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¿Llegar y librar? Condenan a 5 años de libertad vigilada a Ejecutivos por el caso La Polar tras juicio abreviado

El Segundo Juzgado de Garantía de Santiago comunicó este viernes 18 de diciembre, las condenas en contra de los ex ejecutivos de la multitienda La Polar: Pablo Sergio Alcalde Saavedra, María Isabel Jazmín Farah Silva y Julián Moreno de Pablo, como autores de los delitos de lavado de de dinero e infracciones a la ley del mercado de valores y general de bancos, ilícitos perpetrados entre 2006 y 1011, en Santiago.

Por esta causa se condenó a los ejecutivos a 5 años de reclusión y el pago de una multa de 20 UTM. Además la “inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargo u oficio público durante el tiempo de condena y la inhabilitación especial de dos años para desempeñarse como gerente, director, liquidador o administrador a cualquier título de una sociedad o entidad sometida a fiscalización de la Superintendencia respectiva”. A esto se suma en el caso de Pablo Alcalde, el comiso de la suma de $220.000.000 (a pagar), Julian Moreno deberá cancelar el comiso de la suma de $ 228.089.469 y en el caso de María Isabel Farah, el comiso de la suma de $ 228.447.863, esto por concepto de los Bonos recibidos y parte de la ganancia en la venta de acciones usando información privilegiada.

El mismo tribunal, teniendo los antecedentes y reuniéndose los requisitos legales en la especie, les concedió a los tres condenados “el beneficio de la libertad vigilada, fijándose como periodo de observación de 5 años para cuyo efecto deberán presentarse dentro de quinto día de ejecutoriado el fallo ante el establecimiento de Gendarmería bajo apercibimiento de revocación quedando afectos a la supervigilancia de un delegado”.

Revisa el fallo del Caso La Polar

Reportaje de María del Pilar Uribe y Daniel Matamala: “Caso La Polar”:

La historia del gran fraude de la Multitienda La Polar

Más de un millón de clientes se vieron afectados por las repactaciones unilaterales (sin el consentimiento del cliente) que la empresa realizó a través de un software (automáticamente) y otra parte en base a una plataforma en donde ejecutivos repactaban (como política de la empresa) a clientes morosos ganando comisión por meta cumplida, proceso que al interior de la empresa se denominó “normalización”. De este modo la empresa aumentar por tal el valor y costo de las cuotas a pagar por el consumo adquirido y, de paso, limpiaba su cartera de clientes morosos que aumentaban el capital de riesgo. Esto hizo que el patrimonio de la empresa, con información adulterada entregada al mercado, creciera más de 4 veces del valor real. Por esto mismo, el valor de las acciones de la empresa se disparó, lo que la llevó incluso a expandirse fuera de Chile (La Polar abrió sucursales en Colombia) y los Ejecutivos de la empresa eran premiados con suculentos bonos. Lo llamativo del Caso La Polar es que ninguno de los organismos encargados de fiscalizar y regular el mercado alertó sobre el llamativo aumento de capitalización, cartera de clientes y capacidad de endeudamiento (clientes de segmento C3, D y E), tampoco ante la evidente adulteración de información financiera y la masiva venta de acciones por parte de sus ejecutivos antes de que estallara el escándalo en junio del año 2011.

A modo de ejemplo, un cliente compraba una plancha (para planchar ropa) que, producto de las repactaciones unilaterales, terminaba costando 1 millón 400 mil pesos. La repactación hacía que el cliente saliera de la morosidad -o sea, no era contemplado como moroso- bajando la tasa de riesgo por morosidad de la empresa, es decir, que de la masa de clientes que mantenían morosidad (deuda con la empresa) prácticamente desaparecía, algo bastante extraño pero que “no fue detectado” y con ello La Polar en poco tiempo logró posicionarse como una de las empresas del retail líder del mercado y con una baja tasa de riesgo. Esto hizo que varias AFP invirtieran en ella y compraran acciones, poniendo de hecho a directores independientes en ella sin advertir públicamente, el riesgo que se corría, de hecho las AFP llegaron a tener un 27% de las acciones de La Polar. Tras el escándalo la perdida de las AFP por el Caso La Polar fue de 257 millones de dólares, en junio del 2011.

