Home » Movimientos territoriales » [REPORTAJE] Litio: “El negocio de pocos” ¿Quién lo entregó y quién se quedó con el mineral?

[REPORTAJE] Litio: “El negocio de pocos” ¿Quién lo entregó y quién se quedó con el mineral?

Este viernes 2 de febrero una serie de desvíos y cortes de tránsito congestionaron durante todo el día la Capital debido a la carrera de la Fórmula E, que se efectúa en pleno centro de Santiago.

Las vías alternativas junto con presentar una alta congestión vehicular, causó una gran molestia en vecinos y peatones del sector. El mismo viernes se instaló el último tramo de la pista para que hoy se desarrolle una de las fechas de la Fórmula E, por ello es que se cerró completamente la circulación de vehículos y buses en el tramo comprendido entre Eliodoro Yáñez y San Antonio.

Pero, ¿Qué hay detrás de la omisión a vecinos y habitantes de Santiago?, muchas voces señalan al Litio, como el punto en conflicto, hace pocas semanas, Corfo y SQM, cerraban sus litigios por “financiamiento irregular a la política”, para abrir paso al aumento de la cuota de extracción mineral (Litio) hasta 2030, con algunos requerimientos bastante particulares, es en este contexto, que se cierra un ciclo y planificación de varios Gobiernos, que venían implementando y tratando el tema Litio, al cual le puso firma definitiva el de Michelle Bachelet.

Revisa: Gobierno de Michelle Bachelet regala el Litio a SQM y aumenta cuota de extracción de minerales que estaba vigente hasta 2030

El pasado 29 de enero se llevó acabo una marcha organizada por varias organizaciones ligadas al Partido Comunista, mismo que es parte de la Nueva Mayoría, conglomerado del Gobierno de turno, mismo que terminó por entregar el mineral.

LA DISPUTA DEL LITIO EN CHILE

Grandes compañías trasnacionales han fijado su atención en el litio. Este metal se encuentra en abundancia en la zona norte de Chile y ha cobrado especial interés por las numerosas aplicaciones que tiene en la tecnología y en el proceso de desarrollo actual.

El mercado del litio parece un mercado prometedor. Las cifras lo avalarían. Si en 2015 la producción total de litio en Chile era de 56.000 toneladas, en 2016 pasa a 78.000, un 39% más. Chile abarca en torno al 35% de la producción mundial de litio. Sólo Australia posee la misma cuota de mercado que Chile (35%), por lo que ambos países se disputan el primer puesto como principal extractor de este metal. Además, se estima que el crecimiento promedio para este sector hasta 2025 será entre el 8 – 10% anual, lo que nos da a entender que hablamos de un mercado muy lucrativo, con gran capacidad de generar riqueza. Pero como siempre, debemos primero preguntarnos ¿para quién se genera toda esta riqueza?

 

CHILE PAÍS MINERO

Chile es un país tradicionalmente extractivista y minero. Eso quiere decir que la minería ha sido el sector económico que ha posibilitado en mayor medida la acumulación de capital en este país, aunque ha demostrado ser un modelo cuánto menos frágil (extrema dependencia de los precios internacionales), concentrador (la riqueza generada ha quedado tradicionalmente en manos de grandes capitales nacionales e internacionales) e insuficiente (en definitiva, no ha ni posibilitado el desarrollo capitalista en Chile). Así pasó con el salitre, principal exportación del Chile del siglo XIX, el cual costó además guerra con los países vecinos. Luego el país se especializó en el cobre, manteniendo esa enorme dependencia y ahora, la vanguardia sería el litio.

 

Para conocer más sobre las relaciones entre el subdesarrollo y el modelo extractivista, una lectura de la teoría sobre “La Maldición de los Recursos Naturales” en https://frenteeconomico.wordpress.com/2015/04/27/la-teoria-sobre-la-maldicion-de-los-recursos-naturales/

 

 

¿QUIÉN CONTROLA EL LITIO?

En la década de los 70 el litio se declara como recurso estratégico. Esto significaba que el Estado pasa a tener la propiedad, plenos poderes y la exclusividad en su extracción. Para la explotación de este mineral el Estado debe hacerlo vía empresa estatal o bajo acuerdo administrativo, exclusivamente. En 1968 nace la Sociedad Química y Minera de Chile (SOQUIMICH, SQM), una salitrera dependiente del Estado chileno a través de la CORFO y de capitales privados. En 1971 pasaría a ser controlada totalmente por la CORFO. En los 80, en plena dictadura neoliberal-militar se privatiza, junto a otras compañías industriales. A la propiedad de SQM entrarían entonces los principales fondos de pensiones o las conocidas como AFP. La dictadura crea las AFP, que pasan a estar controladas por las élites económicas nacionales. Este sería el instrumento que utilizarían estos grupos económicos –amigos, simpatizantes y hasta anteriores miembros de la dictadura de entonces-  para adquirir muchas de las grandes compañías del país, como bancos, mineras, industrias o transporte.

SQM LITIO

En los años 90 SQM se internacionaliza y en 1997 comenzaría su primera explotación de litio en el Salar del Carmen, en las proximidades de Antofagasta.

En 2012, ante el auge del uso del litio, el gobierno licita la extracción de litio de todo el país, que debía ser siempre en colaboración a la CORFO al tratarse de un denominado recurso estratégico. Cabe mencionar que SQM no es favorable a que el recurso siga teniendo este tratamiento legal, pues le impide tener la propiedad real sobre los yacimientos mineros de litio. SQM ofrece casi 20.000 millones de pesos (40 millones US$) en dicha licitación, en contraposición a los 8.000 (17 mill.US$) y 2.500 millones (5 mill.US$) que ofreció un consorcio coreano-japonés y el grupo Errázuriz, respectivamente.

En aquellos años SQM ya financiaba las campañas políticas tanto de los partidos de la derecha como la mal llamada izquierda. Además, la empresa tenía coqueteos con el Ministerio de Minería de entonces, quien le servía como apoyo para cometer fraudes al fisco. Era un favor a cambio del otro. Las facturas que servían para financiar campañas, de personas tanto de la Alianza como de la Nueva Mayoría, se declaraban como gastos de diversos conceptos. Así, conseguían disminuir contablemente los verdaderos beneficios y el verdadero uso del dinero de la compañía. El SII es el único organismo que posee la potestad para comenzar las acciones legales relacionadas con lo fiscal, aún así, no ha querido tomar ningún tipo de acción hacia la compañía al declarar que no existen los indicios suficientes (a pesar de existir amplia documentación al respecto). Se impide así que otros tribunales puedan profundizar en estas investigaciones. En otras palabras, las investigaciones bloqueadas. Llama la atención la prudencia que hay a la hora de conocer los autores de este fraude y de estas corruptelas.

En 2017 la SEC, el organismo regulador de EE.UU, multa a SQM con 30 millones de dólares por infringir gravemente la Ley de Prácticas corruptas en el extranjero (FCPA, en sus siglas en inglés), al realizar “pagos deshonestos” a políticos por unos 6.500 millones de pesos chilenos (15 millones de US$).

LAS RELACIONES DE PODER

Los tratos de dinero y negocios se suceden hace muchos años entre autoridades políticas y la minera SQM. Desde los años 80 que existen relaciones permanentes entre dicha empresa, las AFP y el poder político. Esta estructura nunca se modificó con la caída de la dictadura militar. En todo caso cambiaron las caras, pero los métodos se han mantenido. A parte de patrocinar candidatos, aunque siempre desde las sombras, han conseguido favores políticos y judiciales importantes, lo que da a pensar qué han podido haber más acuerdos bajo la mesa. El presidente del directorio y mayor accionista de la empresa es Julio Ponce Lerou: es ex yerno del dictador Pinochet. Patricio Contesse Fica fue el gerente de SQM, quien es hijo de Daniel Contesse Bachelet, también miembro del directorio de la empresa. Todos presentes en la época de la cual SQM habría cometido estas “irregularidades”. Samuel Donoso es abogado de Patricio Contesse y ex militante del PPD. La mayoría de posibles delitos cometidos por este directorio ya prescribieron, al ser la ley chilena especialmente laxa en cuanto a lo que financiamiento de la política refiere y ante la pasividad de las autoridades políticas.

