Por Cristobal Diaz Martinez

 

El gobierno reaccionó tarde y mal ante todos los desafíos impuestos por la rebelión de octubre de 2019, Covid-19 en 2020 y el proceso político constituyente, retrasado debido al peor momento de la pandemia en 2021. En materia de vivienda, tras una década de sostenido aumento de campamentos y prácticas co-residenciales (1), la presión adicional de más familias hacinadas y nuevos campamentos en contexto Covid-19 (CIPER, 2020) llevó a que MINVU simplemente aumentara montos y entrega de subsidios. En un clima constituyente, de mayor expresividad ideológica en política, el ejecutivo ha reforzado una y otra vez su carácter subsidiario del mercado, voucherista (2), segregador, y más recientemente, autoritario y criminalizador de la vivienda no formalizada. Es sobre este último punto que se hace un llamado a la discusión política de todos los actores sociales vinculados a la producción de espacio urbano en Chile, para evitar la persecución de la vivienda autoconstruida y promover cambios estructurales en beneficios de las mayorías.

 

Las primeras medidas tomadas en 2020 consistieron básicamente en reactivar el mercado, alimentándolo con subsidios de arriendo (3). Este subsidio ha sido un fracaso desde su implementación en 2014, con porcentajes de uso menores a 45% del total de beneficiados, comparado con el promedio de 72% de uso de subsidios para compra de vivienda (LyD, 2019). Lo anterior, producto de la falta de oferta habitacional asequible, e igualmente importante, la necesidad de las familias de bajos ingresos de preservar sus redes y fuentes laborales, que en muchas ocasiones son locales, incluso barriales (Diaz, 2015; Razmilic, 2015), contraviniendo los objetivos y supuestos declarados por MINVU en 2014, que asumían que el subsidio incentivaría a las familias a acercarse a zonas con mejores oportunidades.

 

Existe una relación entre el rechazo a los subsidios y el aumento de estrategias informales: “los campamentos hoy aparecen con fuerza para gran parte de la sociedad como una solución concreta a un mercado “formal” privado de arriendo de vivienda extremadamente encarecido” (Techo, 2019), a lo que se suman mercados informales de subarriendo o arriendo compartido que también se han vuelto excluyentes, ya sea por precios, discriminación de género o etnonacional a migrantes colombianos, haitianos (Contreras et.al., 2015; Contreras, Seguel, 2020), llevando a que cada vez más familias opten por autoconstruir. Peor aún, en perspectiva histórica sobre gasto en arriendo, “desde 1980 hasta 2019, mientras el decil 1 pasó de gastar en promedio 35,9% de sus ingresos totales a un 55,5%, el decil de más altos ingresos bajó su porcentaje de gasto de un 18% a un 15,4%” (Techo, 2019). Cuando la pobreza se castiga en el mercado privado a pesar de la implementación de subsidios, mientras los ricos gastan cada vez menos, queda al descubierto la segregación de clase que el Estado crea o refuerza a través de las políticas habitacionales.

 

A favor del subsidio se puede destacar el carácter inédito del programa, ya que es el primero que no se orienta a la compra de propiedad. La progresiva inclusión de migrantes, tercera edad y flexibilización de otros requisitos han oxigenado un voucher que, sin embargo, es rápidamente absorbido por el mercado a través del alza de precios. Este último factor llevó a que se aumentaran los montos del subsidio, incrementándolo más en regiones como Antofagasta, donde los precios son más altos (Trivelli, 2015). Una y otra vez, la solución es inyectar más dinero al mercado privado, con una focalización mañosa y cambiante que, a pesar de la progresiva flexibilización, produce más familias sin vivienda. El Estado y el mercado niegan el valor de uso para fortalecer el valor de cambio, fomentando la compra para inversión (Lopez-Morales & Herrera, 2018; Fuentes, 2020), el lucro sostenido en una necesidad básica y derecho humano fundamental (UN, 2017), lo que resulta en ciudades basadas en el rentismo de activos (Sgwyngedouw & Ward, 2018). Coexisten entonces vacancia de departamentos en los centros urbanos, con el incremento de co-residencia y campamentos en pericentro y periferias. La vocación voucherista del MINVU no permea ni pretende mellar la violencia del negocio inmobiliario, por lo que Estado y mercado marginan y fomentan la concentración espacial de los más pobres, quienes deben autogestionar soluciones habitacionales para adaptarse o resistir a la segregación.

