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Justicia sobreseyó a Carlos Ominami debido a que delitos estarían ya prescritos por tardanza de querella del SII

Durante la jornada de hoy, el juez Daniel Aravena, del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, dictaminó el sobreseimiento de la causa en contra del ex senador Carlos Ominami y padre del candidato presidencial, Marco Enríquez Ominami, esto por la prescripción de los delitos tributarios que se le imputaban en el marco del “Caso SQM”.
Esto ocurrió luego que la defensa del ex senador presentara la solicitud de sobreseimiento, basados en que la querella presentada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) el 30 de octubre del año pasado, estaba fuera de plazo, ya que los delitos que se le imputaban a Ominami -boletas ideológicamente falsas pagadas por SQM- ocurrieron durante el año 2010, y los delitos tributarios -por ley-prescriben a los cinco años.

La querella del SII contra Carlos Ominami fue por ocho facturas de Alerce Talleres Gráficos, rectificadas por la minera no metálica en marzo del año pasado, al ser servicios inexistentes. Seis de ellas fueron emitidas entre junio y diciembre de 2009, por montos que variaron entre 19 y 23 millones de pesos, aproximados. Las otras dos por $23 millones 800 mil datan de enero y febrero de 2010. El total de los documentos tributarios suma 178 millones de pesos facturados a SQM, que le permitieron a esta rebajar su base imponible de forma fraudulenta. El SII tasó el perjuicio fiscal provocado por todos los querellados en $75.205.493.  De este modo Carlos Ominami y Patricio Contesse, este último ex gerente general de SQM, fueron formalizados e imputados por la Fiscalía que investiga la arista SQM.

Al momento de presentar la querella ya habían transcurrido más de cinco años, sin perjuicio de los días que estuvo nuestro representado fuera del país igual. Mi representado queda exento de responsabilidad penal“, señaló Cristián Mora, abogado defensor de Carlos Ominami, quien además agregó que sigue creyendo que su cliente es inocente.

Mora basa su tesis en el artículo 200 del Código Tributario que señala que “el plazo será de seis años para la revisión de impuestos sujetos a declaración, cuando ésta no se hubiere presentado o la presentada fuere maliciosamente falsa (…) En los plazos señalados en los incisos anteriores y computados en la misma forma prescribirá la acción del Servicio para perseguir las sanciones pecuniarias que accedan a los impuestos adeudados”.

Dicha tesis había sido ya expuesta -en marzo del 2015- por los anteriores Fiscales del “Caso Penta” (y que derivó en otros casos como SQM), por lo que se mantuvo una abierta disputa entre la Fiscalía y el SII debido a la tardanza de las querellas por parte del SII, este último organismo decidió incluso no querellarse en varios casos y llamar -abiertamente- a varias empresas en la misma situación de Penta a “rectificar” sus boletas frente al organismo fiscalizador y recaudador.

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Las miradas se vuelven hacia el SII 

Los dardos apunta hacia la Subdirección jurídica del SII -que tiene la potestad de querellarse o no- a cargo del abogado Bernardo Lara, -quien reemplazó en agosto del 2015 a Cristian Vargas, este último denunció presiones al SII para no querellarse-. Lara, antes de asumir nuevamente este cargo (anteriormente tuvo ese cargo desde 1994 hasta el 2006), estuvo encargado del área jurídica de la “Fundación Dialoga“, que perteneciente a Michelle Bachelet y que fundara luego del termino de su primer mandato.  La designación de Lara no estuvo excenta de criticas, debido a que varios de los investigados e imputados en la arista SQM, pertenecieron al circulo cercano de la propia mandataria e incluso, mantuvieron relación con el propio Lara.

Por su parte, el fiscal regional de Valparaíso SQM, Pablo Gómez, -a cargo de la arista SQM- señaló que apelarán a la decisión ante la Corte de Apelaciones de Santiago.