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Tres Generales (R) del Ejército son procesados por millonario fraude bajo la Ley Reservada del Cobre #CasoMilicogate

El día de ayer el ministro en visita Omar Astudillo dictó el procesamiento y ordenó la detención de Antonio Cordero Kehr, Jorge Salas Kurte y Miguel Muñoz Farías, los dos primeros generales en retiro y el último (Muñoz) dado de baja en octubre del 2015. Los tres involucrados en el denominado Caso “Milico Gate”, donde se investiga el millonario fraude al fisco a través de la Ley Reservada del Cobre. Esta es la primera vez que altos mandos del Ejército son procesados por este caso.

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El millonario fraude se concentró en el Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), el cual fue comandado por Cordero en 2011, cuando comienzan los ilícitos que están siendo investigados, luego el cargo es ocupado por Salas en 2012 y por Muñoz en 2013.

Cabe mencionar que Antonio Cordero Kehr fue el jefe de escoltas del dictador Augusto Pinochet y de su esposa, Lucía Hiriart. En esta última recae una investigación por la venta de inmuebles que fueron cedidos gratuitamente por el fisco a su fundación CEMA Chile en Dictadura.

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Los hechos que se investigan en el caso “Milico Gate” son compras irregulares y la emisión de factura ideológicamente falsas con dineros provenientes de la Ley Reservada del Cobre, entre los años 2011 y 2014. El monto estimado defraudado se estima en más de $1.300 millones.

A los imputados se les acusa del delito de incumplimiento de deberes militares por lo que la notificación se hará efectiva este viernes, tras lo cual serán trasladados al Batallón de Policía Militar en la comuna de Peñalolén.

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Según consigna el diario electrónico Red Digital, en la Comisión investigadora de la Cámara de Diputados, Cordero se defendió señalando que el Ejército “había avanzado mucho en las áreas propias de su core business, en el ámbito de la defensa y las capacidades militares, pero en materia de control de documentación se había quedado rezagado“. Agregando que “Es necesario legislar en el ámbito de las compras públicas para expulsar del sistema a los malos proveedores, lo que hoy no es posible de no mediar una sentencia judicial a firme, que puede demorar muchos años“.

En la misma instancia, Salas Kurte relegó la responsabilidad al ejecutivo de cuentas, y que “no se puede hacer cargo a ningún comandante de unidad”, mientras que Muñoz señaló que los mecanismos de control podrían ser deficitarios.

A esto se suma los antecedentes reunidos por la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, misma que en un reciente informe, y a propósito del millonario fraude evidenciado en el Ejército, evacuó un informe (de 225 páginas) en donde, ante los hechos graves, propone la derogación de la Ley Reservada del Cobre señalando:

“El actual sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas cumplió un ciclo. Es necesario establecer un nuevo esquema de financiamiento de ellas que permita la planificación a largo plazo de la Defensa Nacional, una mayor participación del Congreso Nacional en las autorizaciones y controles de los recursos, y mecanismos potentes de control a través de la Contraloría General de la República”.

Revisa el informe completo: