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La última jugada de Jorge Burgos: El descabezamiento al Programa de Derechos Humanos (PDH) y el blindaje a Cheyre

Por Francisco Marín y Editorial RVF

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oco antes de salir de su puesto -tras presentar su renuncia el pasado miércoles 08 de junio- el Ministro de Interior Jorge Burgos dio un golpe letal a la autonomía del Programa de Derechos Humanos (PDH) que funciona bajo la supervisión de dicha cartera: Trasladó al secretario ejecutivo Sebastián Cabezas al Ministerio de Justicia y removió de su cargo al abogado jefe del Área Jurídica, Rodrigo Lledó.
Hizo esto después de infructuosos intentos para que el PDH no siguiera adelante en su intención de solicitar la formalización del general (r) Juan Emilio Cheyre, por su eventual participación en los crímenes de la Caravana de la Muerte en su paso por La Serena.

Fue el lunes 25 de mayo, tras un último llamado desde Interior a favor de Cheyre -que Lledó rechazó la “petición de La Moneda” alegando la autonomía en materia procesal de dicha institución. Tras eso, una asesora del todavía ministro Burgos telefoneó a Lledó informándole que había sido removido de su cargo y que debía retirar a la brevedad sus pertenencias de su oficina.
Mientras, la nueva directora Catalina Lagos le expresaba personalmente a Lledó que no contaba con su confianza, pero “como gesto”, le permitió que permaneciera en funciones unos días más. Y fue ese el lapso que Lledó aprovechó para cumplir una última tarea, de la más grande importancia.
El martes 07 de junio Lledó solicitó al ministro en visita especial Mario Carroza el procesamiento de Cheyre, en calidad de encubridor de homicidios y secuestros calificados por el caso Caravana de la Muerte. Esta solicitud impulsada por Lledó la hizo con el respaldo y firmas de todo el equipo de abogados del PDH. Esto ocurría un día antes que Burgos dejara sus funciones en el Ministerio del Interior.

Así se concretaba una de las peores pesadillas del Ministro Burgos y de la propia Moneda: la posible caída de Cheyre, “el general de la transición”.

Esta es la primera vez que el PDH solicitaba procesar a este ex alto oficial, pese a que es investigado por la Justicia desde hace más de 5 años.

El joven Teniente Cheyre

Al momento de producirse el golpe militar de 1973, Cheyre ejercía como teniente en el Regimiento Arica de La Serena. Numerosos sobrevivientes de la dictadura lo han sindicado a él como responsable de ejecuciones y torturas, sin embargo él ha insistido, hasta hoy, que solo desempeñó labores administrativas y que nunca vio ni escuchó nada, de haberlo hecho, dice Cheyre, lo habría contado.

Inolvidable en este sentido resultó el cara a cara registrado en el programa El Informante de TVN -el 20 de agosto de 2013- entre este militar retirado y -en ese entonces- presidente del directorio del Servel, con Ernesto Lejderman Ávalos, cuyos padres María del Rosario y Bernardo fueron asesinados –en su presencia- por militares del Regimiento Arica de La Serena.
Estoy aquí por la memoria de mi Papá y mi Mamá. Estoy aquí porque sigo planteando que tiene que haber justicia y todavía no la hay. No le deseo ni a Cheyre ni a ningún militar genocida ni a nadie lo que mis padres vivieron, tampoco lo que viví yo al tener que presenciar el crimen”.
Y fue por más: “¿Por qué cuando fue jefe del Ejército (2002-2006) no dijo dónde estaban los restos de los detenidos desaparecidos? (…) “yo invito a Cheyre a que rompa los pactos de silencio y cuente de verdad ¿dónde están? Que diga qué pasó con mi Mamá y con mi Papá, de verdad”, le espetó Lejderman.

Como resultado de esta acción de Ernesto Lejderman, Cheyre debió dejar la Presidencia del Consejo Directivo del Servel, aunque se mantuvo como director del mismo.

 

A esto se suma la declaración de dos testigos presenciales que aseguraron, en cámara en el Reportaje de Informe Especial (TVN) emitido el fin de semana pasado. Ambos señalan haber sido torturados por el propio Cheyre en su paso por el Regimiento Arica de La Serena. Estos son los testimonios de Nicolás Barrantes, quien tenía 17 años cuando fue detenido y torturado en dicho Regimiento, y el testimonio de Cecilia Marchant, quien también apunta a Cheyre como el oficial responsable de su tortura y los vejámenes sufridos en ese Regimiento. Testimonios de los que se tiene constancia hace años pero que hoy son parte del procesamiento y la investigación que lleva el Ministro Mario Carroza. De este modo, ambos testigos directos apuntan directamente a Cheyre como quien estuvo a cargo de las torturas.

