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Un proyecto de ley busca que no se puedan embargar viviendas sociales, pero el gobierno y los bancos se oponen

Actualmente se tramita un proyecto de ley, presentado por parlamentarios/as de la Nueva Mayoría que propone que no se puede embargar una vivienda social cuyo valor sea menor a 520 UF. Actualmente exentas de embargo son las que sean menores a 50 UF. Vivienda sociales que son adquiridas por los sectores más vulnerables de la población -en base a un plan de ahorro- con aporte estatal. Sin embargo y de modo sorpresivo, este proyecto ha encontrado la oposición del ejecutivo (gobierno) quien ha argumentado que esto afectaría la capacidad de tomar créditos -hipotecando la casa- pues los bancos no prestarían dinero y afectaría al sistema financiero. Misma posición que han planteado los Bancos y la propia Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF). O sea, el Estado prefiere que el sistema bancario asegure su ganancia y así otorgue créditos aún cuando de darse un cese de pago y posterior remate, el Estado pierde el dinero -de todos y todas- que puso en la vivienda social finalmente rematada-embargada*.

Un análisis realizado por el Colectivo para la vivienda social, explica en detalle este proyecto y sus alcances, evidenciando de paso, la contradicción del ejecutivo (gobierno) quien parece velar más por la consolidación del sistema bancario que por el derecho a la vivienda y con ello dejar que se remate una casa a la que el propio Estado financió para su concreción.

El proyecto de inembargabilidad 

Cuando una persona contrae una deuda -por ejemplo, un crédito con un Banco, un crédito con una Caja de Compensación o una tarjeta de crédito- debe pagarla en las cuotas y montos que exige la institución con la que se contrae la deuda. Cuando una persona se ve incapacitada de pagar la deuda, la institución que le dio el crédito (por ejemplo un Banco o una Casa Comercial) puede iniciar un juicio y finalmente rematar los bienes de la persona. En Chile, pueden rematarse todos los bienes que una persona posea, incluyendo una casa.

Sin embargo, existen bienes o cosas de propiedad de una persona que no pueden embargarse ni rematarse: estas reciben el nombre de bienes inembargables. Las cosas o bienes que no se pueden embargar (ni rematar) son aquellas que sirven para el mantenimiento básico de una persona o familia, como la cama, la cocina o las herramientas y libros que se utilizan para ejercer un oficio o profesión. Las cosas inembargables (que no pueden embargarse ni rematarse) están señaladas expresamente en la Ley, en el artículo 445 del Código de Procedimiento Civil (ver ley aquí).

La vivienda es un bien que sirve para el mantenimiento básico de una familia, pero contra toda lógica puede rematarse. La excepción son aquellas viviendas adquiridas con subsidio del Estado y cuyo valor sea inferior a 50 UTM ($2.200.000 aproximadamente). Esto quiere decir, que las viviendas de un valor superior a 50 UTM, aunque sean adquiridas totalmente con subsidio del Estado, pueden ser rematadas por un Banco, una Caja de Compensación, una Casa Comercial o la institución que haya dado un préstamo.

Actualmente existe un proyecto de Ley que se debate en el Congreso (ver proyecto de ley aquí), que propone ampliar la protección del embargo a viviendas de un valor superior de 50 UTM, para que estas viviendas tampoco puedan embargarse ni rematarse. Este proyecto de Ley se denomina “Proyecto de Ley que Modifica el Código de Procedimiento Civil, con el objeto de declarar inembargables las viviendas sociales, boletín 9706
Específicamente, este proyecto busca proteger de los remates a:

Las viviendas cuyo valor sea inferior a 520 UF ($13.000.000) y que se ubiquen en condominios de viviendas sociales.

Viviendas adquiridas mediante subsidio del Decreto Supremos 105 (que reemplazó el Decreto Supremo 49). Este Decreto Supremo otorga subsidio a las familias que pertenezcan al eI quintil de vulnerabilidad según la Ficha de Protección Social.

Viviendas adquiridas mediante subsidio que otorga el Decreto Supremo 1. Este subsidio puede otorgarse a familias de sectores emergentes (o sea, las familias correspondientes al 60% de la población de menores ingresos según CASEN) o bien, a las familias de sectores medios con capacidad de endeudamiento.

En resumen, este proyecto de Ley- que es una moción de los diputados Karol Cariola (PC), Loreto Carvajal (PPD), Fidel Espinoza (PS), Maya Fernández (PS) y Guillermo Teillier (PC)- pretende proteger las viviendas sociales (adquiridas mediante subsidio de Estado) de ser rematadas en caso que el dueño de una de estas viviendas no pueda pagar una deuda. Actualmente, este Proyecto de Ley está en su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, y fue aprobado en general por la Comisión de Vivienda (ver a miembros de la comisión).

