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Parque Cultural Ex Cárcel: Justicia acoge demanda contra ministra Barattini por “discriminación política” #LeyZamudio

En resolución de 7 de mayo, el Tercer Juzgado en lo Civil de Valparaíso, dio curso a la demanda por “Discriminación Arbitraria” y política –en virtud de la “Ley Zamudio”- en la constitución de la Asociación Parque Cultural de Valparaíso.
La demanda fue presentada por la Corporación Parque Cultural ex Cárcel, representada por su vocero el escritor Francisco Marín; y por el Sindicato de Trabajadores Independientes de Valparaíso (Sittival), en la persona de su presidenta la actriz Ximena Nuñez. El abogado recurrente es Carlos Sandoval.
Estas organizaciones fueron excluidas de la nueva Asociación que dirige los destinos del Parque Cultural de Valparaíso Ex Cárcel, sin justificación alguna, en circunstancias que fueron principales impulsoras de su puesta en marcha y de su reconstrucción.

Esta acción se da en un momento en que el Ministerio de Cultura enfrenta un difícil escenario en la interna, en medio de acusaciones por parte de funcionarios de la repartición; agrupación ANFUDIBAM y la Asociación Gremial de Trabajadores por el Patrimonio, quienes cuestionan a la actual ministra Barattini por su poco diálogo y transparencia en el proceso de la nueva institucionalidad del organismo y en los proyectos llevados a cabo. Así, los trabajadores han decidido romper diálogo con la Ministra. Esta situación es reflejo de lo que acusamos a la dirección del Ministerio, nulo diálogo y transparencia, señala uno de los patrocinantes de la demanda enmarcada en la “Ley Zamudio”

La acción judicial va dirigida contra el Consejo Nacional de la Cultura (CNCA) –representada por la Ministra Claudia Barattini-, contra la Municipalidad de Valparaíso y su alcalde Jorge Castro, contra la Intendencia Regional de Valparaíso y su titular Ricardo Bravo, y contra la organización Ciudadanos por Valparaíso, que es representada Vanessa Vásquez Grimaldi, entre otros.

La Corporación Ex Cárcel y SITTIVAL fueron los miembros más críticos del manejo político que se mantuvo dentro de la Organización Funcional Comunitaria Parque Cultural de Valparaíso; como del proceso para la constitución de la nueva Asociación, y del contenido de los Estatutos de la misma. Ahí deben encontrarse las razones de la exclusión y es lo que deberá investigar la justicia.
Según lo que señaló Marín, la Ministra Barattini nunca recibió a estas organizaciones, “en circunstancias que su antecesora la ministra Paulina Urrutia, tuvo con nosotros decenas de reuniones de trabajo que tuvieron como fruto la construcción del nuevo Parque Cultural”.
En relación con el intendente Bravo este dirigente señaló: “éste fue el más activo y tenaz promotor de la exclusión de las organizaciones ciudadanas de la nueva Asociación”.

Añadió Marín: “Esto es grave si se considera que en 2008 –cuando él era gobernador de Valparaíso- ordenó el desalojo ilegal de este Parque Cultural, acción que fue desautorizada por la justicia”.
Los demandantes buscan mantener la esencia de este proyecto que es “la construcción conjunta entre Estado y ciudadanía de un parque cultural para Valparaíso proceso que se ha visto tergiversado debido al negativo liderazgo ejercido por la ministra Barattini, el Intendente Bravo y el alcalde Castro”.

Como se señala en el escrito de la demanda, “no existen antecedentes de hecho, ni fundamentos legales o estatutarios, ni tampoco un proceso racional y justo, que justifiquen la exclusión de ambas organizaciones de la constitución de la Asociación Parque Cultural de Valparaíso”.
Los recurrentes piden que se deje sin efecto el proceso de constitución de la nueva Asociación Parque Cultural de Valparaíso “y se establezca un plazo prudencial, para reestudiar los Estatutos de la nueva Asociación y su forma de constitución; para que sean incorporadas más organizaciones ciudadanas, culturales y/o artísticas de Valparaíso, además de las cinco organizaciones históricamente consideradas; y se aumente a cuatro los cupos para dichas organizaciones al interior de su Directorio”.
El Tribunal dio a los denunciados un plazo de diez días hábiles para que informen al Tribunal.

Escucha al abogado Carlos Sandoval: