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Testigo clave en reapertura del Caso Luchsinger – Mackay: “La PDI y los Fiscales me amenazaron y obligaron a mentir”

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urante la audiencia de formalización, en el Juzgado de Garantía de Temuco, la tensión y la expectación era palpable, una cantidad importante de funcionarios de gendarmería se apostaban en toda la sala y con sus miradas rodeaban todo el lugar. Al otro lado del vidrio se encontraba gran cantidad de prensa, atenta a registrar cada movimiento y declaración. La jueza, Alejandra García, dio inicio a la sesión mientras, algo apretados, los imputados, visiblemente nerviosos, escuchaban los antecedentes de la Fiscalía. Sin embargo, todo cambió cuando José Peralino, el testigo clave y quien fuera planteado por la propia Fiscalía como la razón principal de las detenciones y avance en la ampliación de la carpeta investigativa, se sentó en el estrado y comenzó a relatar frente a la jueza, que el testimonio dado por él era falso y que había sido dado bajo la presión de funcionarios de la PDI y la Fiscalía.

El rostro del fiscal Andrés Chiffelle demostraba incomodidad y no era menor, pues este acababa de presentar los antecedentes al tribunal, señalando que  la pista clave para dar con los ahora imputados había sido la declaración voluntaria de uno de los imputados, (Peralino) el cual -precisó el fiscal-  habría estado motivada por el “agobio y cargo de conciencia del mismo”. Chiffelle se refería a la declaración -según consigna un documento- dada el 23 de octubre del 2015 por Peralino frente a dos fiscales y funcionarios de la PDI. En dicha declaración, -en la que no hubo un abogado presente- Peralino señalaba “queríamos quemar, pero yo no quería que los viejitos murieran”, según registra la transcripción. Además, el ahora testigo clave, señalaba que “el grupo había acordado guardar silencio… pero su conciencia pudo más”.

Previo a eso, durante la madrugada del miércoles 30 de marzo, alrededor de las 03:20 horas, se desplegaba un gigantesco operativo de alrededor de 100 efectivos policiales, que incluyó desde Santiago al “Equipo de Reacción Táctica” (ERTA) de la PDI, quienes allanaron 20 casas y tomaron detenidas a 11 personas -10 hombres y una mujer- quienes fueron detenidos en diferentes localidades: Lleupeco, Tres Cerros y Rahue.
Se trataba de: José Arturo Cordova Transito (hermano del machi Celestino Cordova), la machi Francisca Linconao Huircapan, José Tralcal Coche, Juan Tralcal Quidel, Luis Sergio Tralcal Quidel, Aurelio Catrilaf Parra, Hernán Catrilaf Llaupe, Sabino Catrilaf Quidel, Sergio Catrilaf Marilef, Eliseo Catrilaf Romero y José Manuel Peralino Huinca (el denominado “testigo clave”).

Golpes fuertes en las puertas, gritos, insultos y linternas apuntando al rostro. Varios de los familiares presentes durante las detenciones, relataron lo que fue una verdadera noche de horror, rabia e impotencia. “Llegaron insultando, botando todo y sacando de la cama jalando del cabello a mi hermano“, relata uno de los familiares de un detenido.

Las presiones políticas 

Durante la mañana de ese miércoles, el Fiscal Regional, Cristian Paredes, mantuvo una conversación por teléfono con el ministro del interior Jorge Burgos, la llamada dio cuenta del avance de la investigación y en ella se dio detalles de los detenidos y otros antecedentes. En La Moneda aún había preocupación sobre algunos de los antecedentes, pues la solidez de los mismos implicaba que el gobierno se hiciera parte en la querella por la ley anti terrorista, algo que todavía generaba tensión al interior de Palacio. El gobierno, tras recibir los antecedentes, envió a la zona al subsecretario del interior (s) Luis Correa Bluas, para presentar -por parte del gobierno- la querella por delito terrorista contra los nuevos imputados del reabierto Caso Luchsinger – Mackay.

