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La dura carta de los Abogados del CDE contra el nombramiento de Javiera Blanco como consejera por parte de Bachelet

Este viernes se conoció la dura carta (abierta) que realizó la Asociación Nacional de Abogados del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en donde le manifiestan a la Presidenta Michelle Bachelet, su profundo malestar -mas allá de respetar su facultad discrecional como presidenta- por el nombramiento de la ex ministra Javiera Blanco (DC) como consejera del organismo.

En ella, la Asociación Nacional de Abogados del organismo encargado de velar los intereses del Fisco, se señalan: “vemos con preocupación, dolor e impotencia como se ha denostado el nombre del Consejo de Defensa del Estado en algunos medios de comunicación y redes sociales, en el marco del debate antes señalado”.

A esto, en la carta, los abogados/as manifiestan molesta por no considerar a los abogados/as de carrera y los méritos e importancia del cargo asignado. De este modo señalan: “En el Consejo de Defensa del Estado existen abogados con una vasta experiencia profesional, excelentes litigantes y con una vida entregada al servicio, los que cumplen con creces los requisitos legales y cuentan con las competencias para asumir y ejercer adecuadamente el cargo de Abogado Consejero”.

Recordemos que fue miércoles 01 de febrero la Presidenta Michelle Bachelet anunció su decisión de nombrar como Consejera del Consejo de Defensa del Estado (CDE) a la ex Ministra Javiera Blanco, quien asumió inmediatamente en su cargo (ver comunicado oficial), al mismo tiempo, la Contraloría General de la República emanaba una resolución señalando que las contrataciones (cuatro) pedidas por Blanco al en ese entonces Director General de Gendarmería, Tulio Arce, cuando ella era ministra de la cartera de Justicia, eran ilegales y no se correspondía con las facultades de su cargo, por lo que daba 15 días para sus desvinculación. (ver resolución de Contraloría). Tras la resolución, el Director de Gendarmería dio cumplimiento inmediato y desvinculó del organismo a las cuatro personas contratadas por Blanco.

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A pesar de las críticas -transversales- al día siguiente del nombramiento, la Presidenta, aprovechando un punto de prensa y al ser consultada por las criticas ante su nombramiento, defendió el nombramiento apelando a su facultad como presidenta para tomar la decisión, y respecto a los conflictos de interés que habrían (caso Sename, Jubilazos, entre otros) la mandataria señaló que “no habría problema, pues estaba la posibilidad de inhabilitarse en esos casos como señala el propio funcionamiento del organismo.

Los cuestionamientos por el nombramiento de Blanco fueron transversales y se dieron tanto en algunos sectores de la Nueva Mayoría como en la oposición. Las criticas apuntaron, particularmente, a la casi nula experiencia de Blanco ejerciendo como abogada y litigante, tomando en cuenta que el cargo en el cual asume, debe velar como consejera, por los intereses de todas y todos los chilenos/as en distintos litigios y causas en donde el Estado tiene intereses que resguardar, y en el cual la ex ministra tendrá voz y voto en las decisiones que tome el organismo.

El codiciado puesto que ahora asume Blanco, se encontraba vacante desde hace dos años tras la salida del abogado Álvaro Quintanilla, quien ejerció como consejero del CDE por 19 años y terminó su ejercicio en el organismo el pasado 27 de diciembre de 2014, justo cuando cumplió los 75 años de edad.  Blanco como consejera recibirá entre 7,6 a 7,9 millones mensuales con la obligación de asistir una vez a la semana a la reunión del Consejo en donde se toman las decisiones del CDE. Su puesto en el Consejo es inamovible (hasta cumplir los 75 años de edad) a menos que renuncie o sea destituida por el Senado (con quórum) por ser nombrada (ahí) por la propia presidenta de la República. El cargo, transversalmente apetecido en la plaza de abogados, no inhabilita para ejercer la abogacía y representación de causas particulares.

La carta de los abogados del CDE

La carta -de la Asociación de Abogados/as del CDE- además apunta a una de las críticas transversales que generó el nombramiento de Blanco por su nula experiencia como abogada litigante, pues como es sabido, la carrera de Blanco se ha desarrollado en el mundo político y ejecutivo, no en tribunales. Así, los abogados del CDE señalan:

La Ley Orgánica del Consejo, en su artículo 38, exige que los Abogados Consejeros deben tener el título de abogado y una experiencia profesional de 15 años, a lo menos. La experiencia profesional que exige la referida norma legal no puede ser otra que la experiencia como abogado litigante, siendo ésta una competencia indispensable para ostentar el cargo de Abogado Consejero“.

En la misiva además señalan que respetan la facultad que tiene la presidenta en estos casos, pero a la vez recuerdan que en su pasado gobierno, ella (Bachelet) mantuvo criterios técnicos y designaciones respetando a funcionarios (de carrera) del servicio (CDE).

Por último, la misiva finaliza con lo siguiente: “En modo alguno afecta a la facultad exclusiva que la ley confiere al Presidente de la República y contribuiría a mantener en alto el buen nombre del Consejo de Defensa del Estado, como una institución eminentemente técnica, y de quienes en él nos desempeñamos“.