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Dirigente camionero condenado a 20 años por violaciones a DDHH en dictadura, queda en libertad bajo fianza.

 El  31 de marzo la ministra en visita Marianela Cifuentes, de la Corte de Apelaciones de San Miguel, condenó a 20 años de presidio a Francisco Luzoro Montenegro en calidad de autor del homicidio calificado de Carlos Chávez Reyes, Raúl del Carmen Lazo Quinteros, Orlando Enrique Pereira Cancino y Pedro Luis Ramírez Torres, y del delito de homicidio frustrado en el caso de Alejandro del Carmen Bustos González. El viernes 17 de noviembre, en un fallo dividido de la Segunda Sala de la Corte Suprema confirmó la condena contra Luzoro.

El día de ayer martes 21 de noviembre la segunda sala de la corte de San Miguel concedió la libertad provisional bajo fianza en favor de  Francisco Luzoro Montenegro, ya que por dos de los tres Ministros –Diego Simpertigue Limare y María Díaz Zamora- no consideran antecedentes algunos que permitan deducir un peligro de fuga o un peligro para la seguridad de la sociedad, manteniendo para el procesado la obligación de firma en dependencias del tribunal.

Francisco Luzoro ha sido procesado por su participación en los secuestros y homicidios de un total de 26 personas de Paine y sus alrededores, cometidos entre el 16 de Septiembre y el 16 de octubre de 1973, Luzoro prestaba un vehiculo Peugeot rojo para que carabineros realizaran  detenciones de la lista de personas adherentes al gobierno de salvador Allende que él les entregó, participó personalmente en los asesinatos, Alejandro Bustos, víctima de Luzoro, que sobrevivió a un fusilamiento, simulando estar muerto, se convirtió en testigo principal en contra de Juan Francisco Luzoro Montenegro reconociendolo como uno de los fusileros de Paine.

Memorial Paine manifiesta su preocupación y rechazo a la resolución de la Corte de San Miguel tras la apelación presentada por el abogado del procesado Juan Francisco Luzoro Montenegro, en su sitio web la agrupación dice:

 Repudiamos el actuar de algunos jueces que –aún a más de 27 de años desde el retorno a la democracia- resuelven en forma abierta en favor de la impunidad, concediendo beneficios a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto por la dictadura, incumpliendo con su deber como representantes del Poder Judicial de Chile, ante el derecho internacional de derechos humanos, y principios fundamentales de la Justicia Transicional como el derecho a la justicia y el derecho a la verdad, con particular atención a las comunidades de víctimas de estos crímenes.

Estas resoluciones ponen en evidencia, una vez más, que el Estado se constituye en cómplice, al no imponer sanciones efectivas y oportunas, beneficiándolos con medidas alternativas a las penas privativas de libertad. Así mismo se ha evidenciado en recientes casos, donde condenados por violaciones a los derechos humanos se han fugado por no estar bajo prisión preventiva, o por la falta de celeridad en las medidas de detención y cumplimiento efectivo de condena. 

 Hacemos un llamado al Poder Judicial y al Estado, a cumplir con su deber de actuar con máxima urgencia y celeridad en la detención y sanción efectiva a Francisco Luzoro, primer condenado civil en Chile por participar activamente en crímenes de lesa humanidad, ratificado en un fallo histórico de la Corte Suprema de Chile, que hoy, en la práctica, se ve menospreciado por la propia Corte de San Miguel, que tiene la obligación de considerar estos antecedentes.

Así mismo, llamamos a las autoridades del Gobierno y del Estado, a tomar medidas administrativas, legislativas y judiciales, que permitan dar una respuesta satisfactoria a las y los familiares de las víctimas, y a la sociedad en su conjunto, investigando, sancionando y aplicando medidas resarcitorias proporcionales a la gravedad de estos crímenes, teniendo siempre como principio, el garantizar el derecho a la Verdad y la Justicia.