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Fotografía: Presidente Piñera junto a integrantes del Cosena. Ultima sesión 20 de enero 2014.

Las presiones del Ministerio de Defensa y el Estado Mayor contra periodista por desclasificación de actas del COSENA

César Parra, jefe de comunicaciones del Ministerio de Defensa, le planteó a la periodista eliminar los documentos del Cosena con información sobre los gobiernos de la transisión. En ese momento, la periodista Catalina Gaete, renunció a su trabajo en el ministerio. Una serie de extrañas coincidencia y presiones de distintos organismos han cruzado la suerte de la periodista y la actas del Consejo de Seguridad Nacional (cosena) que el Consejo para la Transparencia -previa petición formal de Gaete- ordenó entregarle. Los documentos son claves para entender decisiones políticas y la relación entre el mundo militar y los recientes gobiernos en el proceso de Transición.

 

Por Marianela González y Editorial RVF

Se trata de las actas del Consejo de Seguridad Nacional de Chile, de 1989 a 2005, que el Consejo Para la Transparencia ordenó que fueran entregadas a la periodista Catalina Gaete.
César Parra, jefe de comunicaciones del Ministerio de Defensa propuso a la profesional eliminar los documentos para que no se hicieran públicos y “no afectaran la relación del ministro con los militares”.
Diario La Tercera dejó al descubierto filtración desde Transparencia.

Cerca de las 18:00 horas del jueves 14 de abril de 2016, después de una reunión de trabajo, uno de los asesores del ministro de Defensa, Juan Antonio Gómez, se acercó a la periodista Catalina Gaete, para preguntarle si era ella quien había solicitado las actas del Consejo de Seguridad Nacional a través de Transparencia.
Tenemos un problema, le dijo, y luego le contó que su jefe, el operador político y encargado de comunicaciones del Ministerio de Defensa, César Parra, había recibido un correo desde el organismo que reúne a las tres ramas del ejército, el Estado Mayor Conjunto (EMCO), en el que se le informaba que una tal Catalina Gaete, había hecho la solicitud.
¿Supongo que es un alcance de nombre? Le preguntó, y le acercó su celular para que ella leyera el E-Mail que el secretario general del EMCO, el teniente coronel Augusto Scarella Arce (quien además es periodista y analista senior de escenarios con aplicación de destrezas relativas a doctrina de inteligencia, entre otros) había hecho llegar.
En ese correo Scarella decía que le habían llamado del diario La Tercera pidiéndole una declaración por el fallo del Consejo para la Transparencia que les ordenaba entregar a Catalina Gaete, parte de los documentos, desde 1989 hasta el 2005, pero que él no podía responder porque no le habían notificado la decisión y por lo tanto ignoraba los pormenores de la resolución”, cuenta la periodista.

catalina gaete - periodista

Catalina Gaete

Catalina, que llevaba solo tres días trabajando en el Ministerio de Defensa, se sorprendió al enterarse del fallo a través de un funcionario de confianza del ministro Gómez y de darse cuenta que la mención de su nombre en el correo, era más que una casualidad. Con calma, reconoció que había solicitado los documentos, pero mucho tiempo antes de entrar a ese gabinete, mientras trabajaba como colaboradora en Radio Universidad de Chile, escribiendo artículos relacionados al mundo militar.
Mostrándose alarmado por lo que acababa de reconocer la periodista, el asesor la condujo hasta la oficina de su jefe directo, César Parra, quien luego de algunos preámbulos le propuso eliminar los documentos, dejándole entre ver que solo bajo esa condición podía conservar su trabajo.
Cuando entré a su oficina, Parra me dijo bien resolutivo que la cagada ya estaba, que yo ya no era de confianza, y que por haber pedido los documentos iba a despertar suspicacias que podían afectar el sello de Gómez; que era el de mantener una buena relación con el cliente interno, es decir, con los militares. Entonces me llevó al área jurídica, donde consultó el rol y me dijo que el fallo decretaba que las actas me las tenían que entregar solo a mí, pero no su publicidad, lo que no comprendí, porque es información pública. Entonces me repitió que mi presencia ahí era complicada y que la única forma de solucionar el problema era que él me acompañara a recibir las actas, para que yo se las entregara y pudiera eliminarlas”, denuncia Gaete.
Con miedo y en shock Catalina abandonó el despacho de Parra, pero no sin antes ser advertida que al día siguiente debía ir a darse por notificada. Así lo hizo, el viernes 15, llegó hasta las oficinas del Consejo para la Transparencia y aprovechó la oportunidad para denunciar las presiones que estaba recibiendo y para llamar a sus antiguos colegas de Radio, a los que también les contó lo ocurrido.

