Como un nuevo capítulo de las amarras y tutela del Ejecutivo sobre la -en teoría – autónoma Convención Constitucional, esta semana trascendió que el régimen de Piñera adjudico dos licitaciones clave:

1: SEGURIDAD, adjudicada el 2 de junio a la empresa de seguridad INCAR, cuyos accionistas, ex carabineros, fueron parte del a escolta de Pinochet y Aylwin. El costo de este ítem es casi igual al de “participación ciudadana”, 488 millones (48.8 millones x mes). Esta empresa, tiene al menos 197 sanciones de la Inspección de Trabajo en su historial. Se informo que “se priorizará la contratación de ex funcionarios de Carabineros o de las Fuerzas Armadas que no hayan ejercido en esas instituciones EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES y que no hayan sido sancionados por causas que impliquen inhabilitación de funciones”

2. TRANSMISION de sesiones. Adjudicado a Mediastream S.A. por $769 millones. Las bases de adjudicación exigen que “NO SE PERMITE TRANSMITIR CONTENIDO QUE NO HAYA SIDO EXPRESAMENTE AUTORIZADO POR EL MINISTERIO (SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA)”.

¿Autonomía administrativa de la CC?

Según CIPER, hay en curso 37 procesos de licitación, cuyas bases y adjudicación son determinadas por la Secretaría Administrativa de la convención, cuyo jefe Francisco Encina, fue designado por la SegPres. El presupuesto asignado para la convención es de $6.708,25 millones, y fue incluido en el presupuesto 2021 de la Segpres.

Además, hay que recordar que la Intendencia y Carabineros han establecido “tres cordones de seguridad”, eufemismo para referirse al copamiento del sector por COP mediante tropa de infantería, Carros lanzaaguas, zorrillos, vallas perimetrales, etc., similar al cerco cotidiano en torno al palacio de La Moneda

RVF