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Diputados aprueban “reforma” al Código de Aguas que establece como para “uso público” el 10% que no está privatizada

Durante esta tarde, en una “accidentada” votación, se aprobó en general (boletín 7543) la idea de legislar el proyecto -con suma urgencia- que “reforma” al Código de Aguas, con el voto en contra -en bloque- de la bancada UDI, vinculados a la posesión de la tierra y la gran industria. De este modo el proyecto pasa ahora a su segundo trámite legislativo en el Senado. Así, tras casi 5 años, se avanzó en el proyecto que aún le queda discusión en el Congreso.

Se trata de una tibia reforma -o “reformita” como le han llamado desde organizaciones sociales y ONG- que presentó con suma urgencia el gobierno tras el anuncio hecho el 21 de mayo del 2014 por parte de la presidenta Michelle Bachelet, quien anunciaba una modificación al Código de Aguas que se ha mantenido casi sin cambios desde 1981. Dicha “reforma” establece que los derechos de agua que se pidan a futuro dejarán de ser perpetuos y pasarían a ser concesionados con un máximo 30 años, y que agrega además motivos de extinción y caducidad de estos, si no se utilizan. Puesto que ello ha permitido la especulación por el valor a futuro de aquellos derechos.

Sin embargo, esto no sería retroactivo, por lo que quienes ya poseen derechos -en su mayoría empresas- sobre caudales, los seguirán teniendo a perpetuidad, lo que corresponde al 90% de los derechos de agua actualmente vigentes en el país, por lo que tan solo el 10% de estos serían regidos por la nueva Ley, si esta se aprobara sin mayores cambios finalmente.

De telón de fondo, lo que se está discutiendo es si el agua es un bien nacional de uso público o un bien de mercado. Chile es el único país del mundo donde el agua es considerado como de derecho privado, el cual puede traspasarse, venderse, comprarse, arrendarse y especularse sobre él. Esto fue posible a partir del Código de Aguas de 1981, en plena Dictadura, el cual se trató de modificar en 2005 para restituir el derecho al agua, pero que terminó siendo lo mismo, salvo una nimia multa a quienes no aprovechen esos derechos por 5 años.

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Votacion en sala de la Camara de Diputados

El código de aguas ha beneficiado por más de 30 años a los dueños de la tierra, asociados a la industria agrícola de monocultivos, y a la industria minera, y en las últimas décadas, a la industria hidroeléctrica. Esto, en desmedro del consumo humano y la sobrevivencia de los territorios y sus comunidades, poniendo en peligro a estas ante un posible desplazamiento forzoso, ante la ya presente escasez de agua.

Algunos de los argumentos de los agricultores para oponerse a la “reforma”, y conservar los derechos privados de agua (otorgados por el Estado y a perpetuidad), es que esta sería “expropiatoria” y que no se considera su labor como generadores de empleo y su aporte para el crecimiento del país. Cabe mencionar que en gran medida, estos mismos gremios reciben aportes del Estado a través del Sence, como premio por “generar empleo”, los cuales muchas veces son sumamente precarios y rayando en condiciones de esclavitud.

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Organizaciones defensoras de las comunidades y los territorios señalan que la “reforma” es insuficiente, ya que las grandes empresas agrícolas, mineras e hidroeléctricas que ya poseen derechos continuarán haciendo uso indiscriminado de estos y continuarán desencando la tierra.

Y es que actualmente, como señala el periodista Patricio Segura, existen 110 cuencas sobre otorgadas y 41 comunas en Chile donde el Estado debe suministrar agua mediante camiones aljibe debido a la escasez del recurso o porque se ha priorizado la lógica económica por sobre el bien (como derecho humano) de consumo. Los secos ríos Loa y Copiapó son el mejor y más dramático ejemplo de los problemas de gestión de este fundamental recurso, donde el que tiene más dinero tiene derecho a su control.  Y claro, difícil que una comunidad carenciada de cientos de pobladores pueda competir con las utilidades que genera una empresa minera, una hidroeléctrica o una lucrativa plantación de paltas.

A su vez, el vocero de Modatima, que han sostenido una larga lucha por el recurso hídrico para las comunidades, en entrevista con El Ciudadano, señaló que si bien se puede reconocer inicialmente como un avance la prelación de usos del agua en situaciones de escasez, es decir, cuando se hace primar el consumo humano y el saneamiento, así como la preservación ecosistémica y las actividades de subsistencia, esto “tiene poca validez”. El dirigente sostiene que hay un contexto en donde la infraestructura y la tecnología -que son finalmente sistemas de acumulación de agua, de pozos profundos y de tranques y, por ende, de capacidad de acopiar aguas en el país- están concentradas fundamentalmente en las grandes empresas”.

Modatima y su campaña “Secos”: