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Doctrina de la Impunidad: El SII pone fin a querellas por financiamiento ilegal a la política y aplicará solo multas

Finalmente el Servicio de Impuestos Internos (SII) resolvió dar fin a las querellas por delitos tributarios y presentación de acciones penales, y optó finalmente por la vía pecunaria, es decir; aplicar sanciones y multas con el fin de restituir los perjuicios fiscales provocados por empresas investigadas en casos financiamiento ilegal de la política y de paso, evitar la acción penal que comprende a delitos graves.

La decisión, que ya venía discutiéndose y generando polémica en el último tiempo, encontró la respuesta y critica de dos de los Fiscales de los casos más emblemáticos de los últimos hechos de corrupción en la política; El Fiscal Carlos Gajardo y el Fiscal Pablo Norambuena. Y es que el Ministerio Público ha tenido una pública critica contra el SII debido a la serie de antecedentes que ha entregado para iniciar acciones penales y que han sido desatendidas por el organismo fiscalizador, no presentando las querellas a pesar de los antecedentes presentado e insistencia por parte de los Fiscales. Y es que el vigente artículo 162 del Código Tributario otorga al SII la facultad exclusiva de perseguir penalmente los delitos impositivos.

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Con esta decisión se da fin a un largo ciclo que puso en graves apuros a las grandes empresas y a una transversalidad de partidos políticos y se impone, a juicio de muchos, la doctrina de la impunidad que estuvo en discusión estos últimos dos años en lo que se denominó “la doctrina Escobar”, en alusión a un ex Director del SII que había manifestado su posición sobre el rol recaudador del SII más que de persecutor, una tesis que daba tranquilidad en el mundo político que estaba en la mira por el financiamiento ilegal de campañas políticas.

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Las criticas apuntan hoy directamente al actual director del SII, Fernando Barraza, pero también, y particularmente, al actual subdirector jurídico del SII, Bernardo Lara. Y es que la Subdirección jurídica del SII es la que tiene la potestad de querellarse o no, lo que generó tensión con el Ministerio Público y un respiro a varios políticos y empresas al no generarse querellas o hacerlas a destiempo y acotadas.

Bernardo Lara reemplazó en agosto del 2015 a Cristian Vargas, este último salió denunciando presiones al SII por parte de sectores político para que no se realizaran querellas. Y es que el retorno de Lara al SII causó ruido y ciertas criticas, esto pues si bien tenía clara experiencia en la materia -tuvo a su cargo esa dirección entre los años 1994 hasta el 2006. luego – tras su salida del SII, Lara pasó a trabajar en el área privada y estuvo a su cargo el área jurídica de la “Fundación Dialoga“,  misma que creara Michelle Bachelet al termino de su primer mandato.  Es por ello que la designación de Lara no estuvo exenta de criticas, debido a que varios de los investigados e imputados en la arista SQM, pertenecieron al circulo cercano de la propia mandataria e incluso, mantuvieron relación con el propio Lara.

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Según consigna Reportajes de La Tercera, entre las empresas que han recibido las actas de denuncia y que deben decidir si pagaran multas o presentan sus descargos en los Tribunales Tributarios Aduaneros estrían; BCI, Eccsa (Ripley), Empresas Copec, Inversiones Siemel, Abastible, Watt’s, Forestal Arauco, Celulosa Arauco, CorpBanca, Inversiones Caburga e Inversiones Newport, entre otras.

La arremetida ante los Tribunales Tributarios Aduaneros abarca sólo los últimos cuatro años tributarios, ya que ese es el plazo en que prescribe la acción pecuniaria. Es decir, sólo fueron incluidos pagos rectificados a contar de 2012 y se dejó fuera a empresas vinculadas a financiamiento de campañas anteriores a esa fecha.

De este modo, tanto las empresas y personas que estén involucradas en financiamiento ilegal de la política, y que estén en los años que ha determinado el SII, podrán -si es que ya no lo han hecho- rectificar y pagar las multas correspondientes y de ese modo evitar la querella por delitos tributarios de parte del organismo. Aquello deja sin posibilidad a los Fiscales para iniciar un proceso penal público por delitos tributarios y perseguir responsabilidades y el castigo -en el mejor de los casos para el Ministerio Público- de penas efectivas y ejemplificadoras. Es por ello que ha juicio de Fiscales y periodistas; Ganó la doctrina de la impunidad.

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