La doctrina Ugás

Desde que en mayo de 2015 el ministro Burgos llegó a Interior, inmediatamente quiso supeditar el accionar del PDH a los requerimientos políticos de su Ministerio. Sin embargo, se encontró con las convicciones y decisión del entonces secretario ejecutivo de dicho organismo, Francisco Ugás, quien en más de una vez le recordó al ahora ex ministro que dicho programa era autónomo en materia de decisiones procesales.

La determinación por mantener esta especie de doctrina la demostró en más de una ocasión. El segundo semestre de 2014 el PDH elaboró un informe en que justifica la necesidad que el Estado de Chile “revise y modifique las normas vigentes atingentes a la confidencialidad, la reserva y el secreto que restringen o impiden el acceso al material documental sobre las graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívica-militar”.

Esto se refiere específicamente a lo que ha sido conocido como “el secreto de los 50 años” establecido en la Ley 19.992, de 2004, que fija la reparación que recibirán los presos políticos y torturados, calificados como tales por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, conocida como “Comisión Valech”.

En el quinto punto de las conclusiones de dicho informe –que fue dado a conocer por este medio el 2 de agosto de 2015- se plantea como solución a este problema dar a conocer los antecedentes en cuestión “para promover la eficacia del derecho a la verdad y del derecho al acceso a la información pública”.

De hecho, en el PDH hubo sorpresa cuando por televisión, la Presidenta anunciaba frente a las cámaras -al lado de Carmen Gloria Quintana, tras la reapertura del Caso Quemados- la realización de un estudio para revisar el levantamiento del secreto del Informe Valech. La sorpresa se daba porque dicho estudio -que el mismo PDH había realizado- se encontraba terminado hace 8 meses y estaba, desde diciembre, en el escritorio del Ministro del Interior y de la propia Presidenta Bachelet.

Revisa: La verdad de la Comisión Valech y los porqué de la sistemática negación de Bachelet a levantar el secreto de 50 años

De esta manera, contradecía las políticas desde Lagos en adelante en esta materia y que apuntan a mantener en secreto la identidad de los denunciados como torturadores de la dictadura militar.

Esta independencia del PDH incluso traspasó las zozobras derivadas de no obedecer la solicitud de la propia Presidenta Bachelet y su madre, Ángela Jeria, que se oponían a que el organismo apelara a las bajísimas penas con que el juez Carroza sancionó –en noviembre de 2014- a los autores de las torturas contra el padre y esposo de aquellas, el general Alberto Bachelet.

Dichos apremios fueron perpetrados en la Academia de Guerra Aérea previo a la muerte de Bachelet –como resultado de los maltratos-, en marzo de 1974. Por este crimen los coroneles (r) Edgar Ceballos Jones y Ramón Cáceres Jorquera recibieron sentencias de dos años y un día y de tres años y un día, respectivamente.
El abogado de la familia Bachelet, el ex ministro de Justicia Isidro Solís, comunicó directamente al PDH su conformidad con el fallo y la decisión de la familia de no perseverar en la causa y pedía al PDH que hiciera lo mismo. Esto desconcertó y causó gran molestia en la oficina de Agustinas (PDH). Era la propia presidenta quien ponía un freno a la política del PDH y sentaba un mal precedente en esta materia. Se realizaron reuniones, la gente del programa amenazó con renunciar y la relación se tensionó.
Hicieron esto pese a que, como sostiene el periodista Víctor Herrero en la nota Derechos Humanos: La Presidenta que hizo poco, el subsecretario de Interior Mahmud Aleuy y la jefa de gabinete de Bachelet, Ana Lya Uriarte, forzaron para que aflojaran.
No obstante, liderados por Ugas y Lledó, y sustentándose en el peso de las pruebas, el PDH decidió perseverar en la apelación.
Pero esta doctrina se fragilizó en diciembre de 2015 cuando Francisco Ugás renunció a su cargo –con el fin de realizar un postgrado en Europa- y su puesto fue ocupado por el abogado de la Universidad Católica de Valparaíso y del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Sebastián Cabezas.

Al observar este cambio, se renovaron las presiones de Burgos respecto del PDH con el fin de someter las decisiones de este ente a su agenda política. Cabezas, a duras penas, pudo resistir la presión, hasta que se desencadenó el episodio de la solicitud de procesamiento a Cheyre y Burgos y el Gobierno decidieron descabezar este organismo.

El traslado de Cabezas a Justicia se hizo con el pretexto de hacer cumplir la Ley que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos, bajo cuya tutela operará en el futuro próximo el PDH.

Es importante tener presente que este equipo recientemente descabezado alcanzó su consolidación bajo el Gobierno de Sebastián Piñera. Esta administración –al no contar con profesionales con experiencia en el campo de la defensa legal de los derechos humanos- realizó una selección vía Alta Dirección Pública que derivó en el arribo de Ugás y otros profesionales jóvenes comprometidos con el avance de las causas.

