Home » Noticias » Decretan prisión preventiva contra el desaforado Senador Jaime Orpis pero seguirá recibiendo su dieta parlamentaria

Decretan prisión preventiva contra el desaforado Senador Jaime Orpis pero seguirá recibiendo su dieta parlamentaria

Este jueves, la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el desaforado senador Jaime Orpis Bouchon (ex UDI), imputado en el caso denominado Corpesca, como autor de los delitos de fraude al fisco, cohecho y delitos tributarios. De este modo, Orpis ingresó esta tarde al anexo penitenciario Capitán Yáber.

Revisa: Desafuero de Jaime Orpis expone la ilegitimidad de la Ley de Pesca (o “Ley Longueira”)

Esto luego de que la Corte acogiera un recurso interpuesto por la fiscalía, que buscaba lograr una cautelar más gravosa que la decretada el pasado 6 de junio -por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago- que decretó solo el arraigo nacional y el arresto domiciliario total.

La Fiscalía acusa a Jaime Orpis de recibir $233 millones de Corpesca entre 2009 y 2013, infringiendo los deberes propios de su cargo para beneficiar a la empresa (Corpesca, del Grupo Angelini). Dicho monto habrían sido dividido en pagos mensuales y constantes de más de $4 millones.

A esto, el Ministerio Público asegura que el senador facilitó 77 boletas ideológicamente falsas a Corpesca, permitiéndole a la empresa rebajar impuestos y defraudar al fisco por un monto cercano a los $153 millones, los que -según confirmó la defensa- Orpis ya restituyó al Congreso.

Así, y en fallo unánime (causa rol 1908-2016), la Novena Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Jorge Zepeda, Jessica González y Romy Rutherford– acogió los recursos de apelación presentados por el Ministerio Público y los querellantes en la causa, y revocó la decisión del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago que había decretado el arresto domiciliario total del imputado. En el fallo se señala:
El Tribunal llega a la conclusión de que la libertad del imputado Jaime Antonio Orpis Bouchon constituye un peligro para la seguridad de la sociedad”.

Para este análisis este tribunal tiene presente el número de delitos por los cuales ha sido formalizado, la naturaleza de los mismos y la sanción penal probable de conformidad a las circunstancias modificatorias, que en este estadio procesal podrían beneficiarle y/o perjudicarle”, sostiene el fallo en alzada.

Agregando:

“Unido a lo anterior, es dable precisar que la “gravedad” como criterio rector del artículo 140 letra c) del Código Procesal Penal, no sólo está determinada por la entidad de la pena, sino también por la forma de comisión de los ilícitos atribuidos al imputado y, especialmente en este caso, por los bienes jurídicos protegidos que se han visto quebrantados por la conducta ilícita que se imputa a un Senador de la República”.
“Que lo expuesto –continúa– en los motivos precedentes configuran los antecedentes calificados que exige el legislador en el artículo 140 del Código Procesal Penal, razón por la cual se estima que la medida cautelar solicitada por los apelantes resulta, en este caso, proporcional y necesaria para asegurar los fines del procedimiento y justifican, entonces, imponer al encartado la medida más severa del ordenamiento jurídico nacional, esto es, prisión preventiva“.

Revisa el Fallo

Por su parte, los Diputados Juan Antonio Coloma y Felipe Ward (de la Bancada UDI) señalaron que la prisión preventiva de Orpis era una medida “dura, desproporcionada e injusta“, a ello agregaron que “existía un sesgo y ensañamiento en contra de la oposición”.

Orpis mantendrá durante su prisión preventiva su dieta parlamentaria 

Si bien la prisión preventiva es la medida cautelar mas gravosa -mientras dure la investigación- y que Orpis se encuentra en calidad de “Desaforado”, según establece la legislación chilena y el régimen interno del Congreso, el ex militante de la UDI seguirá recibiendo su dieta parlamentaria, la que asciende a $ 9.121.806 de pesos y tiene derecho a mantener sus sedes parlamentarias y asesores parlamentarios contratados.