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En la fotografía: Juez Mario Carroza  interroga a  Juan Emilio Cheyre, Regimiento en La Serena
En la fotografía: Juez Mario Carroza interroga a Juan Emilio Cheyre, Regimiento en La Serena

Nicole Jullian: “Difícil digerir que un Juez permita a Cheyre limpiar su imagen con la excusa de un Proceso de Paz”

Por Nicole Jullian*

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ienen huevo los chilenos! Eso fue lo que me expresó desde Bogotá el editor de Contagio Radio al enterarse este martes 14 de septiembre de la suspensión del arraigo nacional que pesa sobre el ex Comandante en Jefe, Juan Emilio Cheyre. La expresión hace referencia al descaro que significa que este ex militar, quien en este momento está siendo procesado por el asesinato de 15 presos políticos en el marco de la Caravana de la Muerte, haya obtenido permiso para participar desde el 30 de septiembre al 10 de octubre supuestamente como observador del proceso de paz en Colombia.

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La suspensión del arraigo repercutió no sólo en el movimiento de derechos humanos de Chile, sino que también ampliamente en la prensa colombiana y en la oficina de Jean Arnault, delegado de la ONU para el proceso de paz en Colombia. Mientras La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, consideró como “impresentable” esta resolución que favorece al ex Comandante, Arnault fue enfático al afirmar que cualquier persona, sea civil o militar, que tenga antecedentes penales no puede ser observador de paz. El lunes 13 de septiembre el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó por unanimidad el envío de 450 observadores a Colombia. Entre ellos se encuentran sólo dos militares. Cheyre no figura en ninguna lista.

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¿En calidad de qué va?, ¿representado a quién?, ¿al Estado chileno?, ¿cuál es la verdadera intención de Cheyre con este viaje? Hay un sinnúmero de preguntas en torno a la solicitud de Cheyre, quien claramente apeló a la lógica “en pedir no hay engaño”. No obstante muchas de las interrogantes se dirigen hacia el Juez que investiga la causa, Mario Carroza. Pues como bien lo señalara Alicia Lira, este permiso no hace sino ayudar una vez más a limpiar la imagen de este ex Militar, quien en momentos álgidos de la transición política chilena fuera presentado por el ex presidente Ricardo Lagos como el arquitecto de la transición militar. Las misiones de paz se guían por el principio fundamental de elegir a sus enviados en relación al comportamiento intachable de éstos. Cheyre está siendo investigado por el acribillamiento de 15 civiles y desde ese momento hay un serio manto de dudas sobre su participación en temas relativos a crímenes de lesa humanidad perpetrados en dictadura. Uno quisiera saber entonces con base en qué argumentos el juez Carroza consideró viable levantar la orden de arraigo para que este militar participara nada más ni nada menos que como observador de un proceso de paz. Lo mínimo que se hubiese esperado del juez Carroza es que éste corroborara si su participación en el proceso de paz de Colombia responde realmente a una invitación oficial del gobierno colombiano, o de las Naciones Unidas o si responde al pedido expreso del gobierno chileno. Pues de lo contrario, no se explica que en una situación como ésta el peligro de fuga de este ex militar detenido no haya sido determinante para rechazar la solicitud presentada por el abogado de Cheyre, Jorge Bofill. Por su parte, el abogado querellante en la causa Caravana de la Muerte relativo a los episodios de La Serena, Cristián Cruz, presentó un recurso de apelación frente a la decisión del juez Carroza y a más tardar antes del 30 de setiembre debiera conocerse la decisión del tribunal.

El rol de Chile en el proceso de Paz en Colombia

Junto a Venezuela, el gobierno de Chile fue desde un principio elegido como observador de las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla FARC-EP. Los países garantes aquí son Cuba y Noruega, ellos son los que está presentes de manera permanente en la mesa de negociación de La Habana. Mientras sobre la labor de estos dos últimos no cabe duda alguna que fue fundamental para determinar el curso que tomaron las conversaciones en cada una de las fases del proceso, la ayuda otorgada por Venezuela en la fase secreta de las conversaciones iniciada en el 2011 y en la posterior coordinación del envío de los miembros de la guerrilla hacia Cuba no ha sido menor. Analizando el aporte de estos tres países, el rol de Chile en este proceso ha sido, a lo menos, insignificante. Incluso es absolutamente un misterio si el gobierno chileno tuvo en algún momento un enviado especial para el proceso de paz en Colombia.

