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¿Qué es el Decreto 116? Lo que debes saber del nuevo decreto sobre vivienda social

Dejamos a continuación un texto de nuestra sección “Con Manzanitas” en donde se expone, de manera detallada y entendible, en qué consiste el Decreto 116 -en vigencia recientemente- que trata sobre el anunció de la construcción de miles de vivienda sociales, sin embargo este nuevamente privilegia al sector privado y pone un nuevo marco institucional que afecta y lesiona gravemente a las organizaciones y movimiento por la vivienda que han surgido en las último tiempo y que han ido generando instancias participativas y serias de construcción y desarrollo de la vivienda social, cuestión que esta medida no solo pasa por alto sino que la limita y restringe gravemente. Es en el contexto de generar insumos e información precisa en esta área -y otras más- que dejamos a continuación este trabajo que repasa, desglosa y explica esta medida hoy ya en vigencia.

El Decreto 116 y lo que debes conocer

 

Por Colectivo por la Vivienda Popular

 

  1. ¿Qué es el decreto supremo 116?

    Un decreto supremo es un tipo de Ley dictada directamente por el Presidente de la República y que se preocupa de detallar otra Ley de mayor importancia, pero que es demasiado general. En este caso el decreto supremo 116 especifica que se construirán 35.000 de ciertas características y que podrán ser adquiridas mediante el subsidio del Estado. El decreto supremo 116 está vigente desde el 7 de febrero del presente año.

  1. ¿Quiénes son los beneficiados que podrían adquirir una de estas 35.000?

Los beneficiados son las llamadas familias vulnerables (conformadas por familias pertenecientes al I Quintil de Vulnerabilidad según la Ficha de Protección Social) y las familias de sectores medios (conformadas por familias con capacidad de ahorro y capacidad de endeudamiento bancario, con un puntaje máximo de 13.484 puntos en la Ficha de Protección social).

Los proyectos habitaciones deberán incluir un porcentaje de viviendas destinadas a familias vulnerables y otro porcentaje destinado a familias de sectores medios.

  1. ¿Cuáles serían los objetivos del decreto supremo 116?

Según lo expresa el gobierno, el Decreto Supremo 116 tendría tres objetivos principales: el primero de ellos sería contribuir a la reactivación económica del país a través de la construcción de una gran cantidad de viviendas; el segundo de estos objetivos sería hacer efectiva la entrega de viviendas a aquellas familias que ya tienen un subsidio, pero que durante años no se les ha dado una solución habitacional concreta; finalmente, el último objetivo sería permitir la integración social y facilitar la participación ciudadana.

  1. ¿Por qué este Decreto de vivienda social prioriza la reactivación económica?

El objetivo principal del Decreto Supremo 116 no sería dar a las familias una solución habitacional de calidad y a la medida de las necesidades de los sectores más vulnerables. El objetivo principal de este decreto es mover la economía, facilitando principalmente que las constructoras participen en la mayor cantidad de proyectos habitacionales. A ojos del gobierno, mientras más proyectos habitacionales se construyan, más trabajadores se contratan, más materiales de construcción se compran y más produce las empresas que venden o facilitan los materiales de construcción. Por eso el gobierno señala que el Decreto Supremo 116 es un plan de “reactivación económica”.

Lamentablemente, desde principios de los ‘90 la política de vivienda ha sido la misma: es más importante asegurar ganancias a las empresas privadas que participan en las etapas de construcción de viviendas, que solucionar los problemas de la calidad de estas viviendas, de su ubicación, del entorno y conectividad de los barrios y de la participación activa y principal de las familia en los proyectos habitacionales donde ellas mismas van a vivir. En resumen, no existe problema en que el gobierno quiera reactivar la economía incentivando a las empresas a construir. El problema real es que se priorice la ganancia de las empresas privadas a costa de un bien tan básico, necesario e importante como la vivienda, sobre todo si esta ha sido deficiente durante décadas.

Es tanta la importancia que el gobierno le dio a la reactivación y ganancia económica de los privados, que el decreto supremo 116 fue debatido en todo momento junto a la Cámara Chilena de la Construcción. El 17 de diciembre del 2014, la Ministra Paulina Saball anunció a la prensa el decreto 116 y dijo que su objetivo es promover la reactivación económica a través de una convocatoria al sector privado para que desarrolle y ejecute de proyectos habitacionales. Mientras la Ministra daba la noticia a la prensa, a su lado se encontraba el Presidente Subrogante de la Cámara Chilena de la Construcción. La Ministra recalcó que los privados serán los encargados de solucionar lo que el Estado no ha hecho y luego, de forma aberrante, hizo entrega del Decreto Supremo 116 al propio representante de la Cámara Chilena de la Construcción, antes incluso que este Decreto fuera definitivamente aprobado y fuera un decreto oficial.

Por otro lado, el Decreto Supremo 116 continúa con la política del acceso a la vivienda social mediante crédito bancario. Esto quiere decir que familias de sectores medios continuarán accediendo a la vivienda mediante el subsidio del Estado y una deuda bancaria.

  1. ¿Por qué el Decreto incentiva que postulen familias a las que ya se le asignaron subsidios?

Además de asegurar que los privados apuesten por la construcción de viviendas sociales, el Decreto intenta revertir los efectos de la política de entregar subsidios que no se concretan en la entrega de una vivienda, es decir, subsidios de cartón o de papel que no han tenido ningún efecto.

