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La doble política de Bachelet en el Wallmapu: entre el ministerio Pueblos Indígenas y medidas de control social

Mientras el gobierno intenta, a través de un proyecto de ley dar señas de una mejor comunicación e intención de integración de los pueblos originarios, por otra parte crea un polémico plan de 6 medidas para hacer frente a la violencia en la Araucanía, con un fuerte énfasis de criminalización de la lucha mapuche. Son las dos caras de una política bífida, que por un lado en lo comunicacional quiere dar gestos de acercamiento y buena voluntad,  por el otro lado,  en la política “real” perfeccciona los mecanismos de monitoreo, persecución y acusación del movimiento mapuche.

Este lunes la presidenta Michel Bachelet firmó el envió de proyecto para la creación de un Ministerio de Pueblos Indígenas y un Consejo de Pueblos Indígenas, con la finalidad de “saldar” la deuda histórica y fortalecer nuevas políticas para los pueblos originarios de nuestro país.

El nuevo organismo contempla en su organización un ministro, un subsecretario y Secretarías Regionales Ministeriales que les otorgarán presencia territorial, Este Consejo Nacional y los nueve Consejos de Pueblos Indígenas contarán con “atribuciones resolutivas, facultativas, y vinculantes sobre sus propia orgánica y representarán los intereses, necesidades y derechos colectivos de los pueblos indígenas”, explicó la mandataria al momento de firmar la iniciativa legislativa.

Ambos proyectos (ministerio y consejo), pretenden crear un mejor puente de comunicación, colaborando directamente con el o la mandataria de turno, buscando diseñar y coordinar políticas y programas que fortalezcan los pueblos indígenas, como también evitar la discriminación injusta y abusiva.

La mandataria afirma que con estos proyectos se da paso “a una nueva institucionalidad, donde la política indígena tendrá la prioridad que corresponde y permitirá abordar, de forma transversal, los temas relacionados con los pueblos indígenas” y donde sostiene que “esta nueva forma de trabajar es ahora política de Estado y se basa en el diálogo franco y respetuoso para recoger las aspiraciones e intereses de los pueblos indígenas de Chile y para procesar las diferencias”.

Sin embargo, y de forma casi paralela, el pasado jueves 7 de enero en la ciudad de Temuco, se llevo a cabo una reunión del “Comité de Coordinación Judicial y Policial”, instancia que esta integrada por personeros de gobierno y que tuvo como finalidad discutir y acordar el nuevo plan de medidas con las que el Gobierno enfrentará a partir de ahora la violencia, específicamente en la Araucanía, las medidas pretenden fortalecer procedimientos, identificar grupos, aumentar la presencia policial, fomentar la incautación de armas y combatir el abigeato.

La reunión encabezada por el subsecretario del interior Mahmud Aleuy, junto al presidente de la corte de apelaciones de Temuco, Aner Padilla, el intendente de la región Andrés Jouarnnet, el director general de Carabineros, Bruno Villalobos, el subdirector operativo de la PDI, Darío Ortega y el director de la agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Gustavo Villalobos, quienes acordaron impulsar 6 medidas, según señaló El Mercurio.

1.- Mejorar procedimientos en terreno: Esta medida, ya implementada parcialmente, tiene como objeto en dar instrucciones la momento de levantar pruebas, incluso antes de la llegada al sitio del suceso el fiscal a cargo. Pretende implementarse de forma definitiva en marzo de es en reforzar el trabajo de las policías con instrucciones precisas al momento de levantar pruebas, incluso antes de la llegada al lugar o autorización del fiscal a cargo. La fase práctica de la iniciativa comenzará en marzo próximo, y esta sistematizada en un “Manual de Primeras Diligencias”.

2.- Trabajo colaborativo: Tiene como fin vincular y mejorar la comunicación entre las instituciones representadas en el comité, y estandarizar los protocolos de éstos. El Poder Judicial prestará especial asistencia en este punto.

3.- Identificación de bandas: Apunta a tipificar cómo se estructuran los grupos que están actuando en el territorio, a través de una Unidad de Análisis Criminal la cual se está implementando desde Ministerio Público (Fiscalía) para asegurar que haya detenciones.

4.- Crear una mesa sobre medidas de protección: Estas consisten en la vigilancia policial permanente -las 24 horas o en rondas periódicas por varios predios-. Este tipo de protección, que ha sido cuestionado por las víctimas, además está funcionando al límite en cuanto al número del contingente de Carabineros destinado a efectuarlo.

5.- Control de armas: Estará a cargo la Fiscalía de Alta Complejidad (Fiac), creada a inicios del 2015, al alero de la Fiscalía Regional para delitos denominados como “violencia rural”. Se da énfasis en la incautación de armas como del seguimiento de su procedencia.

6.- Combatir el abigeato: Si bien es un delito en sí extendido en el territorio, es preciso recordar que la abigeato ha sido utilizado como una justificación para que fuerzas policiales entre a allanar e intervenir comunidades mapuche, del mismo modo que el robo de madera.

Desde las comunidades mapuche ven con profunda desconfianza las medidas,  que por una parte nos invitan a participar y por otro lado nos presentan las formas que aplicaran para seguir reprimiendo y persiguiendo a las comunidades.

Desde la comunidad Lof Rankilko expresaron las siguientes opiniones al respecto a Radio Villa Francia:

Nos parece insultante y un grave atropello a nuestro Pueblo Mapuche que por medio de una trucha Consulta Indígena que fue rechazada completamente, ya que restringía y vulneraba un instrumento mandante de nivel internacional como el convenio 169; se envíen proyecto ley para crear un Ministerio de Asuntos Indígenas y un Consejo de Pueblos Indígenas, que no es más que una fórmula de limitar nuestros derechos a la libre determinación e incentivando aún más el clientelismo hacia las instituciones del Estado Chileno.  Con esto solo queda de manifiesto la terquedad del gobierno Chileno, donde con una política populista y mal intencionada, continúan con la aplicación de prácticas colonialista, de subordinación, donde intentan demostrar avances en materia indígena, sin embargo en la zona están aplicando la política del garrote, militarizando y violentando a las Comunidades Mapuche que resisten a estas imposiciones estatales“.