 

Otros subsidios, como el de integración social y territorial (DS19, de 2016) para compra de vivienda en proyectos residenciales con mixtura social ha sido una novedad por orientarse a la oferta a través de cuotas de vivienda asequible. Sin embargo, los proyectos son escasos y localizados incluso en comunas rurales (ej.: Colina, Lampa en Santiago), con mala conectividad, y sin diversidad de clases sociales conviviendo, ya que solo habitan familias de ingresos bajo y medio-bajo. El discurso de integración social ha sido explotado por MINVU en todos los gobiernos de la última década, debido a la presión de organismos internacionales (OECD, 2013; PNUD, 2014; BID, 2014) que recomendaron diversificar tenencia y tipos de soluciones habitacionales. Pero la cantidad de proyectos no son cuantitativamente significativos ante el creciente déficit de vivienda. Tampoco se cuenta con resultados que avalen el éxito de este tipo de políticas basadas en áreas específicas de intervención, inspiradas en la literatura norteamericana sobre segregación (Lopez-Morales & Ruiz-Tagle, 2014). El Estado es tanto o más segregador que el mercado, y en alianza provocan un escenario asfixiante para las familias al que se responde más simbólica que efectivamente, con políticas que se aplican de forma descontextualizada en Chile, sin los componentes estructurales de la política habitacional de las potencias del Atlántico Norte.

En medio de todas las propuestas en discusión, los partidos oficialistas (UDI, RN, Evopoli), han presentado una modificación al Código Penal y un proyecto de ley para criminalizar las tomas de terreno y ocupaciones orientadas a construir vivienda, bajo el argumento de la usurpación de tierras orientada a loteos brujos. Carabineros tendría la facultad de desalojar sin orden judicial cualquier ocupación que atente contra propiedad estatal o privada.

En 2021, MINVU conformó una mesa de diálogos por la ciudad, incentivando principalmente la mayor producción de vivienda y entrega de subsidios. La inutilidad de estas mesas de trabajo de un gobierno sin legitimidad ha sido denunciada por organizaciones comunitarias y políticas, mientras la academia reacciona tibiamente (5), valorando promesas vacías. En medio de todas las propuestas en discusión, los partidos oficialistas (UDI, RN, Evopoli), han presentado una modificación al Código Penal y un proyecto de ley para criminalizar las tomas de terreno y ocupaciones orientadas a construir vivienda, bajo el argumento de la usurpación de tierras orientada a loteos brujos. Carabineros tendría la facultad de desalojar sin orden judicial cualquier ocupación que atente contra propiedad estatal o privada (6), y considerando la falta de criterio de un cuerpo policial que ha violado sistemáticamente los DDHH, no es viable darles tal facultad cuando los asentamientos autoconstruidos siguen aumentando. El proyecto de ley ha sido denunciado por organizaciones y tomas de terreno en Santiago y especialmente Valparaíso, donde se encuentra la mayor cantidad de campamentos y las opciones de adquirir vivienda por vía formal son cada vez más difíciles.

 

El agobio que sufren nuestras familias por parte de la élite es múltiple: por un lado, la presión del mercado que exige tanto a potenciales propietarios como arrendatarios, condiciones de ingreso, comportamiento financiero y aval que son irreales para comprar una vivienda. Por otro lado, la presión del Estado que a través de modificaciones legislativas busca criminalizar la pobreza, encarcelando a quienes no tienen otra opción residencial, y necesitan construir no solo vivienda sino redes de apoyo mutuo y solidaridad. La criminalización de la pobreza y de la producción autogestionada de vivienda es una característica de gobiernos que devienen autoritarios para evitar la democratización de la ciudad (Rolnik, 2017). Ante esta presión, individuos y familias reaccionan a través de nuevas tomas de terreno y formación de comités de vivienda, protestando por desalojos o embargos de vivienda por deuda (ANDHA Chile), autogestionando ollas comunes y levantando nuevos liderazgos políticos con base territorial.