Esta política que consiste en entregar subsidios, pero no viviendas, se practicó durante todos los gobiernos de la Concertación, pero sobre todo el gobierno de Sebastián Piñera. La idea era contener las demandas de familias y de movimientos sociales que exigían y exigen soluciones habitacionales con urgencia. De esta forma, al entregarse estos subsidios de papel, las familias tienen la impresión errada de estar siendo escuchadas y de que el Estado les entregará pronto su casa.

La construcción de 35.000 viviendas no sólo permite que las empresas privadas reciban grandes ganancias, sino que resolvería el gran problema del gobierno de que existen 35.000 subsidios que hasta hoy en día son de papel. Lamentablemente, si bien se entregarán viviendas, estas no necesariamente cumplirán con las necesidades que tienen las familias (por ejemplo, la calidad de la vivienda o la ubicación de esta). Además, si bien el monto de los subsidios aumentó, gran parte de este subsidio se gasta en la compra o adquisición del terreno donde se construirán las viviendas, quedando poca parte del subsidio que pueda ser utilizada en la construcción de la vivienda.

  1. ¿El decreto supremo 116 efectivamente quiere solucionar la segregación social?

La integración social es un concepto que se usa definir la construcción de viviendas donde vivan familias de distintas realidades sociales y económicas, construcciones que forman los llamados “barrios integrados”. El Decreto Supremo 116 exige que los barrios que se construirán estén integrados tanto por familias vulnerables como por familias de sectores medios, pero no se hace cargo de los posibles problemas que podrían generarse entre familias con realidades diferentes.

En otros países existen barrios integrados, pero es una política de vivienda amplia que contempla medidas sociales para hacer efectiva la integración social. Los países nórdicos tienen las mejores políticas de barrios integrados, pero en esos países la construcción de viviendas sociales es realizada por organismos sin fines de lucro o empresas de vivienda de propiedad municipal, instituciones que conocen perfectamente las realidades de cada zona o comuna. El país que tiene mejores condiciones de integración social es Finlandia donde se han tomado políticas sociales adecuadas como: considerar y proteger a la vivienda social como un derecho constitucional, regular el financiamiento de la vivienda, fijar las características de calidad de la vivienda, señalar el precio y el uso que puede darse al suelo, especificar los tipos de vivienda y el derecho que tienen las familias sobre esas viviendas (si serán dueñas o sólo tendrán derecho de uso sobre las viviendas), etc. Con estas medidas no hay riesgo que las diferencias entre las familias se acentúen, logrando que las viviendas, así como sus barrios y sus conexiones, no tengan grandes diferencias ni de calidad ni de arquitectura.

Sin embargo, la realidad es que en Chile prácticamente no existen barrios integrados, como tampoco se ha planteado una política seria para construir estos barrios.

Al parecer el Decreto Supremo 116 exige la construcción de barrios integrados sólo como incentivo económico para las constructoras y entidades patrocinantes, y no como política de integración social. Cuando el proyecto habitacional considera las construcción tanto de viviendas sociales como de viviendas para sectores medios, motiva a las constructoras a invertir en estos proyectos, porque si bien no recibirán grandes ganancias por la construcción de viviendas sociales si recibirán ganancias por la construcción de las viviendas de mayor valor.

  1. ¿El Decreto Supremo 116 permite la participación ciudadana?

No, no la permite. No hay ninguna instancia en que las familias que postulen puedan opinar sobre sus nuevas viviendas y barrios. La realidad es que un organismo intermedio (que puede ser una sociedad, cooperativa, grupo estatal o municipal) presenta un proyecto habitacional al SERVIU (Servicio de Vivienda y Urbanismo) y este proyecto se aprueba. Después que este proyecto habitacional es aprobado, el organismo intermedio (que también se llama entidad patrocinante o desarrolladora) ofrece a las familias que postulen para que se les adjudique una vivienda diseñada por este grupo intermedio.

Por lo tanto, las familias postulan al proyecto habitacional una vez que este ya fue diseñado por la entidad desarrolladora y conversado previamente con el Serviu respectivo.

Entonces, las familias no proponen un proyecto habitacional sino que se suman a un proyecto ya creado. Este proyecto ya tendría un terreno asignado que podría estar ubicado en cualquier lugar del límite urbano y no necesariamente en el lugar o comuna de origen de la familia. Además estos proyectos ya tendrían asignado un número de viviendas que construirán y por lo tanto, un número máximo de familias que pueden postular (ver la lista de proyectos acá).

Como Coordinadora de Vivienda Popular creemos que esta política de asignación de viviendas desincentiva, de forma muy efectiva, la participación de las familias en los Comités de Vivienda y Allegados. Se les dice a las familias que tienen hace años un subsisio, que se acerquen a las empresas privadas porque estos les asegurarían la postulación a un proyecto habitacional concreto, aunque este proyecto no cumpla con las necesidades de la familia en particular. La función del Comité como asociación que crea, discute y propone un proyecto habitacional popular y participativo, pierde la razón de ser. Así, no habrá espacio para hablar de una nueva política de vivienda social.

  1. ¿Y finalmente, qué pretende este nuevo decreto?

Evaluamos el Decreto Supremo 116 como una herramienta que da a los privados privilegios en la construcción de viviendas sociales, y el Estado gana porque bajará el descontento social de las familias que tienen subsidios habitacionales y no les han construido sus casas. De paso, elimina la organización social y pretende crear integración social en los barrios a la fuerza: sin cambiar nada y sin mayor preocupación por la calidad de las viviendas. No hay, tampoco, participación ciudadana real ni un plan de convivencia social para los nuevos barrios.

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 * Facebook: Colectivo x la vivienda popular