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Nuevos antecedentes derriban la tesis de la PGR y el gobierno mexicano respecto lo sucedido en Ayotzinapa

Justicia para ayotzinapa

Luego de la última investigación realizada por los periodistas Anabel Hernández y Steve Fisher para la revista Proceso, termina por derrumbarse la ya frágil tesis del gobierno y la Procuraduría General de la República (PGR) respecto a lo acontecido con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos en Iguala. Y al cambiar la versión de los hechos, también cambian y se entienden de otro modo las motivaciones que pueden haber llevado al ataque que además le costó la vida a 3 normalistas, durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27.

Las pruebas, que corresponden a 2 meses de investigación y una serie de documentos y registros hasta ahora desconocidos, demuestran que los hechos relatados por el Procurador General, Jesús Murillo Karam, no corresponden a como estos ocurrieron realmente, sembrando una duda aun mayor a una investigación que ya era profundamente cuestionada por los padres de los normalistas y la sociedad mexicana.

El principal responsable no fue el Narco

 

Lo primero que se puede destacar en la versión que la logrado rescatar la investigación de Proceso es que el cartel de Guerreros Unidos no fue protagonista del asesinato y desaparición de los normalistas. Tampoco correspondió únicamente a la policía municipal de Iguala, como se pensó y se dijo en un inicio y fue reafirmado por las autoridades, sino que también participaron activamente y de forma protagónica la Policía Federal y el Ejército.

Este punto desmiente de forma rotunda y fehaciente de que se trataba simplemente de una asociación entre el alcalde de Iguala, Luis Abarca, su mujer y los narcotraficantes de Guerreros Unidos. Es más, hay una contradicción flagrante entre la versión dada oficialmente, de que el ataque había sido ordenado para evitar que los normalistas arruinaran un evento de la esposa del alcalde, María de los Ángeles Pineda, cuando como bien señala Anabel Hernández en entrevista con Arístegui Noticias, dicho evento terminó mucho antes de haber iniciado el ataque a los normalistas. Los estudiantes llegaron a la central de autobuses pasadas las 21 horas y el evento de la esposa de Abarca ya había terminado a las 20:00 horas, evento que según el relato dado por la propia PGR habría sido el móvil detonante de reación para evitar que los normalistas interrumpieran o protestaran en el mismo,

Todo esto, sumado al testimonio de los normalistas, y una serie de videos suministrados por ellos (y que se pueden ver a continuación), los cuales muestran que la participación de la policía federal es un hecho. Los mismos normalistas relatan la existencia de dos tipos de policías distintos en el ataque. Junto a ello, están las informaciones del C4 (Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo) de Chilpancingo que confirma la presencia de la policía federal y estatal en el lugar de los hechos y la coordinación entre las policías.

Según consta en registros y documentos, como el expediente de la causa penal HID/SC/02/0993/2014 que es la causa que se abrió contra los policías municipales de Iguala, en donde se pueden constatar varias contradicciones en las versiones hasta ese momento dadas. Además los estudiantes estuvieron siendo monitoreados desde que salieron hasta que llegaron a Iguala y los hechos ocurrieron en una calle (avenida) muy transitada.

Como último dato, Anabel Hernández también relata a la periodista Carmen Aristegui, que para sacar las declaraciones utilizadas por la Procuraduría General de la República (PGR), los miembros de Guerreros Unidos que fueron interrogaron fueron sometidos a torturas y apremios ilegítimos, por los que sus declaraciones fueron forzadas.

El enigma de Cocula

 

Otro indicio lo trae la ciencia, ya que investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma Metropolitana pusieron a prueba los argumentos sostenidos por la Procuraduría General de la República respecto a como se procedió a arrojar e incinerar los cuerpos de los 43 normalistas. Nuevamente la versión oficial y respaldada por el gobierno cae. Ni la forma en que se pudieron arrojar los cuerpos al tiradero (o con la cantidad de personas que se decía contar), ni por la forma de incinerarlos la versión cobra crédito. Se hubiesen requerido 33 toneladas de leña, o casi mil neumáticos para lograr incinerar esa cantidad de cuerpos.

Todas estas interrogantes, al menos tendría que poner muchas más personas en la escena del crimen, o bien desmentirla del todo. También se refuta la posibilidad de llegar a los 1.600 grados centígrados en el exterior, necesarios para que que sea posible la cremación.

De este modo, lo señalado en cuanto como desaparecieron los cuerpos se convierte en una teoría refutable desde la ciencia y la lógica, y nos plantea muchas más dudas que respuestas de lo que realmente ha ocurrido con los 43 normalistas rurales desaparecidos.

Una motivación política y represiva

 

Ante la evidencia casi total de que la verdad no ha salido a flote, y que peor aún, todo parece indicar que actuaron agentes del estado central como la Policía Federal y el Ejército, es que nos lleva a preguntarnos por que ocurrió el tiroteo y la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Si no fue por orden de José Luis Abarca (el entonces alcalde de Iguala) y su mujer, María de los Ángeles Pineda, ¿quiénes y por qué mandaron a atacar a los normalistas de Atotzinapa? Todo parece indicar que la motivación fue política.

Anteriormente RVF trató el proyecto político de Ayotzinapa y las escuelas normales rurales en México, un proyecto de carácter revolucionario y transformador de la sociedad, que mediante la toma de conciencia y autogestión desafían al poder establecido. Y eso sumado a los antecedentes entregados por Proceso, en donde se ve que al menos uno de los desaparecidos correspondían al Comité de Lucha Estudiantil, y otros diez al Comité de Orientación Política e Ideológica, muestra que con el ataque se buscó apuntar y perseguir a los cabecillas de la organización, y a los sectores más conscientes y movilizados de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

Es por esto, que luego de los antecedentes tanto por Proceso como por los los científicos de la UNAM y la UAM, al desmentir la versión oficial, incorpora a nuevos actores a la escena del crimen, miembros del Estado de México, y ya no únicamente de Guerrero o Iguala. También al desmentir esto y la participación protagónica del narco, es que las motivaciones políticas y de persecución al proyecto normalista como objetivo del ataque, se hace más visible que nunca.

Es por lo mismo que es necesario apuntar hacia los verdaderos responsables, exigir saber el paradero de los 43 normalistas desaparecidos, y principalmente impedir las desapariciones y las persecuciones políticas de parte tanto del narcotráfico como del Estado de México. Porque hoy más que nunca tiene sentido el señalar que es el Estado el responsable de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa.

 

Registro tomado por los normalistas del tiroteo y ataque de la Policía local y la Policía Federal, durante la noche del 26 de septiembre (vía Proceso):