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Corte Suprema ratifica libertad condicional para Alejandro Sáez Mardones, condenado a perpetua por el Caso Degollados

El martes 12 de agosto, la tercera sala de la Corte Suprema ratificó la libertad condicional que había concedido la Corte de Apelaciones al ex jefe de la DICOMCAR, Alejandro Sáez Mardones, quien estaba condenado a cadena perpetua por el secuestro y por ser el autor material del degollamiento de los opositores de la dictadura José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, hecho ocurrido entre la madrugada del 29 y el 30 de marzo de 1985. El exuniformado había sido condenado, en 1995, a la pena de muerte, pero las familias de las víctimas solicitaron cambiar la condena por presidio sin excarcelación.

Alejandro Sáez en reconstitución de escena

Alejandro Sáez en reconstitución de escena

La Corte Suprema, por mayoría, confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que en julio de este año otorgó la libertad condicional al ex jefe de la DICOMCAR (Dirección de Comunicaciones de Carabineros), Sáez Mardones. El único voto en contra fue el de la ministra Rosa Egnem, quien indica que “fue de parecer de revocar a su respecto la sentencia apelada en atención a los antecedentes de que da cuenta el informe psicológico, particularmente la permanencia en la justificación de sus acciones delictivas, y ausencia en la conciencia del daño causado“, según indica el documento del máximo tribunal.

La Corte de Apelaciones había indicado en dicha oportunidad que el ex-carabinero cumplía con los requisitos de “irreprochable conducta anterior”, por lo que descartó y declaró como ilegal el rechazo al beneficio carcelario que había ejecutado la Comisión de Libertad Condicional. Camilo Parada, hijo de José Manuel Parada, se refería respecto a ese fallo: “lo primero que me invadió fue una consternación al comprobar con dolor la verdad, que Gendarmería y la Corte de este país están equiparando de facto delitos comunes con delitos de lesa humanidad”, en un artículo del diario de la Universidad de Chile. Por su parte, Javiera Parada, hija de José Manuel Parada, expresó en otro medio: “El reglamento que hoy regula los beneficios penitenciarios exige ciertas condiciones, una de ellas es el tema del arrepentimiento, hay informes sicológicos que dicen que estas personas no han mostrado arrepentimiento, la gravedad que revierten estos crímenes que son contra la sociedad chilena en su conjunto, debe ser estudiando por las cortes con mayor antención“.

Ya en febrero de este mismo año, la corte de apelaciones había acogido el recurso de protección presentado por el condenado en contra de la decisión del alcaide de Punta Peuco que había revocado en octubre de 2014 su beneficio de salida dominical, de la cual había gozado desde enero de 2013. Los ministros Juan Manuel Muñoz y Dobra Lusic argumentaron que había sido una “decisión arbitraria, que importa una discriminación respecto del recurrente”.

Familiares del denominado "Caso Degollados" con la Ministra de Justicia

Familiares del denominado “Caso Degollados” con la Ministra de Justicia

Los familiares de Nattino, Parada y Guerrero emitieron en conjunto una declaración pública, en la cual se indica:

“Sabemos que en nuestra institucionalidad judicial la Corte Suprema tiene la última palabra. Por eso es que nos sentimos perjudicados por el Estado, y repudiamos la impunidad, no solamente en este caso, sino cada vez que se dan señales equívocas en materia de justicia con las violaciones graves a los derechos humanos. Los crímenes perpetrados contra nuestros familiares bajo la dictadura cívico-militar fueron perpetrados desde el Estado contra la sociedad chilena en su conjunto, y hoy el Estado de Chile nos vuelve a injuriar.

Por ello, nos reservamos la facultad de buscar la justicia en este caso, y en otros, en las instancias internacionales ante las cuales el Estado de Chile ha adquirido los compromisos de investigar, sancionar y ofrecer garantías de no repetición de estas graves violaciones a los derechos humanos, porque tenemos la convicción de que en este caso –y en tantos otros– ello no se ha respetado. En numerosas ocasiones se ha abordado el juicio y castigo de las violaciones a los derechos humanos en Chile como si fuesen delitos comunes, lo que las trivializa y resulta en la aplicación imperfecta de respuestas e instrumentos pensados para delitos de lesa humanidad”.

Revisa la Declaración completa de las familias de Parada, Nattino y Guerrero