Como se esperaba, el proyecto encontró la oposición del ex Presidente del Banco Estado, Rodrigo Valdés (hoy actual Ministro de Hacienda) y de la Ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball; quienes fueron invitados a la Cámara de Diputados para dar sus observaciones al Proyecto de Ley. La oposición de ambos Ministros se basaría en que una vivienda puede ser hipotecada. La hipoteca es un contrato que garantiza el pago de una deuda de la siguiente forma: un deudor es propietario de una vivienda y pide un crédito a un Banco; el Banco, sabiendo que el deudor tiene una vivienda, “hipoteca esta vivienda”, lo que significa que ese Banco tiene preferencia para rematar la casa en caso de no pagarse la deuda. De esta forma, la vivienda se transformaría en una garantía para adquirir un crédito, mediante un contrato que recibe el nombre de hipoteca. Lamentablemente, para estos Ministros, la vivienda más que un bien básico que debe otorgar protección y vida digna a una familia, se transforma ante todo en un bien económico que puede ser rematado para asegurar el pago de una deuda.

El en ese entonces Presidente del BancoEstado (hoy Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés) indicó que es esta Institución Financiera la que ha otorgado mayor cantidad de créditos en que han hipotecado una vivienda social para asegurar el cumplimiento de ese crédito. Entonces, señaló que si las viviendas no pueden rematarse, a los Bancos no les conviene dar créditos justamente porque en caso de insolvencia del deudor el Banco no podrá rematar la vivienda para cubrir la deuda. En definitiva, el ex Presidente del Banco Estado, indicó que la casa ante todo es un bien que permite el acceso al crédito y, que si una persona no fuera propietaria de una casa, el Banco no daría un crédito. En su discurso ante la Cámara de Diputados, el Presidente del BancoEstado nunca se refirió a la vivienda como un bien básico y necesario para cualquier familia, familia que por lo demás necesitó ayuda del Estado para adquirir su vivienda. Desde el punto de vista del BancoEstado, el remate de una vivienda adquirida con subsidio del Estado es un hecho normal y necesario, desde el punto de vista del crédito. Posición que ha sido respaldada por la SBIF y demás bancos (ver recuadro de posición del Banco Estado)

Lamentablemente, el ex Presidente del Banco Estado, quien estima que la vivienda es ante todo un bien que sirve para endeudar a las familias, es hoy en día Ministro de Hacienda. Fue nombrado por la presidenta Michelle Bachelet durante el último cambio de Gabinete efectuado el 11 de mayo pasado.
Por su parte la Ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball, reiteró las palabras del ex Presidente del BancoEstado y hoy Ministro de Hacienda, señalando que la vivienda es usada por las familias como garantía para acceder a un crédito. La vivienda garantiza al Banco que, si el deudor no paga el crédito, puede rematarse su casa y cubrir la deuda con el valor del remate.

Por lo tanto, lamentablemente los Ministros de Estado apoyan la idea de que las viviendas (sin importar su valor) puedan rematarse para dar garantía a los Bancos. Para ellos, el valor de una vivienda tiene que ver con su valor económico y no social.

En opinión de nuestro colectivo, el proyecto de Ley comentado es un buen inicio. Es necesario que las familias propietarias de viviendas de un valor superior a 50 UTM ($2.200.000) y que sean adquiridas con subsidio del Estado, estén protegidas de cualquier despojo. La realidad de estas familias es haber adquirido una vivienda después de un proceso burocrático, y viviendo durante años en condiciones de hacinamiento o poco dignas: es poco ético pensar que por un criterio económico de un Banco pueda arrancar de estas familias de un bien tan necesario.
Sin embargo, el proyecto de Ley tiene importantes vacíos. Porque si bien la vivienda no es un bien económico o comercial que pueda ser rematado con tanta facilidad, lo cierto es que los Bancos no siguen criterios éticos, morales o sociales para dar un crédito a una familia. La opinión del ex Presidente de BacoEstado es amenazante, y explica abiertamente que si un deudor no hipoteca o no ofrece su casa como garantía de pago, simplemente el Banco o una Casa Comercial no otorgarían un crédito. El Proyecto de Ley sobre “inembargabilidad de viviendas sociales” no hace referencia ni da soluciones a esta constancia expresa de los Bancos.

* Se ha utilizado los términos “embargo” y “remate” como sinónimos, si bien técnicamente son distintos. Un embargo es sólo la anotación de los bienes de una persona en una lista, lo que impide que esos bienes puedan venderse. El remate es posterior y consiste en la venta de los bienes embargados.

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