Personajes vinculados al mundo militar, empresarios, políticos y hasta la iglesia conforman la red de influencias para sacar ganancias a costa de la pobreza. Máxima rentabilidad para los capitales, en las peores condiciones humanas.
Radio Villa Francia y Cooperativa Mujeres Manos Libres:
Corría 2010 mientras Felipe Bulnes era Ministro de Justicia pago US$3,8 millones a la empresa estadounidense Altegrity cuyo presidente es William J. Bratton, ex jefe de la policía en Nueva York y Los Ángeles. Todo esto bajo trato directo, sin licitación y bajo el pretexto de ser la mejor consultora del mundo en tema cárceles, esto para que ejecutara una completa reingeniería al obsoleto sistema penitenciario. El trabajo incluía diseñar y poner en marcha cuatro nuevos penales. Sólo ese ítem tuvo un costo de US$1,2 millón, pero no se concretó porque Justicia fue incapaz de construir las cárceles en el plazo acordado. Aún así, Altegrity efectuó un crudo y detallado diagnóstico de las fallas de Gendarmería y del consiguiente despilfarro de recursos públicos.
Hace cincuenta años, activistas vinculados a los movimientos anticarcelarios y antirracistas de Estados Unidos pusieron la alarma frente a los crecientes intereses del sector privado que se beneficiaban del aumento de gastos en las prisiones. Este entramado entre poder, negocios y tortura fue llamado complejo industrial-penitenciario, y dio cuenta como las garras del capitalismo comenzaban a extenderse por las cárceles del mundo. En Chile, el año 2005 el gobierno de Ricardo Lagos inició el proceso de concesiones de los centros penitenciarios chilenos, permitiendo la entrada de inversionistas trasnacionales como por ejemplo, Sodexo. Esta multinacional durante el otoño del 2001 sufrió un boicot protagonizado por estudiantes universitarios de Estados Unidos que protestaron contra el negocio que mantenían al interior de las cárceles y que se expandía hasta sus campus a través de los casinos de alimentación. De acuerdo a información solicitada al Ministerio de Obras Públicas 1 , también figura como inversionista de las cárceles concesionadas chilenas la Constructora Besalco, que de acuerdo a Ciper, figura dentro de las cinco grandes constructoras que repartieron utilidades entre sus accionistas pese a haberse beneficiado con la suspensión de contratos de sus trabajadores el año 2020 durante la pandemia. Además, Besalco también figura entre las empresas financistas de la campaña presidencial de Sebastián Piñera, de acuerdo al Servicio Electoral de Chile. La cárcel se convirtió en un contenedor para la pobreza en Chile. Frente a la ausencia de políticas sociales, los gobiernos respondieron con castigo y fue así como la Concertaciòn construyó tres veces más centros penitenciarios que el propio Pinochet en 17 años y, sin embargo, ni los índices delictuales ni la violencia disminuyeron. El caso de las mujeres es el más emblemático. De acuerdo a los informes estadísticos anuales elaborados por Gendarmería, entre los años 1992 y 2002 se generó un aumento explosivo de la población penitenciaria femenina en más de un 350 por ciento. De acuerdo a la misma fuente, en su mayoría son mujeres sostenedoras de familias con tres y cuatros hijos en promedio, encarceladas en su mayoría por microtráfico. Esta situación demuestra que ante la creciente precarización laboral, las brechas de género en el trabajo y la responsabilidad exclusiva en la cadena de cuidados, la droga se ha convertido en una verdadera fuente informal de trabajo para miles de mujeres en Chile. Pero también las presas se han convertido en mano de obra barata para las empresas que operan al interior de las cárceles y que bajo un aparente “servicio a la comunidad” obtienen trabajadoras a bajo costo, sin capacidad de organización, es decir, en verdaderas condiciones de esclavitud. De acuerdo a Gendarmería, entre las empresas que operan al 1 Toda la información indicada en el presente texto fue solicitada a diversas instituciones públicas a través de Ley de Transparencia. interior de la Cárcel de Mujeres de San Joaquín figuran Cemco Kosangas S.A., controlada por Cavagna Group, empresa transnacional que se extiende en más de 145 países. También operan las empresas Caffarena S.A., uno de sus principales accionistas es el ex comandante en jefe del Ejército Ricardo Izurieta. También está presente la empresa Marisio S.A. propiedad de la familia Marisio Solari, controladora de Falabella, una de las principales empresas textiles de Latinoamérica. Por su parte, las fundaciones también se llevan una tajada de la torta con los proyectos de “reinserción laboral”. Entre las más importantes, figura la Fundación Levántate Mujer, correspondiente a la iglesia católica y encabezada por la monja Nelly León Correa, capellana que aparece de forma habitual en los grandes medios de comunicación, hablando en nombre de las presas y quien se hiciera famosa tras la última visita del Papa Francisco al señalar frente a las cámaras que “en Chile se encarcela la pobreza”. De acuerdo a información solicitada a Gendarmería, Nelly León Correa trabaja de forma remunerada para la institución, pero además su fundación recibe donaciones y montos adjudicados vía proyectos a través de distintas entidades públicas. Por citar un ejemplo, de acuerdo a información solicitada a la Subsecretaría de Prevención del Delito, entre los años 2016 y 2020, Levántate Mujer recibió más de 86 millones de pesos a través del Fondo Nacional de Seguridad Pública. Esta situación da cuenta de las redes de poder que persisten en manos de la iglesia, que si bien tuvo el control oficial de las cárceles de las mujeres hasta el año 1992 cuando traspasó la administración a Gendarmería, sus vínculos financieros demuestran que el panorama no ha cambiado. Es más, este poder también tiene un impacto en la calidad de vida de las presas, ya que su influencia determina las condiciones a las que pueden acceder las presas al interior de la cárcel. Ante ello, es urgente evidenciar las redes entre capitales y poderes fácticos, y sus dividendos a costa de la cárcel en Chile. Si bien la situación de precariedad laboral de las personas privadas de libertad es expresión de las grandes transformaciones que sufrió el mundo de trabajo durante la Dictadura y que fueron reforzadas por los gobiernos en democracia, resulta urgente hablar de la droga más allá de su dimensión delictual y enfrentar que se ha convertido una verdadera fuente de empleo informal. Si bien ha cambiado la fisonomía de la clase trabajadora, lo que persiste es quienes están detrás de su creciente precarización.
Radio Villa Francia.
