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Nuevo reglamento penitenciario permite beneficios a condenados por crímenes a los DDHH si señalan “arrepentimiento”

Esta semana se publicó en el Diario Oficial -y por tanto entró en vigencia- el nuevo reglamento de establecimientos penitenciarios, que modifica los beneficios a los internos y que revisa salidas a los condenados y los distintos beneficios a los que estos pueden acogerse.

El mismo había generado expectativas y discusiones, esto luego del anuncio de la Presidenta Bachelet -en diciembre pasado- durante la promulgación de la ley que forma la Subsecretaria de Derechos Humanos, misma que depende del Ministerio de Justicia. En aquella oportunidad, Bachelet anunció la modificación del reglamento penitenciario con el fin de restringir los beneficios a los militares condenados por crímenes a los DDHH. En el anuncio, la presidenta Bachelet apuntó a la necesidad de “ponernos al día con la normativa internacional que restringe beneficios intra-penitenciarios a quienes han sido condenados por violaciones a derechos humanos, por lo que se trabajará en estas indicaciones para la reforma constitucional y la ley que declara imprescriptibles e inamnistiables los delitos de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio”.

El anuncio de Bachelet se pronunciaba sobre los casos de beneficios carcelarios que, diferentes militares condenados, ya habían accedido, entre ellos, los condenados por el emblemático Caso Degollados.

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Sin embargo la expectativa generada en las agrupaciones de Derechos Humanos y de familiares de víctimas de la Dictadura, se vio truncada luego de conocerse el reglamento finalmente publicado. En la modificación final del Decreto N° 518 (de 1998) del Ministerio de Justicia se mantienen los beneficios carcelarios, dentro de la legislación vigente, a los violadores de Derechos Humanos, solo agregándose el requisito de “arrepentimiento” de aquel -ya condenado- que se acoge al beneficio.

En el punto 6 del reglamento se lee lo siguiente:

Que no obstante, de tratarse de delitos cuya naturaleza pugna con los más elementales derechos de que goza la persona humana, no procede prohibir la concesión de beneficios intrapenitenciarios a quienes fueren condenados por la participación de los mismos, aún cuando hubiesen sido perpetrados en el contexto de violaciones a los Derechos Humanos, sin perjuicio de lo cual si se justifica elevar el estandar el otorgamiento de dicho beneficio”.

Sin embargo, en el punto 7 se reconoce la complejidad considerando lo señalado por la Corte Interamericana de DDHH (CIDH), quien ha señalado que “se debe tener presente que su ortorgamiento indebido puede eventualmente conducir a una forma de impunidad“.

Es así que, al informe del Consejo Técnico, la buena conducta, la autorización del jefe del establecimiento (penitenciario) y la ratificación del Director Regional, que son procedimiento habituales, se suma -para acceder al beneficio- la aportación y cooperación durante la investigación -que ha sido cuestionado por lo subjetivo- y el arrepentimiento expresado del crimen por el que se haya sido condenado.

Revisa: Reglamento de Establecimientos Penitenciarios (Publicación Diario Oficial). 

El reglamento final, fue duramente criticado por familiares de víctimas de la Dictadura. Entre ellos, la abogada Carmen Hertz, quien señaló que “la legislación internacional no habilita a concederles beneficios carcelarios a los delincuentes de lesa humanidad porque significaría una suerte de indulto encubierto“. Por su parte, Manuel Guerrero -hijo de uno de los profesores del Caso Degollado- publicó en su cuenta de Facebook su molestia con el reglamento finalmente publicado. Guerrero publicó: Gravísimo. ¿En qué parte del programa de Gobierno de la Nueva Mayoría está que se otorgaría beneficios carcelarios a crímenes de lesa humanidad?.
Por su parte, el abogado Cristian Cruz, querellante del Caso “Caravana de la Muerte”, señaló que el reglamento contradice el derecho internacional que es bastante claro con los crímenes de lesa humanidad y por tanto, los condenados por violaciones graves a los derechos humanos no pueden acogerse a beneficios solo aduciendo “arrepentimiento”, pues según el abogado, “salvo los sicópatas, todos los criminales de crimines de DDHH dirán que están arrepentidos para acceder al beneficio“.

La medida – de la posibilidad de beneficios para violadores a los DDHH- ya había sido denunciada y criticada por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), quienes durante la primera semana de febrero, hicieron pública una declaración en la que se critican el que aún no se haya cerrado Punta Peuco y los casos en que se ha otorgado beneficios carcelarios a condenados por crímenes de lesa humanidad y, que mantener o ampliar esto es un atentado a las victimas de los Derechos Humanos.

Por su parte, el abogado Jorge Balmaceda, defensor de varios militares condenado por crímenes de lesa humanidad, también hizo reparos al reglamento según consigna El Mercurio. Según el abogado, “el problema que han tenido mis defendidos es que han colaborado con la investigación y han señalado todo lo que ellos saben, pero los jueces estiman que no hay colaboración. Entonces, depende de qué colaboración quieren, porque muchas veces ellos dicen que los pusieron a víctimas a disposición de determinada unidad, y no saben más“, concluyó.