Desde el PC a la extrema derecha, toda la casta política institucional se unió para extender nuevamente la militarización del Wallmapu, mediante otra extensión del «Estado de Emergencia».
En sesión especial de este viernes 29 de julio, la cámara de diputados aprobó casi por unanimidad (+121, -6, 4 abs), el uso de militares para tareas de «control de orden público» contra comunidades y organizaciones mapuche. Esto junto con las declaraciones de Camila Vallejo, este lunes 1 de agosto, demuestran la criminalización y construcción de un enemigo interno: el pueblo mapuche en resistencia. Tal unanimidad de la clase política a la hora de perseguir y criminalizar, sólo se había visto durante la represión penal hacia el Pueblo Chileno durante La Revuelta, cuando el 4 de diciembre de 2019 la cámara de diputados aprobó -en general-la Ley Antibarricadas (+127, -7, 13 abs), incluyendo entre quienes aprobaron esa ley al actual presidente y la mayor parte de los partidos de su gobierno.
La asunción del gobierno de Boric estuvo llena de simbolismos, entre ellos hablar de «iniciar el dialogo» para dar pie al inicio de la solución al conflicto del Estado de Chile con el Pueblo Nación Mapuche. Pero las tratativas de dialogo -si las hubo- nunca fueron formales o dirigidas hacia comunidades movilizadas. Para el gobierno dialogo era un dialogo sin tabla, sin poner sobre la mesa las principales demandas mapuche: devolución de tierras, salida de las forestales y libertad a sus presos políticos. Simultáneamente, el gobierno de Apruebo Dignidad promovió «el Plan Buen Vivir», calificado por Pedro Cayuqueo (cercano al FA y DC) como «un refrito del plan Araucanía de Piñera».
Hoy la opción de este Gobierno, continuación de Piñera, es el uso de la fuerza no solo con Carabineros, sino mediante el uso de mayor contingente de tropas y equipos del Ejército y la Armada. En el plano judicial, a la cotidiana persecución política por medio de la fiscalía y el poder judicial, se suman ahora querellas políticas, invocando la Ley de Seguridad del Estado contra lideres de la CAM por sus opiniones y declaraciones.
