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Tras 30 años cierran “Radio comunitaria Madipro” en Aysén y formalizarán a pobladora por “transmitir ilegalmente”

Tras tres décadas de funcionamiento y de informar y conectar a la comunidad de Villa O’Higgins, una de las localidades más apartadas país, esta semana dejó de transmitir la radio Madre de la Divina Providencia, conocida genéricamente como MADIPRO. La decisión fue adoptada por los pobladores a cargo de su funcionamiento, luego que la fiscalía de Cochrane iniciara una investigación por operar sin autorización. El próximo 28 de marzo se realizará la formalización contra la pobladora Yaline Riveros Sáez, Directora y responsable legal de la Radio Madipro, por transmitir ilegalmente e infringir la Ley de Telecomunicaciones.

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De este modo, la 94.1 FM dejó de emitir para los pobladores de Villa O´Higgins, concretando así el cierre de una de las radios más antiguas del sur del país. La Radio Madre de la Divina Providencia, más conocida como Madipro, tuvo que poner fin a su transmisión por no contar con licencia, cuyo acto está penalizado por el artículo 36 b, letra a, de la Ley General de Telecomunicaciones.

La denuncia original fue realizada ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones por la ex encargada de la radio Bernardo O’Higgins, dependiente del gobierno comunal.  Tal fue el resultado de una pugna que se inició en el año 2013, cuando el alcalde asumido Roberto Recabal (IND apoyado por RN) instaló la emisora municipal como una forma de competir con la histórica estación.  Permisos en mano, el edil realizó una serie de cuestionamientos a la radio MADIPRO, que es operada por los propios pobladores y organizaciones locales como una forma de tener diversidad en las informaciones de la comunidad.  Esta independencia no sería vista con buenos ojos por la máxima autoridad local, que mantiene un férreo control sobre la radio que depende de la Municipalidad.

Y es que las comunicaciones en Villa O’Higgins es un tema vital, debido a su aislamiento. La localidad es un poblado de 550 habitantes, en el final de la Carretera Austral en la Patagonia chilena, ubicado a 600 kilómetros de Coyhaique, la capital de la región de Aysén, y a 280 kilómetros de Cochrane, donde está el hospital más cercano. Se ubica en la Provincia Capitán Pratt, conocida como la “provincia de los glaciares”, zona de gran interés turístico a nivel mundial pero con graves problemas de conectividad. Por ello, la función de “Radio Madipro” cumplió por decadas un rol de relevancia en la comunidad, además de un espacio de encuentro y autónomo de los pobladores.

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A pesar de estar más de 30 años al aire y la búsqueda incesante de sus radialistas por obtener la concesión, los permisos no fueron otorgados. Incluso, a través del Vicariato de Aysén, propietario original de las instalaciones de la MADIPRO, se intentó obtener una concesión que le permitiera regularizar su funcionamiento, lo que finalmente no fue posible adjudicarse uno de los concursos periódicos a los que llama la Subsecretaría de Telecomunicaciones.  De esta forma la emisora creada en 1983 por el padre Antonio Ronchi Berra en el extremo sur del Camino Longitudinal Austral, como parte de un red regional de comunicación ciudadana, terminó silenciada.

El procedimiento en contra de la “Radio Madipro” es llevado a cabo por el jefe de Fiscalización de la Subsecretaría de Telecomunicaciones Marco Antonio Cáceres Obreque, y está dirigido en contra de la pobladora y comunicadora social Yaline Riveros Sáez, presidenta de la Agrupación Río Pascua.  La acción no solo atenta contra el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información de los pobladores, sino que podría llevar a la cárcel a la vecina, ya que la Ley General de Telecomunicaciones instituye un máximo de tres años y un día de presidio bajo esta figura legal.

Andrea Rosas, pobladora y locutora de la radio, relató a Radio JGM, que “todo esto fue un golpe bajo para toda la comunidad y por supuesto ignominioso para una comunidad tan pequeña que se viste de pequeñas pinceladas de conectividad y cultura a través de la Radio (Madipro)“, afirmó.

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Además, Andrea Rosas denuncia que “dellos dicen que persiguen a quienes no se ajusten a derecho, pero en Chile esto solo es un legado de la Dictadura y que es una legislación que debe ser derogada. Acá se han comprometido Piñera, Bachelet, y no ha pasado nada”. Rosas hace referencia a la Ley de Telecomunicaciones 36 B que ha generado cierre de Radio comunitarias en todo Chile, bajo el pretexto de operar sin licencia cuando en la práctica no existen licitaciones y de haberlas, son prohibitivas para medios comunitarios, privilegiando a los grupos políticos o con poder adquisitivo. Además precisa que “la Radio solo abarca un radio de 4 kilómetros y no hace interferencia con otros medios ni radios“, afirma.

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Atentado a la Libertad de Expresión

Desde hace un tiempo son varias las organizaciones que han cuestionado la aplicación de penas corporales a faltas asociadas con el ejercicio de la libertad de expresión. Una de ellas es el Colegio de Periodistas de Chile, que ha criticado particularmente el artículo 36 B de la Ley General de Telecomunicaciones, herencia del gobierno militar que no ha sido modificada durante más de 25 años de gobiernos democráticos. El artículo fue instituido en 1982 mediante Decreto Supremo, con el fin de perseguir y acallar a los medios opositores. Sin embargo, el artículo en específico fue incorporado en el año 1991 mediante la Ley 19.091.

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Por ello se ha impulsado desde la organización profesional y otras entidades que se permita reservar parte del espectro radioeléctrico para sectores comunitarios, sociales o sin fines de lucro, es decir, del tercer sector que representa la voz de la ciudadanía.

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La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido como fundamental garantizar el derecho a difundir y recibir informaciones y opiniones por cualquier medio, calificando como un atentado a estos derechos fundamentales la tipificación de la actividad radiodifusora sin autorización como delito y su asociación con penas corporales.

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