 

LOS ACUERDOS DE BACHELET CON SOQUIMICH

Durante todo el gobierno de la Nueva Mayoría (PC, PS, PPD, PRSD, DC) se han obstruido las investigaciones a esta empresa. En algunos países con legislaciones más rigurosas, se prohíbe que el gobierno firme licitaciones o acuerdos con empresas sospechosas de cometer ilegalidades, como medida preventiva a la corrupción. Algo que en Chile parece lejos de suceder. A principios de 2018 (siendo aún presidenta Michelle Bachelet) gobierno, CORFO y SQM llegan a un acuerdo en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, poniendo fin a un litigio de varios años. Entre los asuntos acordados está, la cesión del Salar de Atacama para la explotación del litio hasta 2030. La salida de Julio Ponce, y la prohibición de que él o sus familiares dirijan la compañía hasta 2030 fue otra de las condiciones. Se busca “despolitizar” el directorio sacando a figuras o ex figuras políticas de él. CORFO calificó el acuerdo como “el mejor del mundo” y que suponía “la recuperación del litio para Chile” al asegurar que SQM pagaría un royalty del 30%. Según CORFO también, parte de la riqueza se pagará a la Región de Antofagasta, a las comunidades locales. Se consigue imponer procedimientos acordes a los de la OCDE y altos criterios de exigencia medioambiental a SQM. Después, está la opción de reserva. Ésta contempla la posibilidad de que la minera dedique un 25% de la producción de litio para su venta en Chile, en caso de que el Estado así lo requiriera (para proyectos de innovación y desarrollo, especialmente). El total de beneficio estimado de este pacto sería de 12.000 millones de dólares para el Estado, hasta 2030. Es decir, de unos 1.500 millones de dólares por año. Por último, el documento fue ratificado por el Consejo de Defensa del Estado.

Así es como el gobierno termina decidiendo, por tanto, dejar la producción y gestión del litio a una empresa condenada socialmente y con indicios de hechos poco honorables. Descarta de esa manera, la constitución de una empresa estatal o el uso de CODELCO para dicho fin, como algunos grupos políticos habían planteado.

EL INTERÉS DE TESLA

Los acuerdos consiguieron captar la atención de una gran transnacional, TESLA, la principal automotriz de vehículos eléctricos en el mundo. TESLA estaría interesada en construir una fábrica de procesamiento en Chile, al contar con el abastecimiento seguro de la materia prima clave para sus motores de baterías eléctricas. Parece probable que, distintas compañías mundiales, pondrán su atención en Chile ante la abundancia de litio y ante el entreguismo de los gobiernos del país, independientemente de su signo político. Si algo ha quedado en evidencia, es que SQM ha conseguido tapar y lograr todo lo que se ha propuesto a base de billete ¿Qué nos hace pensar qué si llega otra compañía, con aún más millones, no podrá conseguir nuevos espacios naturales y recursos de este país, saltándose incluso la legalidad?

LAS REACCIONES

Preguntados los partidos políticos, todos parecen estar en contra de esta medida en lo mediatico, a pesar de que el 55% de los parlamentarios votaron a favor del acuerdo el día 25 de enero de 2018. El día 29, el Movimiento “Litio para Chile” convocó distintas protestas en el territorio nacional, siendo la más destacada la ocurrida en Santiago. Esta marcha cruzaría la Alameda desde Plaza Italia hasta Los Héroes. Apenas avanzando por Avenida Portugal, esta marcha fue detenida por FF.EE de Carabineros, desplegando un operativo para sofocar la manifestación. En cuestión de minutos aparecieron más de 20 vehículos policiales, al menos 3 vehículos lanza-agua y 2 vehículos lanza-gases para un grupo estimado en unas 200-300 personas. Si bien con fuertes medidas, en esta ocasión no fue muy distinta a la ocurrida en otras manifestaciones, lo cierto, es que hubo mayor eco en este caso. Pero ¿por qué? ¿Será por el grado de violencia con el qué el guanaco de Carabineros se empleó con los manifestantes? Es poco probable, ya que el agua con componentes químicos nocivos, ha sido una práctica generalizada, durante todo el gobierno de Michelle Bachelet, así como el disparo directo al cuerpo ¿Será por qué se trataba del Movimiento “Litio para Chile”, un grupo contrario a las políticas del gobierno? Aparentemente tampoco, puesto que se veía a varios dirigentes ligados a la Nueva Mayoría.

Revisemos quienes están a la dirigencia de dicho movimiento:

  • Daniel Núñez: Diputado del Partido Comunista, partido de gobierno en la Nueva Mayoría.
  • Miguel Soto Roa: Coordinador general, presidente de la Confederación Nacional de Sindicatos y Federaciones de Trabajadores Metalúrgicos (CONSTRAMET)
  • Juia Requena: Vicepresidenta de CUT Chile.
  • Carlos Inzunsa: Presidente de la ANEF
  • Ricardo Calderón: Presidente de la Federación de Supervisores del Cobre (FEUC)

Sabiendo esto, cobra sentido que la marcha de aquel día fuera encabezada por Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT y de Daniel Núñez, diputado del PC.

Imágenes de la marcha a su paso por Avenida Portugal con Alameda, en Santiago.

Se produce el tradicional cinismo de la Concertación, ahora como Nueva Mayoría. Predicar lealtad al pueblo y a los trabajadores del país cuando en realidad legisla en favor de los intereses empresariales. Ellos rechazan la Constitución de Pinochet y el modelo neo-liberal pero participan de él, lucrándose hasta las orejas. Este modelo ha conseguido entregar la propiedad de los principales medios de producción y de riqueza del país a unos pocos. Industria, minería, transporte, telecomunicaciones, banca… todos ellos sectores entregados al gran capital nacional o internacional presente en Chile. Empresas que obtienen ganancias de millones de dólares y que continúan pagando salarios de hambre a sus trabajadores. Las liberalizaciones fracasaron, pues las empresas cobran precios abusivos a los consumidores al operar como monopolios, o en el mejor de los casos, como oligopolios (véase el caso de las carreteras concesionadas, las eléctricas…) Todo esto consentido por el gobierno chileno por más de 28 años, el cual no ha tenido ningún problema en adaptar la legislación a las necesidades económicas de estas compañías. Por otro lado, tampoco hay una protección del medioambiente y de las comunidades de las zonas afectadas. Se les priva de sus recursos básicos esenciales: la tierra y el agua, prometiendo compensaciones económicas que nunca llegan y que, cuando lo hacen, son en forma de camiones aljibes o la cesión de miserables terrenos ya explotados.

 

EL FRACASO DEL GOBIERNO

Las exigencias de las grandes compañías han conseguido modificar la legalidad tributaria, ambiental y laboral a favor de sus intereses, incluso en los gobiernos que dijeron ser de izquierda. Así ha quedado probado durante este gobierno de la Nueva Mayoría, supuestamente radical, pero capaz de satisfacer todas las exigencias de las instituciones de poder. Una reforma tributaria que no consigue cambiar la enorme desigualdad de Chile (una de las más altas del mundo), una reforma laboral que ofrece a las empresas los “servicios mínimos”, criterio OCDE para arruinar la capacidad negociadora de los trabajadores. Una reforma previsional que no altera un ápice el modelo de las AFP, quienes concentran el 70% del PIB chileno y pagan pensiones de miseria a los jubilados. Una reforma anti-delincuencia que devuelve las atribuciones que Carabineros tenía en dictadura, como el control preventivo y las detenciones arbitrarias (realmente, detenciones ilegales), además de compras multimillonarias en material para esta institución (blindados, helicópteros, patrullas, botas, vallas papales…), parte de ellas, fraudulentas. Una reforma del aborto que concilia las convicciones religiosas por encima de las necesidades de las mujeres, cubriendo apenas el 3% de los abortos que se producen en el país. Una reforma en Inteligencia precipitada por un poco creíble atentado en la estación de Escuela Militar, que amplía las facultades de espionaje del servicio de inteligencia y que se consagraría con el “Decreto espía”, obligando a las compañías telefónicas a guardar el historial de un dispositivo celular –metadatos- durante 2 años por si la autoridad se lo requiere. Un Estado policial instalado de manera permanente en La Araucanía, con los mayores abusos a DD.HH. producidos desde la época de Pinochet.

En efecto, la Nueva Mayoría se despide del gobierno sin que el pueblo tenga nada que agradecerle. Todo lo contrario, el pueblo tendrá que reorganizarse para salvar las luchas que el gobierno y sus amigos han intentado dinamitar y desorganizar, ya sea mediante reformas tibias y completamente insuficientes, o ya sea por la enorme represión ejercida. Esta represión sienta un peligroso precedente para el futuro gobierno, quien puede sentirse con grandes facultades para aplicar con dureza y legitimidad la violencia hacia nuestro pueblo. Algunos elementos de la Nueva Mayoría volverán a las calles, pero nosotros tendremos memoria para saber que, en realidad, sus disputas son por el poder, y las nuestras por lograr una sociedad mejor y más justa.