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Las otras modificaciones ya aprobadas de la Agenda Corta Antidelincuencia que debes conocer:

El control preventivo de identidad, ley mordaza, lesiones sin “lesiones” visibles contra Carabineros, son algunas de las controvertidas modificaciones que propone la Agenda Corta Antidelincuencia, artículos que por su fuerte repercusión mediática aún no han sido aprobadas y que esta semana se resolverán en la comisión mixta; sin embargo existen otras igual de polémicas menos conocidas y que ya fueron visadas y esperan a ser promulgadas oficialmente en los próximos días.

La Agenda Corta Antidelincuencia, es la apuesta del gobierno para frenar el supuesto aumento de la delincuencia en Chile, hecho desmentido por los datos estadísticos entregados por las policías, que declaran una disminución en los últimos años de la delincuencia en nuestro país. Sin embargo, con lo único que sí se condice es con la “percepción de delincuencia”, elemento meramente subjetivo que tiene que ver con la sensación de inseguridad, factor que puede ser fácilmente cultivado por los medios de comunicación, que generan “opinión pública”. Revise los datos en El mito de la puerta giratoria o la percepción de la delincuencia v/s la realidad.

El proyecto, duramente cuestionado por distintos sectores de la sociedad (Corte Suprema, Defensoría Penal Pública, entre otros), atenta contra el Estado de derecho y las libertades civiles, avanzando hacia un marcado Estado policial; esto quiere decir que por el sólo hecho de haber sido acusado de cometer un delito o crimen se es considerado inmediatamente culpable, hasta que se demuestre lo contrario. Mientras que en un Estado de Derecho se debiera entregar la garantía democrática de que todo acusado es “inocente hasta que se demuestre lo contrario”.

Modificaciones ya aprobadas al CPP en la Agenda Corta Antidelincuencia

Modificación al artículo 433 del Código Penal.

Modificación Número 2 del Artículo 1°: agrava penas de delitos contra la propiedad, agregando reglas específicas a la determinación de la pena, eliminando grado mínimo en caso de reincidencia. La pena mínima para delitos de robo con violencia o intimidación pasa de “presidio mayor en su grado medio” (10 años y un día) a “presidio mayor en su grado máximo” (15 años y un día) [Las críticas a esta medida -que fueron planteadas durante su discusión- es que aumentar la pena mínima de 10 años a 15 años no es disuasivo para la comisión del delito, por lo tanto no tendría resultados en lo que se busca, que es bajar los índices de delincuencia en delitos de mayor connotación social. Si uno comete un delito que te da 10 años, ¿evitaría hacerlo porque te dé 15?].

Modificación al Artículo 83 del Código Procesal Penal, “Actuaciones de la policía sin orden previa”.

Modificación Número 1 del Artículo 2°, letra a, numeral ii: Habilita a las policías realizar primeras diligencia sin orden de un fiscal, ante una denuncia [grave en el caso que la policía puede allanar solo con denuncia y sin investigación ordenada por un fiscal, y en desmedro del sistema judicial que va a tener que dedicarse a validar o rechazar licitud de las pruebas, obstaculizando la propia investigación].

Modificación al Artículo 89 del Código Procesal Penal (CPP), de registro de pertenencias.

Modificación Número 4 del artículo 2°. Elimina la existencia de indicios (“que permitieran estimar que oculta en ellos objetos importantes para la investigación”) en el registro de vestimentas, equipajes o vehículos. [Grave, pues a cualquier persona se le puede registrar pertenencias, ropa o vehículo aunque no haya ningún indicio de delito, es una grave violación a la privacidad y derechos democráticos].

Modificación al artículo 127 del CPP, sobre detención judicial.

Modificación Número 5 del Artículo 2°, letra (a). ”Podrá decretarse la detención del imputado por un hecho al que la ley asigne pena privativa de libertad de crimen”. [Gravísimo, pues habría cárcel sólo por el hecho de ser acusado de un crimen que tiene pena de cárcel, aun cuando no haya investigación previa, es decir, se establece la culpabilidad hasta que se demuestre lo contrario].

Y agrega, “Tratándose de hechos a los que la ley asigne las penas de crimen o simple delito, el juez podrá considerar como razón suficiente para ordenar la detención la circunstancia de que el imputado haya concurrido voluntariamente ante el fiscal o la policía, y reconocido voluntariamente su participación en ellos.” [Aquí se puede establecer la auto confesión como mera prueba para decretar la detención, sin investigación previa, se repite “culpable hasta que se demuestre lo contrario”].