La gestión para tener a la periodista en el Ministerio de Defensa 

libro vuestros nombres valientes soldados - catalina gaeteEn diciembre de 2015, Catalina Gaete quedó sin empleo, fue un momento complejo dice ella, pero a la espera de encontrar algo pronto. Fue en ese momento cuando recibió un llamado desde el Ministerio de Defensa, al otro lado del teléfono recibía una buena oferta laboral. Catalina es egresada de la Universidad de Chile y sumaba a su curriculum el haber realizado un diplomado en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE) y la publicación de un libro el año 2014, “Vuestros nombres valientes soldados“, libro que trata sobre el funcionamiento, historia, y relación institucional interna e idiosincrasia del mundo militar, develando de paso, las distancias entre “el mundo civil” y la “familia militar”, brechas que implica una complejidad para la democracia. Texto elogiado incluso en el mundo (familia) militar y que recibió comentarios positivos hasta del propio ex Comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre. Por eso no le pareció raro recibir una oferta de empleo desde el Ministerio de Defensa.

Me reuní con un funcionario enviado por César Parra, que me ofreció trabajo, me aseguró que necesitaban con urgencia un periodista experto en Defensa, para un puesto político, de confianza del ministro. Lo que me extrañó fue que me ofrecieron el trabajo sin proceso de postulación ni nada, ahora que lo pienso de me manera muy irregular. Me dijo que no sería de planta ni de contrata, que me pagarían a través de honorarios y que partiríamos el 4 de enero”, detalla la periodista.
Llegó la fecha y el subalterno llamó a Catalina para informarle que la oferta laboral se aplazaría por un periodo corto, sin explicar el por qué. Semana tras semana fue repitiéndole lo mismo, hasta que, al finalizar marzo, le dijo que el ofrecimiento no se concretaría.
Un par de días después, a principios de abril, la volvió a llamar pero esta vez para decirle que su jefe, César Parra, la quería en el ministerio lo antes posible.
El viernes 8 de abril, Catalina Gaete entró oficialmente a trabajar en el Ministerio de Defensa, como periodista. Durante los tres primeros días de la semana siguiente estuvo escribiendo las columnas del ministro sobre temas relacionados con la Antártica, la Fidae y otros de comunicación externa. Fue el jueves 14 cuando César Parra le propuso la eliminación de las actas, a lo que ella finalmente respondió con una renuncia.

Transparencia y la importancia de la historia que cuentan las actas del COSENA 

El 28 de septiembre de 2015, la periodista Catalina Gaete ingresó una solicitud al Estado Mayor Conjunto (EMCO), pidiendo que le entregaran “Las actas de todas las sesiones del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), desarrolladas entre 1989 y 2012, incluyendo los documentos sobre acuerdos o resoluciones adquiridas”, pero el EMCO se negó, argumentando que la información contenida en esos documentos comprometía la “Seguridad de la Nación” y que no tenían obligación de responder al requerimiento porque no formaban parte de la Administración Pública.
Al otro día de esta respuesta, Catalina apeló al Consejo para la Transparencia, ingresando un recurso de amparo a su derecho de acceso a la información, en el que aclaraba que el Cosena es una instancia asesora presidencial y que como tal forma parte de un órgano de la Administración Pública y que las actas, por ser antecedentes de un proceso histórico ya acabado, no afectaban la seguridad del Estado y eran de interés público.