Tanto Ugás como Lledó habían desarrollado parte importante de sus carreras profesionales en la Corporación de Asistencia Judicial (el CAJ conocidos como “los abogados de los pobres”) en donde les había tocado tramitar numerosas causas de derechos humanos, temática en la que –considerados sus estudios y experiencia- eran expertos.
Dada la ostensible inclinación de la Nueva Mayoría –Concertación por la Democracia- por el cuoteo político, el mundo de los derechos humanos temió que este equipo de comprometidos profesionales sería descabezado por la Presidenta Bachelet luego de asumir su segundo mandato en marzo de 2014.
Sin embargo, luego de la intervención de las más emblemáticas agrupaciones de derechos humanos, en orden a exigir que el equipo se mantuviera, la Presidenta decidió nombrar a Ugás secretario ejecutivo del PDH –antes era el encargado del área jurídica- y Lledó –que se desempeñaba como abogado en dicha repartición- se hizo cargo del área jurídica.

El silencio de las agrupaciones y el caso Neruda

Catalina Lagos (PS), nueva secretaria ejecutiva del PDH que antes se desempeñó en la unidad de Relaciones Internacionales del Sernam, pertenece a una familia muy vinculada al poder. Como señala Jorge Molina (The Clinic) en nota de 10 de junio, ella es hija del actual fiscal de Corfo Pablo Lagos Puccio y de Sonia Tschorne, “ambos parte del ADN tradicional de la ex Concertación”.

Su llegada al PDH marca el fin de una época en que primó el profesionalismo y el compromiso con los derechos humanos y el retorno del cuoteo político.
Pese a esto, las agrupaciones más emblemáticas en la defensa de los derechos humanos como la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) han guardado completo silencio. Ni siquiera han emitido un pronunciamiento que exprese su inquietud. Esto, pese al importante rol que juegan el PDH en más de 700 causas de ejecuciones y desapariciones forzadas.

La única instancia que ha realizado gestiones para exigir que el Gobierno revierta la medida –especialmente en lo que concierne a la destitución de Lledó- es la Sucesión Neruda, liderada por el abogado Rodolfo Reyes.

En misiva ingresada a La Moneda el 3 de junio, le expresan a la Presidenta Bachelet que la destitución de Lledó “atenta contra la investigación, merma y altera los excelentes avances en la investigación por la muerte de Neruda que es un caso de atención nacional e internacional”.

En este sentido cabe consignar que bajó la conducción de Lledó y Ugás, el PDH se hizo parte del caso Neruda (Rol 1038-2011) el 9 de enero de 2015.
Y tan importante fue la incorporación del PDH en este caso, que logró revertirse el curso que llevaba esta causa para demostrar que “de los hechos acreditados en el expediente, resulta claramente posible y altamente probable la intervención de terceros en la muerte de D. Pablo Neruda”.

Revisa: La muerte de Neruda: Informe oficial señala que “es altamente probable” que el poeta fuera asesinado

Esto, según informe -de once páginas- emanado el 25 de marzo de 2015, que forma parte de un cuaderno reservado de la causa 1038-2011 “Caso Neruda” y que fuera dado a conocer por el diario español El País, el 5 de noviembre de 2015.
En dicho escrito, que lleva la firma de Ugás y Lledó y fue dirigido al ministro en visita que sustancia este caso, juez Mario Carroza, se sostiene que “desde el punto de vista probatorio, es posible concluir que (…) no se estableció en su momento, ni tampoco durante el curso de la investigación, que la muerte (de Neruda) se haya producido a consecuencia del cáncer que sufría”, señala este informe en sus Conclusiones.
De esta manera contravenía en forma radical los informes elaborados por el Primer Panel Internacional de Expertos que sugería que Neruda había muerto del cáncer que lo afectaba sin tener ninguna prueba de ello.

Es indudable el trabajo y aporte del Programa de Derechos Humanos (PDH), en el avance de causas y establecimientos de verdades históricas y jurídicas, un avance que no ha estado exento de presiones propias del calculo político y alejadas de la razón de su creación como institución autónoma del Estado en la consolidación de la reparación del Estado y la consecución de penas en contra de quienes atenten contras esto, como certeza disuasoria de un “Nunca Más” en materia de Derechos Humanos. Desafortunadamente para el establishment político y por fortuna para las víctimas, el equipo profesional del PDH fue más allá, a pesar de sus lógicas restricciones, tan allá que ha costado, a juzgar por los hechos, su propia existencia.

La última jugada de Burgos se concretó en el descabezamiento del PDH, y serán los hechos y la historia las que den cuenta el costo de esto, pero en lo inmediato y cumpliendo el rol que les correspondía, el PDH ha logrado avances incluso yendo más allá y pidiendo la formalización de “intocables”, todo esto bajo la lógica política que ha permeado en todos los gobiernos de la transición y que aún persiste: En la medida de lo posible e hipotecando su propia sobrevivencia.