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Senadores aumentaron pena para quienes filtren investigaciones Judiciales. Medida afectaría al rol de la prensa

En medio de la votación de la polémica “Agenda Corta Anti Delincuencia”, el Senado aprobó en sala -el pasado martes- una serie de indicaciones -ya aprobadas por unanimidad- que provenían de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta. La votación general fue de 28 votos a favor. Entre las indicaciones que se aprobaron una pasó casi desapercibida y hoy preocupa por las posibles repercusiones de la misma.

Se trata de una indicación ingresada en enero por el Senador Harboe, la cual fue discutida y votada unánimemente por los senadores, Hernán Larraín (UDI), Alberto Espina (RN), Pedro Araya (IND), Felipe Harboe (PPD) y Alfonso De Urresti (PS) integrantes de la Comisión de Constitución del Senado. La medida amplía los plazos de reserva de la investigación (de 45 a 90 días) y aumenta las sanciones a las filtraciones del trabajo de los fiscales, alcanzando “pena de presidio menor en su grado mínimo a medio”, es decir, de 61 a 541 días.

Según consigna hoy el diario La Tercera, que publica parte del acta de la comisión, el Honorable Senador señor Espina “puntualizó que la situación que plantea la indicación tiene lugar preferentemente cuando se producen filtraciones de la carpeta investigativa”. Con esto, el Senador expresó que “esa información, difundida por los medios de comunicación social, importa una verdadera condena anticipada del imputado”.

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En una sesión posterior, el presidente de la UDI, senador Hernán Larraín, insistió en “establecer alguna forma de sancionar las filtraciones”. En esto coincidió el senador Harboe. Luego,  Andrés Montes, Fiscal Nacional Subrogante (e hijo del Senador Carlos Montes) quien asistió a la Comisión de Constitución, sostuvo que muchas de las filtraciones “son realizadas por personal ajeno al Ministerio Público”, luego que expira el plazo de 40 días de reserva.

Medida apuntaría a evitar filtraciones en la prensa que han afectado a la clase política 

La medida -aprobada en el Senado- se da en un contexto de escándalos políticos en medio de los casos Penta, SQM, Corpesca y Caval, varios de los cuales han terminado filtrándose en la prensa y que ha complicado transversalmente a la clase política. Es más, varios de estos casos han derivado en nuevas aristas luego de que se filtraran a la prensa parte de la carpeta investigativa. El caso más reciente sucedió con el caso del ex Senador Pablo Longueira, quien estaba envuelto en medio de la investigación del Caso SQM, pero que hasta el momento solo era cuestionado por posibles “delitos tributarios”, como lo confirmó el propio Fiscal -que lleva el caso- Pablo Gómez en una entrevista el pasado 13 de febrero, en donde precisaba que no habían otros delitos por los cuales se estuviera investigando al ex Senador. Fue tras la publicación (filtración) de CIPER, que daba cuenta de los mails intercambiados entre Longueira y Contesse (Gerente general en ese entonces de SQM) en agosto del 2010, que se abrió la arista “Caso Royalty” y el Senador, según confirmó el propio Fiscal Gómez al día siguiente de la publicación, pasó a ser investigado por el delito de Cohecho (corrupción).

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Por su parte, la Fiscalía ha emitido un comunicado este viernes precisando el alcance de la indicación, señalando que la medida no afecta a los Fiscales. De hecho, según señala dicho comunicado, “la norma aprobada no menciona en ningún momento a los Fiscales como sujeto particular de sanción, toda vez que esta situación ya estaba regulada para todos los funcionarios públicos en los artículos 246 y 247 del Código Penal por medio de la figura general de violación de secretos“, (ver declaración de la Fiscalía Nacional). Es decir, la sanción solo se aplica a terceros que filtren información de la carpeta investigativa (a la que se acaba de aumentar el plazo de 45 a 90 días de reserva), no a los Fiscales -pues ya están regulados en los articulos 246 y 247- lo que pone en la mira a abogados (de las partes en el proceso judicial) y a los periodistas, entre otros, que terminen “filtrando” los antecedentes que, basados en la discusión de la comisión y el “espíritu” de la enmienda, generen una “condena mediática” antes de que se pronuncie, finalmente, la justicia. Medida que claramente está en sintonía con los escándalos políticos del último tiempo.

Mientras tanto, los senadores De Urresti y Araya, han defendido la medida. Según De Urresti, presidente de la Comisión de Constitución del Senado, señaló que la medida viene a ayudar en medio del clima de desconfianza que sacude actualmente al país, esto pues “se establece una mayor rigurosidad en relación a la obligación de reserva, por lo que nadie puede llamarse a suspicacias cuando se pide pleno cumplimiento de la ley”, señaló. A si mismo, el Senador Araya, precisó que la medida “no solo se aplica a las investigaciones políticas. Hay que pensar en los casos de tráfico, lavado de activos y terrorismo, que también requieren de reserva”, señaló.