Lo que hizo el Consejo para la Transparencia fue pedir un cuadro resumen sobre las materias que contenían las actas que yo solicité. Cuando revisaron, se encontraron con documentos donde se hablaba de Defensa Nacional, sobre movimiento de tropas y adquisición de material bélico, lo que efectivamente no se podía dar a conocer, por la normativa vigente y la seguridad del país. Pero también vieron que había actas en las que se hablaba sobre la reconciliación y la unidad, de la Comisión Rettig, de Derechos Humanos, de la designación de senadores institucionales y de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Se encontraron con escritos donde nuestros gobernantes estaban dando opinión y eso, a mi parecer, es un tema que compete a la ciudadanía más que a nuestros representantes, porque se trata de información que contribuye a la reconstrucción de la memoria histórica, de información que es importante que se sepa”, explica Catalina Gaete.

La apelación fue procurada y el 29 de marzo de 2015, el Consejo para la Transparencia, celebró una sesión ordinaria en la que se adoptó la decisión de acoger parcialmente el amparo, ordenando al jefe del Estado Mayor Conjunto la entrega de todos los documentos solicitados por Catalina, salvo aquellos relacionados con Seguridad Nacional y la detención de Pinochet en Londres. Esta decisión fue firmada por la presidenta del Consejo para la Transparencia, Vivianne Blanlot Soza y los consejeros Marcelo Drago Aguirre, Jorge Jaraquemada Roblero y José Luis Santa María Zañartu.

El “soplo” al EMCO y la filtración de transparencia 

A las 23:43 horas del día jueves 14 de abril de 2015, el diario La Tercera subió a su sitio de internet una nota titulada “Consejo para la Transparencia ordena revelar actas del Cosena” firmada por el periodista Andrés López, la noticia, que el viernes apareció en portada, informaba que el Estado Mayor Conjunto (EMCO), tendría que revelar los debates que había realizado el Consejo entre los años 1989 y 2005, en temas relacionados a la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, al nombramiento de senadores designados y la Comisión nacional de Verdad y Reconciliación. Advirtiendo que la instancia a la que se aludía estaba compuesta por el presidente de la república, de la Corte Suprema, del Senado, de la Cámara de Diputados, los comandantes de las Armada, La Marina y el Ejército, el contralor y el general director de Carabineros.
El escrito también incluía una cuña de la presidenta del Consejo para la Transparencia, Vivianne Blanlot sobre los pormenores del fallo y la aclaración respecto a que el EMCO no se pronunciaría porque desconocía el contenido del dictamen, lo que concuerda con la denuncia de Gaete.
Este medio consultó al Consejo para la Transparencia, sobre las fechas de notificación del fallo a las partes, y su directora jurídica, Andrea Ruíz, informó que a Catalina le envió una carta, que fue recibida por un conserje, el 7 de abril (A un domicilio en el que la periodista ya no vivía) y que el EMCO había recibido el aviso siete días más tarde, el 14 de abril.
Sobre cuál es la política que maneja Transparencia en lo referido a las resoluciones, Ruíz relevó que la institución no publica ni divulga las decisiones que adopta el Consejo, sin antes haber notificado a los dos partes involucradas, situación en la que pone especial cuidado aun cuando los resultados son parte de la información pública. Respecto a cómo La Tercera se enteró de este fallo antes que Catalina y el EMCO, la abogada dijo desconocer esa información.
Radio Villa Francia también llamó al periodista que firma la nota de La Tercera para preguntarle cómo obtuvo acceso a la resolución, explicándole lo grave que resultaba la filtración de Transparencia ya que podía interpretarse como la razón del ofrecimiento laboral a Catalina Gaete para destruir las actas. El profesional respondió que no se referiría al tema y que haría uso de su derecho a no revelar la fuente establecido en la Ley de Prensa (articulo 7 de la Ley 19.733).

Por su parte, el vice presidente del Colegio de Periodistas de Chile, Patricio Segura, consultado por Radio Universidad de Chile, señaló que “este es un tema muy grave y creemos que el ministro José Antonio Gómez tiene que dar explicaciones públicas porque este es un tema muy grave y sensible”. A eso, el dirigente destacó que “acá hay varios elementos involucrados, lo primero es una presión indebida por parte de un funcionario público a otro, en medio de un ejercicio ciudadano legítimo y que está establecido en la ley de transparencia”.

El mensaje opositor de La Tercera y El Mercurio 

A lo publicado por el diario que dirigía Guillermo Turner, (quien dejó La Tercera para integrar el directorio de la CMPC), el viernes 15 de abril, en donde se sugería directamente que la decisión del Consejo para la Transparencia podía ser impugnada por la Corte de Apelaciones de Santiago, días más tarde se sumó la divulgación de un escueto comunicado en el que Estado Mayor Conjunto advertía que “era solo un custodio de las actas del Cosena”, que “resultaba necesario determinar la situación jurídica de dichas actas” y que por esa razón serían “remitidos todos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, con el propósito de que se adoptaran los cursos que se estimaran pertinentes”.
El Mercurio por su parte, el 22 de abril publicó un editorial destacando que parlamentarios de diversos sectores se habían pronunciado en contra de la decisión del Consejo para la Transparencia.

A través de esa herramienta comunicacional, de propiedad de Agustín Edwards Eastman y dirigida por Cristian Zegers Aristía, se hizo hincapié en que el COSENA no es un órgano de la Administración Pública y se aseguró que, en este caso, Transparencia no tenía la autoridad necesaria para determinar aquello que compromete la seguridad nacional y lo que deber ser considerado como interés público, que había expandido sus atribuciones más allá de la prudencia y de lo contemplado por la Constitución y la Ley, que se había arrogado jurisdicción sobre un órgano constituido por las máximas autoridades de la Nación, que su celo en la defensa de la transparencia era un exceso y, recogiendo el guante de La Tercera, que el gobierno se encontraba analizando si recurría o no ante la Corte de Apelaciones de Santiago. (ver editorial de El Mercurio).

Respecto a esta última, Catalina Gaete expresó que es una vergüenza que un medio de comunicación salga a dar ese tipo de declaraciones, que lo único que persigue es influir en el poder judicial, en caso de que la discusión llegue a la corte. “Sabemos que el Cosena no es un órgano permanente de la administración del Estado, pero es una instancia consultiva de la presidencia y todos quienes lo integran forman parte de esa administración. Por eso, el argumento del EMCO fue inapropiado”, agregó.
Sobre lo ocurrido en el Ministerio de Defensa, Gate señala: “yo creo que lo ocurrido es una evidencia más de cómo el sistema político se resiste a los procesos que profundizan la democracia”, y agrega “la transparencia, el acceso a los datos profundiza la democracia, todo debería ser público, aún más después de la muerte de Aylwin, en donde se habló de lo difícil que fue para él gobernar. A través de estos documentos sabremos qué tan difícil le fue, realmente, gobernar a él, a Frei y a Lagos”.

El pasado 23 de abril, el Estado Mayor Conjunto (EMCO) remitió los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo que ha tomado parte activa en el asunto y desde donde señalan que estudiarán el caso y tomarán acciones acorde a la reclamación de legalidad pertinente, esto con el objetivo de restringir los documentos que el Consejo para la Transparencia autorizó a Gaete.

A nosotros nos toca cumplir una función muy concreta que es en aquellos casos que se trata de información reservada tratar de defender ese carácter, específicamente cuando se trata de actas que pueden comprometer información relevante para la seguridad nacional”, señaló el presidente del CDE, Juan Ignacio Piña.