 

Estos nuevos actores sociales rechazan construir casas sin construir ciudad, lógica de producción inmobiliaria de los 80-90 que dio origen a las zonas marginadas y estigmatizadas que conocemos. Desde el CNDU se ha indicado que el déficit de ciudad es tan relevante como el de vivienda (La Tercera, 2020), y han propuesto la creación de un parque de vivienda pública con arriendo protegido, similar a la iniciativa de inmobiliaria popular con arriendo protegido en Recoleta. Este tipo de políticas son clave para recuperar el carácter social de la vivienda no solo a través de la gestión estatal, sino que a través de la propiedad del suelo. Transitar hacia un sistema público de vivienda en propiedad y arriendo, permitirá contrapesar los actores privados que controlan la producción y asignación de vivienda, y que condicionan en gran parte los patrones de segregación residencial.

Por otra parte, desde la ONG Techo se ha planteado la idea de utilizar el suelo público de todas las entidades estatales que posean y se encuentren disponibles, para vivienda social (Emol, 2021). Esta idea debe ser discutida con urgencia para cubrir el déficit de vivienda, ya que diversificaría la localización de la vivienda y el tipo de tenencia (propiedad, arriendo), bajo una administración estatal enfocada en la escala municipal, que cuenta con mayor legitimidad en la ciudadanía y canales de participación comunitaria directa

Por otra parte, desde la ONG Techo se ha planteado la idea de utilizar el suelo público de todas las entidades estatales que posean y se encuentren disponibles, para vivienda social (Emol, 2021). Esta idea debe ser discutida con urgencia para cubrir el déficit de vivienda, ya que diversificaría la localización de la vivienda y el tipo de tenencia (propiedad, arriendo), bajo una administración estatal enfocada en la escala municipal, que cuenta con mayor legitimidad en la ciudadanía y canales de participación comunitaria directa. Desconcentrar recursos y facultades permitiría seguir la lógica de que todos los problemas que se puedan resolver a escala local no deberían escalar al gobierno central. Pero destinar todo el suelo público a vivienda social no cubrirá todo el déficit, y con el objetivo de ofrecer más proyectos en zonas centrales y contrarrestar la segregación socioeconómica del mercado, se debe discutir el porcentaje de vivienda asequible que las inmobiliarias deben destinar a familias de bajos ingresos, en áreas de interés social (con acceso a fuentes de empleo, servicios a e infraestructura urbana) que deben ser definidas a través de una planificación urbana multisectorial y de largo plazo.

 

Para proyectar políticamente  el futuro de nuestras ciudades es necesario dotar al Estado en su escala regional y municipal, de más facultades de expropiación de terrenos de interés público para vivienda, espacios públicos y deportivos, áreas verdes con vegetación nativa y sedes comunitarias para el empoderamiento local.

 

Para proyectar políticamente (7) el futuro de nuestras ciudades es necesario dotar al Estado en su escala regional y municipal, de más facultades de expropiación de terrenos de interés público para vivienda, espacios públicos y deportivos, áreas verdes con vegetación nativa y sedes comunitarias para el empoderamiento local. SERVIU debe tener un rol de co-producción, como en el caso del proyecto Barrio Maestranza en Estación Central . Es posible, el escenario político se encuentra más abierto que nunca tras los triunfos electorales de octubre 2020 y mayo 2021, y las fuerzas progresistas que se desataron en octubre de 2019 están articuladas y cuentan con tanto o más conocimiento que los tecnócratas a cargo de repartir subsidios. Debemos movilizar todo el conocimiento con el que contamos frente a una elite que se comporta como Pinochet en los últimos días de la dictadura: apresurada por legislar en favor de los sectores que defienden la exclusión inmobiliaria (CChC, banca, políticos con empresas inmobiliarias o inversionistas hormiga[1]), aprovechando sus últimos días para bloquear reformas o “amarrar” leyes que no afecten la especulación sostenida en la vivienda.