Es más, el gerente general de la empresa, Pablo Alcalde, fue premiado como “el mejor ejecutivo de la década” por el Diario La Tercera, en base a una encuesta en donde gerentes de otras empresas y directores del IPSA votaron. En dicha oportunidad, Pablo Alcalde señaló: “Es un gran honor haber recibido este reconocimiento, el que debo compartir con todo mi equipo. Hace diez años asumí como gerente general de una empresa que estaba con muchas dificultades y gracias a un gran equipo de trabajo logramos sacarla adelante”.

ejecutivos la polar

En la fotografía: Pablo Alcalde, María Isabel Farah y Julian Moreno

La empresa La Polar en 1998 estaba concretamente quebrada. Así fue como el empresario argentino – japonés  Norberto Morita, compró la multitienda a la familia Paz en 1999. En ese momento, la empresa del retail estaba quebrada por lo que bastaron US$25 millones para tomar el control de la multitienda. Ocho años después, Morita vendería gran parte de su participación de La Polar en cerca de US$20o millones.

Fueron Norberto Morita y el empresario chileno y socio de éste, Raúl Sotomayor, quienes se dieron a la tarea de reclutar a quienes serían los gerentes de La Polar en el nuevo ciclo. Así reclutaron a Alcalde, María Isabel Farah y Julián Moreno, entre otros, a quienes les ofrecieron atractivos sueldos y un intrincado sistema de incentivos en base a bonos por resultados financieros. Además, el propio Morita les propuso crear Sociedades Financieras con el fin de bajar la carga impositiva y, con ello, participar como socios junto a Morita  adquiriendo de paso acciones de la empresa, los que les hizo ganar millonarios sueldos -en base a bonos por metas- y miles de millones de pesos producto de inversión sumados a ventas de acciones antes del escándalo.

Esto hasta que la burbuja estalló, revelando la real situación de la empresa -que presentaba perdidas- y el fraude de las repactaciones unilaterales que involucró a cerca de un millón de clientes, particularmente de sectores socio-económicos bajos.

Aunque parezca extraño, y de hecho lo es, ningún organismo regulador del mercado financiero y actores del mercado, varios de los cuales mantenían algún tipo de relación con La Polar, advirtieron el hecho. Fue un estudio jurídico (G & S) el que advirtió la obvia irregularidad en momentos en que hacía un análisis para un inversor particular que quería invertir en La Polar. Tras un analisis basado en información pública y disponible a través de internet, dieron cuenta que las cosas no cuadraban. La empresa superaba en ganancias a otras grandes del retail solo en base a la venta de la multitienda -no como otras que están diversificadas y que tienen supermercados, bancos e incluso multi ferreterías y más- además la base de clientes de La Polar estaba enfocada en el segmento C3, D y E, por lo que era irreal el nivel de endeudamiento -que se supone que casi no existía- que estos tenían, sumado a una serie de irregularidades que estuvieron por años a la vista y paciencia de todos los organismos y actores del mercado. Esto sumado a una demanda del Sernac por repactaciones unilaterales que ya estaba en curso y que la empresa y Sernac acordaron resolver, cuestión que La Polar terminó no cumpliendo.

Así el estudio juridico G & S envió su informe con consultas y las dudas planteadas a los organismos respectivos. De este modo el 31 de mayo del 2011 enviaron el informe vía mail electrónico a la SVS y el día 3 de junio lo hicieron por mano. Tras eso, la SVS los llamó para tener más antecedentes y de este modo estallaba el Caso La Polar.

Revisa análisis del caso La Polar.