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Londres 38, interpuso querella por delitos de secuestro calificado, asociación ilícita e inhumación ilegal, contra Pesquera Arauco

Durante la mañana del martes, Londres 38 – Espacio de Memoria interpuso una querella por los delitos de secuestro calificado, asociación ilícita e inhumación ilegal, en contra de directivos de la Pesquera Arauco y de ex agentes de la DINA. Londres 38, agrupación constantemente en lucha contra el olvido y la impunidad en materia de violaciones a los Derechos Humanos y que también recuerda que criminales de lesa humanidad siguen prófugos, ha lanzado la campaña “#TodaLaVerdadTodaLaJusticia”, la cual, dentro de sus fines, busca impulsar una línea de investigación que logre dar con responsables civiles y del mundo empresarial.

Dentro de esta campaña se enmarca la presentación de la querella de hoy, acción que fue interpuesta ante el ministro Mario Carroza, en contra de los ex agentes de la DINA:
– Pedro Espinoza Bravo, oficial del Ejército y director de operaciones del organismo represivo
– Alejandro Burgos De Beer, mayor de Ejército
– Humberto Olavarría Aranguren, oficial de la Armada, jefe de inteligencia económica de la DINA
– Orlando Jorquera Bravo, coronel del Ejército en retiro, segundo vicepresidente de la Empresa Pesquera Arauco S.A
– Gerardo Godoy García.

Además, la acción penal está dirigida contra todo el equipo directivo y gerencial de la empresa Pesquera Arauco:

-Hubert Fuchs, marino en retiro, administrador y gerente legal de la empresa pesquera fue el nexo entre la DINA y la empresa Standard Electric (según consigna un reportaje de CIPER publicado en 2009). Fuchs fue un hombre clave en el entramado de financiero que sostuvo al aparato represivo de los primeros años de la dictadura.
– Luis Verdevereu
– Carlos Paniaglia, director suplente
– Luis Arrieta Echegaray
– Salvador Lisboa Escobar.

La querella también apunta a los abogados representantes:
– Luis Díaz Andrades
– Luis Valdebenito Muñoz
– Humberto Calderón Luna.

Magdalena Garcés, abogada querellante, explicó al medio El Desconcierto que esta acción “se dirige a establecer la responsabilidad penal de los directores de Pesquera Arauco y Pesquera Chile. Eso sin perjuicio de que existen, durante toda la dictadura, otras empresas que colaboraron con la realización de crímenes como en este caso, a través de la facilitación de vehículos o infraestructura”.

Agregó que lo que se busca, además, “es determinar el destino final de los detenidos desaparecidos y acortar las brechas de impunidad que existen en Chile donde se ha responsabilizado a unos pocos, cuando existen mayores responsabilidades y muchos silencios cómplices que han permitido que hasta el día de hoy no sepamos dónde están”.

Por su parte, Erika Hennings, miembro de la agrupación Londres 38, afirmó: “Respecto a los que pasaron por Londres 38, que son 85 personas, eran sacadas y trasladadas a distintos centros, notablemente Tejas Verdes y Santo Domingo, ubicados en San Antonio. Tenemos investigaciones que dan cuenta que trasladaban a personas en sacos ya muertas. Es decir, la responsabilidad de la pesquera es muy importante en relación a estas personas desaparecidas”.

La agrupación de Memoria y Derechos Humanos realizó una investigación en relación a la participación de la Pesquera Arauco, la cual tras el golpe de Estado pasó a ser administrada y dirigida por Manuel Contreras y personeros de la DINA, quienes asumieron como miembros del directorio, junto a civiles afines a la dictadura. La investigación de Londres 38 no sólo recavó información sobre la participación de la empresa en el traslado de prisioneros, sino que también “existen teorías relacionadas con el uso de los grandes hornos de la pesquera para la desaparición de cadáveres y llama la atención que pese a la envergadura de la maquinaria con la que el recinto de San Antonio estaba provisto para fines de dicha naturaleza, no exista una investigación detallada sobre la utilización de este lugar durante los primeros años de la dictadura, considerando la trascendencia que otros medios de la pesquera Arauco como las camionetas y camiones, tuvieron en las actividades criminales de la DINA”.

“En términos de participación civil, no se ha hecho nada, por eso esta querella es tan importante. Hay muchas empresas que tuvieron que ver, sobre todo los primeros meses después de golpe. Las empresas del área social, que inmediatamente llegaron los dueños a recuperar, ellos delataron a los dirigentes sindicales, a los desaparecidos de los cordones industriales. La sociedad civil de esa época, es bastante responsable”, indicó a El Desconcierto Samuel Houston, quien fue detenido entre el 17 de marzo de 1974 y el 17 de septiembre de 1975, sobreviviendo a su paso por una serie de centros de detención y tortura.