Pero volvamos a lo que nos preocupa. Y lo que nos preocupa no es tanto la absurda solicitud del abogado de Cheyre para que su cliente salga en “misión de paz” hacia Colombia, sino más bien la decisión del juez Carroza quien hace algunos días ordenó suspender el arraigo nacional que pesaba sobre el ex Comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio del Sagrado Corazón de Jesús Cheyre Espinosa. Y el punto es que Carroza sorprende con esta decisión, pues no sería exagerado decir que este juez se ha ganado un voto de confianza por parte de la comunidad de derechos humanos de Chile.

A fines de septiembre de 2013 y luego de reconocer omisiones de responsabilidades durante el régimen militar y de insistir, a su vez, en el compromiso que asume el Poder Judicial en el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad, la Corte Suprema dio a conocer que los jueces que llevan causas de derechos humanos en Santiago tendrán dedicación exclusiva para este tipo de indagatorias. La medida comenzó a regir el 1 de octubre del 2013 sin fecha de caducidad.

Debido a esta dedicación exclusiva tengo la sensación de que la sociedad chilena empieza a visibilizar con más claridad a las “estrellas del rock” que tiene el poder judicial. Una de ellas es, sin duda alguna, el juez Mario Carroza. Carroza es conocido como el juez que ha estado detrás de los casos más emblemáticos de DDHH. Por cierto, ya en el 2010 la Corte Suprema lo había nombrado juez con dedicación exclusiva para investigar casos de ejecutados políticos. Carroza ha investigado las muertes de Pablo Neruda, de Salvador Allende, de Jaime Guzmán, el homicidio calificado de Rodrigo Rojas de Negri y el homicidio frustrado de Carmen Gloria Quintana en lo que se conoce como el “caso quemados”. Y esto es sólo una muestra de los casos de alto impacto que investiga. Hoy en día, Carroza tiene una nueva misión como ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago: dar con la verdad y hacer justicia en lo que respecta a lo ocurrido en el episodio Serena de la “Caravana de la Muerte”. Se trata de 15 prisioneros políticos que fueron acribillados en el polígono de tiro del regimiento de Artillería N° 2 Arica de La Serena. 14 de ellos fueron trasladados desde la cárcel pública de La Serena a dicho lugar, mientras que una última persona fue sacada desde los calabozos del mismo regimiento. Los hechos ocurrieron el 16 de octubre de 1973.

El 7 de julio de 2016 y en el marco de esta investigación Carroza impartió orden de detención en contra de nueve ex militares. En calidad de autores están siendo procesados Ariosto Lapostol Orrego, Víctor Hugo Alegre Rodríguez y Armando Fernández Larios. En calidad de cómplices están siendo procesados Juan Emilio Cheyre Espinosa, Jaime Ojeda Torrente, Hernán Valdebenito Bugmann, Guillermo Raby Arancibia, Hugo Leiva González y Mario Vargas Migueles. En aquella época Ariosto Lapostol era el Comandante del regimiento, Juan Emilio Cheyre en tanto era su secretario.

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El coronel (R) Ariosto Lapostol no es una figura desconocida en investigaciones judiciales por violaciones de DDHH. Él ya había sido investigado por el homicidio calificado del matrimonio compuesto por Bernardo Lejderman (argentino) y María Avalos (mexicana), asesinados el 8 de diciembre de 1973 en un sector aledaño a la zona de Vicuña por miembros del regimiento N° 2 Arica de La Serena. El caso fue “investigado” por la justicia militar y en 1992 ésta dictó sobreseimiento definitivo, pues supuestamente la responsabilidad penal se encontraba extinguida. Pero el hijo de este matrimonio, Ernesto Ledjerman, quién además sobrevivió a los disparos que dieron muerte a sus padres, interpuso una querella en el año 2000. Los hechos apuntaban al ex comandante Ariosto Lapostol, al ex brigadier Fernando Polanco y a los ex suboficiales Luis Fernández Monje y Héctor Vallejos Birtiola. Nuevamente se abrió el caso, no obstante el ministro Joaquín Billard prosiguió de la misma manera que la justicia militar optando por la prescripción de la acción penal a favor de los 4 ex militares, quienes quedaron absueltos en julio de 2006. Finalmente en 2009 la Corte Suprema dictó sentencia definitiva por el homicidio calificado del matrimonio Lejderman-Ávalos y condenó a cinco años y un día de cárcel a Fernando Polanco, Héctor Vallejos y Luis Fernández. Ariosto Lapostol fue absuelto por falta de participación.

