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Las implicancias de la Condena de la Corte IDH. Entrevista a abogada CEJIL y Víctor Ancalaf

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Tras el histórico fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenatorio en contra del Estado de Chile y a favor de Comuneros Mapuche (ver condena aquí) que vio la luz el pasado 29 de julio, conversamos con Juliana Bravo Valencia, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y su representado, el comunero Víctor Ancalaf Lleupe, quien era parte del grupo 8 comuneros/as mapuche que llevaron el caso de la aplicación y uso de Ley Anti Terrorista por parte del Estado de Chile hasta la Corte IDH.

Las implicancias del Fallo:

 

Según Juliana Bravo este fallo es histórico y, lo que debe quedar claro, es que el Estado Chileno debe cumplirlo. La condena no es apelable ni existen más instancias para revertirlo y Chile debe ser respetuoso al derecho internacional y convenios a los que ha adscrito e implementar lo que la Corte IDH determina. Aquí lo importante también es que la Corte reconoce que se violaron derechos y también reconoce que estás violaciones se dieron en el marco de reivindicaciones sociales de indígenas mapuche.

Por su parte Víctor Ancalaf quien asume como buena noticia esta condena por parte de la Corte IDH pero no se muestra tan optimista con los gestos que pueda dar el gobierno de Chile. Un repaso por la “operación paciencia” iniciada durante el gobierno de Ricardo Lagos y continuada por Michelle Bachelet, política implementada por el Estado de Chile durante los gobiernos de la Concertación que buscó criminalizar el “denominado” conflicto mapuche y que militarizo las zonas en conflicto. En ese contexto se invocó, varias veces, la Ley Anti Terrorista y, según la Condena de la Corte IDH, se aplicó una política racista y se vulneró los derechos del debido proceso buscando con ello criminalizar un movimiento social.

Si bien Ancalaf valora los gestos de funcionarios como el Intendente Francisco Huenchumilla, precisa que esto no se trata solo de gestos sino de voluntad política real en la participación de mapuche en diversos espacios y la recuperación de tierras. Ojalà halla un cambio de actitud sin ambigüedades, por lo que señala que la lucha continuará y diversas comunidades seguirán luchando ante esta negación de demandas de derecho histórico sino se cambia esto y hay realmente voluntad. Hoy la lucha se mantiene por los recursos naturales, en contra de los latifundistas y empresas que acaban con ello y la ley sigue favoreciendo a los que tienen más recursos.

Juliana Bravo plantea que lo que aquí está exigiendo la CIDH es la revisión a leyes y practicas como la prisión preventiva, testigos sin rostros, que son características de la Ley Anti Terrorista pero no exclusividad de ellas, en ejemplos de casos que sin invocar la LAT se han ocupado estas practicas tanto policiales como en tribunales.

Escucha la entrevista completa en los estudios de Radio Villa Francia: