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Gobierno cede a presiones del empresariado y repone carácter de indefinido de “derechos de agua” en su proyecto

Fue el pasado 22 de noviembre cuando el Proyecto del gobierno que pretende “reformar” el Código de Aguas fue aprobado en la Cámara de Diputados y despachado al Senado, donde se encuentra actualmente. El Proyecto establece que los derechos de agua que se pidan a futuro dejarán de ser perpetuos y pasarían a ser concesionados con un máximo 30 años, y que agrega además motivos de extinción y caducidad de estos, si no se utilizan. Puesto que ello ha permitido la especulación por el valor a futuro de aquellos derechos. Esto equivale al 10% de los recursos de agua que quedan aún sin ser entregados, ya que el 90% de los derechos de agua ya han sido otorgados y se encuentran, en su mayoría, en manos de empresas.

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Si bien ya el Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés había “llamado a la calma” al sector privado, respecto a que las concesiones (cesión de derechos) no cambiarían sustancialmente asegurando que “se mantendrían las reglas del juego”, la posición de un sector parlamentario de la Nueva Mayoría respecto a que de igual forma se revisaran las cesiones cada 30 años, con el fin de establecer una “semi soberanía” y revisar aquellas cesiones de derechos de aguas que no se utilizan o sean mal utilizadas.

Pero ya en el Senado, el gobierno atendió a las presiones del sector privado empresarial, principalmente de las criticas hecha por el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Patricio Crespo, respecto a la “claridad de las reglas del juego”, de modo que el ejecutivo cedió y presentó una serie de modificaciones al texto y estableció, de manera taxativa, que los derechos de agua -en manos de privados- serán de carácter indefinidos y no entrarán en el nuevo proyecto que los revisaba cada 30 años, cuestión que fue aclarada y presentada por el Director General de Aguas, Carlos Estévez, quien señaló en el Senado: “Si bien la redacción reconocía la vigencia de los derechos ya existentes en la nueva ley y ninguna norma proponía afectar el carácter indefinido de esos derechos, ello se hace explícito en el Artículo 1°T”, afirmó.

Según la presentación de Estévez, la aclaración tiene por objetivo “despejar cualquier duda interpretativa del régimen (vigencia y duración) aplicable a los derechos constituidos con anterioridad a la vigencia de la reforma: seguirán siendo indefinidos en el tiempo. No tendrán una duración temporal de 30 años y no se les aplicará el artículo 6°”.

 El artículo 6° se refiere a cuándo y por qué razones se revisará la concesión de los derechos de agua.

Además la presentación aclara que “los derechos (ya constituidos y nuevos) quedarán sujetos a las reglas de extinción por no uso, a las normas de caducidad por no inscripción y a todas las demás disposiciones del Código”.

Según consigna el medio Pulso.cl, también se eliminó del texto original -por decisión del ejecutivo- la palabra concesión y se vuelve a hablar de “derechos de agua”. Con esto, el gobierno ha señalado que pretende crear “mayor certeza jurídica” en el proyecto.

Entre las otras modificaciones y cesiones hechas por el ejecutivo al proyecto ante la presión empresarial, destaca el que también se amplía el plazo para inscribir los derechos de agua ya constituidos al publicarse esta ley y así evitar la caducidad. El plazo inicial era de 18 meses desde la entrada en vigencia de la ley para inscribirlo en el Conservador de Bienes Raíces.

La grave sequía en Chile

Cabe mencionar que en Chile actualmente existen 110 cuencas sobre otorgadas y 41 comunas en Chile donde el Estado debe suministrar agua mediante camiones aljibe debido a la escasez del recurso o porque se ha priorizado la lógica económica por sobre el bien (como derecho humano) de consumo. Los secos ríos Loa y Copiapó son el mejor y más dramático ejemplo de los problemas de gestión de este fundamental recurso, donde el que tiene más dinero tiene derecho a su control.  Y claro, difícil que una comunidad carenciada de cientos de pobladores pueda competir con las utilidades que genera una empresa minera, una hidroeléctrica o una lucrativa plantación de paltas.

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