el fundamento sobre la que se genera dicho proyecto, el que obedecería “al aumento de ‘actividad criminal’ y de la sensación de inseguridad que afecta a la ciudadanía”, indicándose que “según el proyecto, las cifras entregadas por encuestas de victimización y estadísticas policiales darían cuenta que ‘los delitos de mayor ocurrencia son los delitos contra la propiedad (…) razón por la cual habría que propender a su represión prioritaria‘. Tal ‘categoría de delitos (indica el proyecto) debe ser intervenida con medidas que procuren impedir la ejecución de nuevos ilícitos mediante la captura, aplicación efectiva de las penas y la consiguiente permanencia de quienes los cometen, sujetos a penas privativas de libertad‘, ante lo cual los jueces ponen en cuestionamiento la creación del artículo 449 en que habría sanciones desproporcionadas a delitos contra la propiedad, en que se establece una restricción a los jueces respecto a la determinación de las penas, donde ya no habrá atenuantes, sino solo agravantes. Indicándose que:

agravante propiedad

En este sentido, se pone por ejemplo que quien haya hurtado un celular puede tener mayor pena que alguien que acceda a servicios sexuales de una persona menor de 18 años y mayor de 14. Esto quiere decir que con el nuevo proyecto antidelincuencia los delitos contra la propiedad privada serían más graves que los delitos contra las personas.

Además indican que esta propuesta no se sostiene sobre los datos efectivos, pues “según muestran tanto las estadísticas internas del Poder Judicial, como el último informe dado por el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, la mayor causa de privación de libertad en Chile es la condena por delitos contra la propiedad. Así, 58,5% de las personas consideradas en dicho estudio, fueron condenadas por delitos contra la propiedad”. Esta reforma podría causar mayor encarcelación por este tipo de delitos sin violencia, en perjuicio de las penas sobre robos de carácter más violento.

Vulneración al principio de inocencia en un Estado de Derecho

En el motivo “CUARTO” se indica: “problemática resulta la reforma al artículo 127 del Código Procesal Penal, relativa a la detención judicial”, en el que:

– Se establece la facultad a la policía de registrar vestimentas en una detención judicial.

– Autoriza al juez decretar una detención con el solo hecho de que el Ministerio Público considere que una persona cometió un delito que tenga pena de crimen según la ley, es decir: “autoriza una medida cautelar, sin ninguna consideración a algún peligro real y calificado de alguna clase, sino sólo sobre la base de la gravedad de una determinada imputación. Esta cuestión contraría toda la lógica de la concesión de las medidas cautelares y constituye un retroceso mayúsculo desde la perspectiva del principio de inocencia: nadie debería poder ser detenido sin antecedentes especiales y, exclusivamente, sobre la base de una denuncia o imputación”.

Estas son medidas extraordinarias, la probabilidad de autoría o participación de un imputado es un ANTECEDENTE, pero en ninguna medida suficiente para decretar la detención. “En este sentido, la reforma al artículo 127 implicaría una vulneración abierta al principio de inocencia y al derecho a un juicio previo”.

Cifras erradas sobre las que se justifica el proyecto

En el oficio se expresa que la justificación del proyecto está fundada sobre datos que pueden ser refutados por las mismas fuentes estadísticas que citan: en el proyecto se indica que “de acuerdo a estadísticas policiales, en el período comprendido entre los meses de enero a noviembre del año 2013, y durante el mismo período del año 2014, los delitos de mayor connotación social a nivel nacional presentaron un aumento del 2,59% y dentro de esa cifra, presentaron un alza importante los delitos de robo por sorpresa (18,1%) y robo con intimidación (16,7%)”. Mientras que si se analiza los datos entregados por Carabineros de Chile dicen que entre enero y julio del 2012 y enero y julio del 2015 hay un aumento de denuncias por robos con intimidación de un 6,1% y un descenso en los robos por sorpresa de un 3,3%, lo que en el escenario global hay un descenso general en los delitos contra la propiedad.”

Presentamos el siguiente cuadro comparativo de primeros trimestres 2013-2014-2015 de la Subsecretaría de Prevención del Delito:

denuncias y det flagrancia 2013 2015

De todas formas, lo que afirma la Corte Suprema es que los delitos han disminuido desde el 2012 a la fecha, y en los datos que se ocupan para justificar el proyecto de la agenda corta antidelincuencia se presenta un aumento de delitos entre los años 2013 y 2014, sin embargo, hay que evidenciar que entre los años 2012 y 2013 hubo una excepcional baja en los Delitos de Mayor Connotación Social, lo que podría explicar el aumento de estos durante el siguiente periodo de tiempo (2013-2014), para sostenerse la baja hasta el 2015.

Revisa: El mito de la puerta giratoria o la percepción de la delincuencia v/s la realidad. La Dictadura de Paz Ciudadana

De un Estado Democrático de Derecho hacia un Estado policial

En el numeral 6 de las consideraciones para la elaboración del oficio se destaca que parte de las medidas propuestas “dan cuenta de criterios marcadamente policiales” y que limitan las facultades de los tribunales. Esto genera mayor desconfianza hacia el sistema, que según lo indicado en el texto no se justifica en los datos y por lo tanto no garantiza mayor eficacia policial si no solo un desmedro en los derechos de libertad y seguridad de las personas. En este sentido, son minoría los casos en que no se decrete prisión preventiva (86,8% de los casos en 2014) cuando se solicita y minoría las detenciones consideradas ilegales por los tribunales, lo cual descarta el excesivo garantismo que se le atribuye mediáticamente a los tribunales de Justicia. Ampliar estas facultades  a las policías – indican los jueces de la Corte Suprema- generaría un descenso en los estándares policiales para realizar estos procedimientos.

Revisa: #ConManzanitas: Sistema penal chileno y el mito de la “puerta giratoria”

Respecto a lo mismo, también se refieren a las modificaciones al artículo 85 en que se amplía las facultades de carabineros para realizar control de identidad, ampliando el rango de los indicios que autoricen dicho control. Con el proyecto se agregaría a dicho artículo que “cuando los funcionarios policiales tengan algún antecedente que les permita inferir que una determinada persona tiene alguna orden de detención pendiente”, situación que cuestionan los ministros sea aceptable dentro de un estado democrático de Derecho, en tanto que una orden de detención es suficiente para la detención misma.

Revisa el artículo: “Comisión de Constitución aprobó el control preventivo de identidad ¿En qué consiste, qué cambiará? Aquí lo explicamos”

Oficio enviado por la Corte Suprema:

Oficio de la Corte Suprema by radiovillafrancia107