Es altamente cuestionable que el ex General Cheyre nunca haya figurado en las investigaciones del homicidio del matrimonio Lejderman-Ávalos, a pesar de que hoy se sabe que al mismo Cheyre le correspondió la misión de llevar al hijo de este matrimonio, de dos años y medio de edad, a un orfanato en La Serena a cargo de unas religiosas. El menor habría pasado ahí dos o tres meses hasta que sus abuelos lo vinieron a buscar desde Argentina. Cheyre, quien para 1973 tenía el rango de teniente y en la línea de mando era la segunda persona después de Ariosto Lapostol, está siendo hoy procesado en calidad de cómplice por hechos ocurridos en octubre de 1973. Pero frente al asesinato del matrimonio Lejderman-Ávalos ocurrido dos meses después Cheyre insiste en no saber nada de nada.

En el programa El Informante de TVN de agosto de 2013 (cuando participó de un “cara a cara” con Ernesto Lejderman) Cheyre se atrevió a decir que él también ha sido “víctima” de las mentiras del ejército. A él sólo le habrían dicho que esta guagua (bebé) fue abandonada en una caverna por un matrimonio que se habría dinamitado y que su tarea era entregarla al convento de La Serena. Él nunca habría entendido esta situación de este niño abandonado en una especia de caverna. Cheyre sólo se daría cuenta de la verdad de lo ocurrido en 1998, a pesar que el caso Lejderman-Ávalos forma parte del informe Rettig publicado en 1991. En el programa el periodista le pregunta por qué tardó en leer el informe Rettig: “yo nunca leí el informe Rettig hasta que asumí los puestos de jefe de Estado Mayor que fueron en los años posteriores”. Pero por qué no lo leyó, le pregunta el periodista: “porque no te llegaban, no eran de dominio público. El informe Rettig fue rechazado por el Ejército, por el Comandante en Jefe de la época. Yo soy el que reconozco por primera vez el informe Valech y asumo que el informe Rettig tiene validez.” A lo largo del programa Cheyre insiste que el caso de Ernesto Lejderman es un caso que lo ha marcado toda la vida, entonces el periodista pregunta una vez más por qué no revisó el informe Rettig, al menos por curiosidad, al menos para saber si aparecían los padres de este niño que, como él dice, lo había marcado toda la vida:, “el, el …, yo en esos años no tuve…, no se… la … el, el detalle…, la preocupación…, la…, el tiempo…, no por darme el tiempo …, sino que porque estos hechos no los veía como lo que eran”.

Bajo el gobierno del Presidente Lagos y en pleno tiempo de transición los partidos de la concertación honraron a Cheyre como el General del mea culpa, como el General que reconoce (algo ya conocido por todos) que al interior del ejército se cometieron graves violaciones de derechos humanos. En su conocido mea culpa en noviembre de 2004, días después de haber ordenado el cierre del Batallón de Inteligencia del Ejército (relacionado con los asesinatos de Tucapel Jimenez, Juan Alegría y Eugenio Berríos), Cheyre va a ser el primer comandante en jefe del Ejército que reconoció la existencia de una política institucional que diseñó, implementó y permitió graves violaciones de derechos humanos contra prisioneros políticos entre 1973 y 1990. No obstante, Cheyre justifica estos hechos ocurridos al interior del Ejército por los efectos colaterales de la doctrina de la guerra fría. Cheyre se dirigió a la nación diciendo: “El Ejército de Chile tomó la dura, pero irreversible decisión de asumir las responsabilidades que como institución le cabe en todos los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado.” Y es que Cheyre dice de sí mismo haber sido un Comandante en jefe que asumió un compromiso integral con la verdad.

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Cheyre es una figura que supo vender la imagen del militar de la transición. Hoy está siendo investigado por los hechos de la Caravana de la Muerte, pero aun así, él consigue que se le levante el arraigo nacional, pues él mismo sostiene que él tiene cosas más importantes que hacer por la paz de Colombia. Lo grave no es la capacidad de invención de un militar, pues Chile ya está curado de espanto con esto. El punto difícil de digerir es que un juez de la altura de Mario Carroza haya permitido que Cheyre pueda limpiar su imagen con la excusa de ser un supuesto observador de paz del proceso de Colombia.

*Nicole Jullian es Politóloga de la Latin American Studies – Freie Universität Berlin, de nacionalidad chilena trabaja además en el área de Derechos Humanos en Colombia y es columnista de Contagio Radio, en Bogotá, Colombia.