Fue el pasado 29 de diciembre, durante la visita que la presidenta Michelle Bachelet hizo a la Araucanía, cuando en reunión en la Intendencia se conversó -de manera general- la petición de la familia Luchsinger y la Asociación Rural de Víctimas de la Araucanía, de que el gobierno tomara acciones en causas que afectaban a agricultores y empresarios de la zona en el contexto del “conflicto mapuche”. En esa reunión estuvieron presentes 2 de los hijos del matrimonio Luchsinger – Mackay fallecidos en el atentado del 04 de enero del 2013, se trataba de Harald y Ewalds Luchsinger.

reunion intendencia araucania - bachelet

reunion en Intendencia Araucania – 29 diciembre 2015

Para los Luchsinger y otras asociaciones, el gobierno debe invocar la Ley Anti Terrorista en la zona, esto es lo contrario a lo señalado por Bachelet durante su campaña presidencial, que en ese entonces señaló que no ocuparía, bajo ningún caso, la Ley Anti terrorista en el marco del “conflicto mapuche”, agregando que dicha medida había sido un error durante su primer mandato. Para la familia Luchsinger y organizaciones gremiales, esto es un error y, el gobierno, debe insistir en ocupar dicha herramienta, particularmente en el caso emblemático de dichas organizaciones como lo es el Caso Luchsinger Mackay.

Cabe mencionar que durante el juicio del Caso Luchsinger – Mackay, se condenó al Machi Celestino Cordova a 18 años por el delito de incendio con resultado de muerte, sin embargo el tribunal descartó -la tesis del gobierno, que era parte querellante- de que el hecho se tratara de un delito de carácter terrorista. De este modo, en un juicio rápido y si bien, nunca se acreditó científicamente que Cordova estuvo en el lugar y que el disparo en su pecho correspondía al arma de Werner Luchsinger, la condena fue ratificada por la Corte Suprema.

La sentencia, que si bien logró una condena alta para Celestino Cordova, fue leída como una derrota por la familia Luchsinger Mackay y las organizaciones gremiales de la zona, esto porque al descartarse el delito terrorista, en uno de los casos emblemáticos y también en otros, afecta directamente al discurso y exigencia por parte de las organizaciones gremiales, rurales y empresariales, de que en la Araucanía -y otras zonas- hay terrorismo y, por lo mismo, el Estado de Chile debe tomar medidas en esa línea y, de paso, dejar de “dialogar con organizaciones o movimientos terroristas”, pasando más allá del discurso y acciones que ven, en los ataques, solo hechos delictuales. Es por esto que el gobierno ha mantenido diversas reuniones de coordinación y enviado más efectivos policiales, en algunas zonas -como Tirúa- incluso se ha impuesto, de facto, un estado de excepción, pero no formal, a la vez que discursivamente se insiste que solo se atiende a hechos delictuales.

Es por esto que la reapertura del caso Luchsinger – Mackay plantea, nuevamente, instalar el discurso, empujado por multigremiales, empresarios, latifundistas y parlamentarios de la región, de que “en la Araucanía hay terrorismo”.

Es en este contexto que Jorge Burgos, quien oficia por estos días como vice presidente del país, manifestó durante la misma mañana del miércoles, su conformidad con la diligencia de la fiscalía y valoró positivamente el avance en la investigación de este caso.

El revés de la Fiscalía:

Testigo clave denuncia en audiencia presión para dar falso testimonio 

La fiscalía presentó como testimonio clave y fundamental de la reapertura de la causa, la que dicho sea de paso, motivó la detención de las 11 personas y que daba nuevos antecedentes a la carpeta investigativa, la declaración dada el pasado 23 de octubre del 2015 por parte de José Peralino, frente a Fiscales y funcionarios de la PDI (ver declaración completa). Peralino ya había declarado ante fiscalía y la PDI -por el Caso Luchsinger – Mackay- en noviembre del 2013, así como otras personas, sin embargo no hubo antecedentes para formalizarlo. Desde ese momento, señalan familares y el propio José Peralino, funcionarios de la PDI mantuvieron vigilancia sobre su casa y movimientos. Así fue como hace unos meses, fue llamado por funcionarios de la PDI y se le dijo que “tenían una grabación de él hablando con su novia en donde se adjudicaba una supuesta acción contra una antena“. Peralino aclaró frente a los funcionarios de la PDI que aquello era una broma y que si querían investigaran. Fue allí, según relató el propio Peralino ante la jueza en la audiencia de formalización, cuando comenzaron las presiones para que declarara por el Caso Luchsinger – Mackay, las que se hicieron constantes y persistentes. Así fue como se llegó al 23 de octubre en donde, tras amenazas y persistente presión, Peralino terminó firmando una declaración basado en un relato dado por funcionarios de la PDI y la Fiscalía. Así, por espacio de casi 20 minutos, Peralino detalló paso a paso en plena audiencia de formalización, como su testimonio fue presionado para “mentir y decir cosas que no son ciertas“. Fue así que Peralino aseguró que tras eso, “entró el fiscal Chiffelle presente y me dijo Peralino firma aquí, no vi bien porque yo estaba tiritando nervioso de miedo, igual el Vilches (funcionario de la PDI al que Peralino identifica) me estaba presionando, su jefe me estaba presionando”, sentenció.