La Corte Suprema en septiembre de 2015 indicaba respecto a este artículo lo siguiente: 

“autoriza una medida cautelar, sin ninguna consideración a algún peligro real y calificado de alguna clase, sino sólo sobre la base de la gravedad de una determinada imputación. Esta cuestión contraría toda la lógica de la concesión de las medidas cautelares y constituye un retroceso mayúsculo desde la perspectiva del principio de inocencia: nadie debería poder ser detenido sin antecedentes especiales y, exclusivamente, sobre la base de una denuncia o imputación (…) En este sentido, la reforma al artículo 127 implicaría una vulneración abierta al principio de inocencia y al derecho a un juicio previo” En: Corte Suprema cuestiona duramente agenda corta anti delincuencia del gobierno calificándola de anti democrática

Y agrega finalmente en letra (b): “La resolución que denegaré la orden de detención será susceptible del recurso de apelación por el Ministerio Público.” Es decir que, si se impugna la orden de detención, el Ministerio Público puede apelar, corriendo nuevamente la balanza hacia la culpabilidad antes que la presunción de inocencia y sobrecargando el sistema judicial.

Esta modificación va a afectar el sistema judicial y más gravemente el sistema penitenciario, generando gran cantidad de personas detenidas sin investigación previa, sean inocentes o culpables, solo por el hecho de que alguien las acuse de un delito o que hayan confesado “voluntariamente” ante un policía o fiscal un delito.

Modificación al Artículo 129 del CPP: Detención en caso de flagrancia o quebrantamiento de condena

Modificación Número 6 del Artículo 2°. En detención flagrante, ahora las policías estarán habilitadas para realizar registro de las vestimentas, equipaje, vehículo, agregándose además el allanamiento del inmueble donde se detuviera a la persona perseguida, incautación de objetos o documentos, sin orden fiscal.  En el código antiguo permitía a las policías ingresar a un recinto, mueble o inmueble “para el solo efecto de practicar la respectiva detención”.

Modificación al Artículo 130 del CPP. Situación de flagrancia:

 Modificación Número 7 del Artículo 2º, letra a y b: Se agrega como situación de flagrancia “El que aparezca en un registro audiovisual cometiendo un crimen o simple delito al cual la policía tenga acceso en un tiempo inmediato”, esto es dentro de 12 horas, donde las policías pueden detener, sin orden fiscal ni investigación previa.

Modificación al artículo 132 bis del CPP.

Apelación de la resolución que declara la ilegalidad de la detención se amplía, además de los delitos ya estipulados, a los delitos de la ley 17.798 de control de armas y “los delitos de castración, mutilaciones y lesiones contra miembros de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile, en el ejercicio de sus funciones”. En los demás casos no será apelable la declaración de ilegalidad en la detención.

Para estos mismos casos, quien estuviera detenido o se encontrare en prisión preventiva no podrá ser puesto en libertad mientras no se encontrare ejecutoriada la resolución que negare, sustituyere o revocare la prisión preventiva: Una vez decretada la libertad, se debe apelar a la medida inmediatamente y la persona debe quedar detenida hasta que aquella apelación para revocar la libertad esté resuelta, esto resulta en que las personas tengan que estar en prisión aun cuando hayan sido declaradas en libertad.

Modificación al artículo 150 del CPP, respecto a la prisión preventiva.

Modificación Número 13 del Artículo 2°, letras a) y b): Amplía a todos los delitos la exigencia de “resolución fundada” para los permisos de salida excepcionales. Antes esta exigencia era para ciertos casos en particular, mientras que para todos los demás delitos permitía la salida excepcional mientras se asegurara que no se vulnerarían los objetivos de la prisión preventiva.

Para estos dos últimos artículos le recomendamos revisar #ConManzanitas: Sistema penal chileno y el mito de la “puerta giratoria”.

Modificación al Artículo 215 del CPP. Objetos y documentos no relacionados con el hecho investigado.

Modificación Número 20 del Artículo 2°: Da la facultad de incautar objetos y documentos no relacionados con el hecho investigado sin previa orden judicial.

Agrega artículo 226 bis al CPP. “Técnicas especiales de investigación”.

Modificación Número 21 del Artículo 2°: Permite el uso de agentes infiltrados o encubiertos (además de la ley 20.000 de drogas que ya los usaba) para la investigación de delitos contemplados en la ley Nº 17.798 (control de armas), en el artículo 190 de la ley Nº 18.290 y en los artículos 433, 434, inciso primero del 436, 440, 442, 443, 443 bis, 447 bis, 448 bis y 456 bis A del Código Penal (En general, delitos contra la propiedad). Para la ley de 17.798 de control de armas se permite además el uso de agentes reveladores. Requiere la autorización de un juez de garantía.