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(Fotografía: Javier Torres /ATON)

Trabajadores de la educación del SUTE y CNTE pidieron respuestas a MINEDUC por descuentos y despidos en Renca

Este martes 4 de agosto, trabajadores de la educación agrupados en el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación  (SUTE) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), se dirigieron al Ministerio de Educación para plantear una serie de dudas y cuestionamientos tanto a los proyectos de ley que dicho ministerio ha mandado y piensa mandar al Congreso, como también respecto a la necesidad de que el MINEDUC tome cartas en el asunto respecto a la recalendarización del año escolar, como asimismo de los descuentos que profesores han recibido luego del Paro Docente que duró 57 días, y del despido de 33 docentes en la comuna de Renca, producto de lo mismo.

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SUTE y CNTE durante el Paro Docente del 2015

Estas organizaciones, que han tenido un importante crecimiento desde el Paro Docente de finales del 2014, no solo porque presentan una alternativa más comprometida en la lucha de los docentes que el Colegio de Profesores -cuya dirigencia bregó por acabar con el paro aunque no se cumplían las condiciones del retiro del proyecto de Carrera Docente-, sino que son organizaciones de tipo sindical que no solo reúnen a profesores, sino a todos los trabajadores de la educación, del mismo modo que el antiguo SUTE que, nacido en 1970, fue truncado por el Golpe Cívico-Militar de 1973, y que era hasta ese momento el gran órgano que reunía a todos los trabajadores de la educación en torno a sus demandas.

De este modo, representantes de estas dos orgánicas se reunieron con asesores del Ministerio, en donde le presentaron  en primer lugar, lo recomendado por la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), según el convenio Nº 1933, respecto la necesidad del cumplimiento del seguro de vejez, de invalidez, y en donde se exige el incremento de salarios y un diálogo entre partes mediante el establecimiento de una mesa técnica, amplia y en donde integre no solo a docentes, sino a todos los trabajadores de la educación.

Luego de aquello, se plantearon serías dudas respecto al cumplimiento del calendario escolar 2015, cuya responsabilidad recae en definitiva al Ministerio de Educación, y que se ve especialmente difícil de lograr si es que desde al menos en 60 comunas del país se ha procedido a descontar los sueldos de los profesores que se movilizaron, y sin tener ningún plan de recuperar las horas perdidas sin utilizar las horas no lectivas.

Se trata de una serie de municipalidades que tomaron la decisión de descontarle horas a los profesores que se movilizaron, en mayor medida como una forma de castigarlos por luchar por mejores condiciones laborales y una mejor educación. Una medida que se considera abusiva y que golpea duramente a la vida de los docentes y sus familias, los cuales han quedado sin la mayor parte del sueldo del mes recién pasado.

Esto se vuelve más grave en el caso de Renca, en donde desde la municipalidad se ha procedido a despedir a 33 profesores, y en donde ni el Ministerio ni el Colegio de Profesores han logrado dar una respuesta suficiente a dicha situación, y donde a todas luces se trata de una medida de castigo por parte de la Municipalidad de Renca y su alcaldesa Vicky Barahona.

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Se consideraron que dichos asuntos como el descuento de lo sueldos de los profesores, el despido de los 33 en Renca como de la necesidad que el ministerio se haga responsable de que la recalendarización no signifique el aumento en el agobio laboral de los profesores, que ha sido uno de los motivos principales de la extendida movilización que los docentes sostuvieron durante casi dos meses, no puede esperar, y que se trata de un tema urgente. En ese sentido se emplazó a la cartera a que se actúe de forma inmediata para que se encuentre una solución real a dichos asuntos.

También se habló de la agenda venidera que plantea el MINEDUC respecto a las reformas educacionales, en especial respecto al proyecto de desmunicipalización, que durante los próximos meses debería entrar al Congreso, pero lo central fue la exigencia en lo inmediato, y en el cómo desde dicha cartera debe proteger la educación pública, y el aseguramiento de la recuperación de clases en condiciones laborales justas y no desde una postura unilateral de las municipalidades.