La defensa de Peralino anunció desde ya que interpondrá un recurso de amparo (ver aquí) y que apelará al arrestó domiciliario total que se le aplicó.

Revisa la declaración completa de Peralino en la audiencia de formalización: 

A pesar del evidente revés en la audiencia de formalización, la Jueza Alejandra García Bocaz, decretó la prisión preventiva para 10 de los 11 imputados y la medida cautelar de arresto domiciliario total para José Peralino con protección policial, mientras dure la investigación la cual se fijó en 60 días. Por su parte el Fiscal Chiffelle le bajó el perfil a lo declarado por Peralino en la audiencia de formalización, quien desmintió su declaración anterior y señaló que “fue amenazado y obligado a declarar“. Para Chiffelle, eso es normal y su declaración pudo deberse al miedo, “pero ya hay una declaración firmada“. En la misma línea, el Fiscal Regional Cristian Paredes, señaló que “no es ninguna novedad que se haya desdicho de su declaración“. Respecto a lo señalado por la defensa de los comuneros, en relación a la baja calidad de las pruebas y que toda la reapertura del caso -como se filtró a la prensa- se basaba en el testimonio de Peralino, mismo que fue desmentido por él mismo en la audiencia, Chiffelle señaló que “aquí nunca vamos a tener una prueba concreta, porque quienes podían decirnos lo que pasó allí murieron. Lo que tenemos es una prueba indiciaria, pero mucha prueba indiciaria”.

Por parte de la defensa de los comuneros y la machi, el abogado  Pablo Ardouin y la abogada Karina Riquelme, se demostraron sorprendidos por la dura medida cautelar tomada por la jueza ante la evidencia del testimonio dado en la misma audiencia por Peralino. Además apuntaron a la Fiscalía y la baja calidad de las pruebas presentadas. Riquelme señaló: “aquí vemos claramente que hay un trato distinto“, en relación a la decisión del la jueza de garantía, medida que buscaran revertir en unos días. Además Riquelme agregó que “lo ocurrido con Peralino no es nuevo, las presiones y amenazas han sido constantes en caso como estos, no es primera vez que lo vemos, por lo mismo en un estado de derecho es importante la demostración científica y contundente de las pruebas, no una declaración autoinculpatoria como la mostrada que vemos como se ha caído“.

A las afueras del tribunal, familiares y cercanos de los imputados manifestaban su impotencia y rabia frente a la prisión preventiva decretada por el juzgado. Mientras eso ocurría, personal de gendarmería y carabineros custodiaba la salida de Werner Luchsinger, hijo del matrimonio fallecido, quien también estuvo presente junto a dirigentes gremiales de la región.

La destacada dirigenta mapuche, la longko Juana Calfunao, quien mantiene protección del CIDH y se desempeña como observadora de DDHH del pueblo mapuche para la ONU, declaró al medio werken.cl que “aquí claramente hay un montaje. A un joven (Peralino) lo torturaron y obligaron a declarar, joven al que siguieron y presionaron por casi 3 años para obligarlo a armar esta mentira, pues previo a esto era un juicio insostenible. El Estado quiere hacer desaparecer a nuestro pueblo, porque no quiere que peleamos por nuestra tierra. Y esta jueza, que tiene muy poca experiencia y con mucha presión, las dejó a 2 meses detenidas a todas las personas detenidas, incluyendo a la machi. A mi me da una impotencia tan grande como el Estado manipula, ahora que vienen las elecciones, para decir que aquí hay terrorismo, pero ellos son los terroristas“, sentenció.