 

Finalmente, es necesario actuar sobre las urgencias. A corto plazo, radicación de campamentos y/o provisión de servicios básicos y plan de acompañamiento para la regularización de vivienda de cada familia, chilena o extranjera, joven o tercera edad, avanzando hacia un sistema universal de provisión habitacional. A mediano plazo, garantizar constitucionalmente el derecho a la vivienda y la ciudad, nivelando servicios e infraestructura urbana en todas las comunas donde se produce hábitat residencial, sea formal, “informal”, comunitario, entre otros. Las minorías ya se han enriquecido suficiente, tenemos la misión de transformar el Estado para darle una vocación solidaria y orientada al bienestar de las mayorías.

 

Cristobal Diaz Martinez  es Licenciado en Historia y Ciencias Sociales y Profesor de Estado, Universidad de Santiago de Chile (2012). Magister en Desarrollo Urbano, Pontificia Universidad Católica de Chile (2015). Candidato a PhD en Planning Studies, University College London (2019-2023). Investigador en segregación, subsidios habitacionales y estrategias informales de vivienda, esta columna se desprende del desarrollo de la tesis doctoral titulada New voucher programs for low-income families in Santiago and Valparaiso: residential mobility or struggle against segregation?

Palabras clave: vivienda, subsidios, campamentos, co-residencia, segregación

 

 

• Techo, 2021; Urrutia, et.al. 2019; Vergara, et.al, 2020. Antes conocida como allegamiento, la complejidad de las relaciones de interdependencia al existir 2 o más hogares en una casa o espacio residencial llevó a reconceptualizar este tipo de convivencia como co-residencia.
• Referido a la política habitacional del MINVU basada casi en su totalidad en entregar subsidios a la demanda, o sea, montos de dinero recibidos por familias de bajos ingresos con capacidad de ahorro y acceso a crédito, para que entren al mercado de vivienda privado. Chile no cuenta con sistemas públicos de producción y gestión de vivienda en propiedad o arriendo, aunque se han construido proyectos específicos de vivienda pública para arriendo y mixtura social en comunas centrales de Santiago desde 2017.
• Subsidios de arriendo adicionales para clase media, con mayores montos y condiciones flexibles para su uso. En https://www.t13.cl/noticia/nacional/subsidio-arriendo-2020-clase-media-como-postular-14-07-2020
• Boletín N° 14.015-25. Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables Senadores señor Kast y señoras Sabat y Von Baer, que modifica el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación, ampliar el período de flagrancia y facilitar la detención de los ocupantes, en la forma que se indica. Boletín N° 13.657-07). Proyecto de ley que modifica las sanciones del delito de usurpación y las equipara con las de otros delitos a la propiedad.
• Principalmente desde las escuelas de urbanismo de la Universidad de Chile y Universidad Católica, tibieza que se entiende por sus vínculos con la élite. Académicos de otras universidades y centros de estudio han sido más críticos, pero no tienen mayor presencia en los medios o las discusiones legislativas, por no ser lobbystas de la Cámara Chilena de la Construcción, no contar con políticos de la Democracia Cristiana en sus planteles o no tener participación/intereses en empresas inmobiliarias.
• Boletín N° 14.015-25. Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables Senadores señor Kast y señoras Sabat y Von Baer, que modifica el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación, ampliar el período de flagrancia y facilitar la detención de los ocupantes, en la forma que se indica. Boletín N° 13.657-07). Proyecto de ley que modifica las sanciones del delito de usurpación y las equipara con las de otros delitos a la propiedad
• Políticamente no se entiende aquí de forma inmediatista (cambia un gobierno o apoyar a un partido específico), sino que se refiere al cambio de eje de un Estado subsidiario a un Estado solidario, en el que el interés principal sea el beneficio de las mayorías al mismo nivel que la propiedad privada. “The iron law of private property turns out to be a paradox. Although it promotes individuality, it only works by giving equal weight to the public interest” Linklater (2014) Owning the Earth.

 

Referencias

Blanco, A. et. al. (2014), Se busca vivienda en alquiler. Opciones de política en América Latina y el Caribe, Washington, Estados Unidos, Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

CIPER (2020) Viviendas hacinadas y campamentos: dos rostros de la desigualdad frente al Covid-19. Columna de opinión en https://www.ciperchile.cl/2020/03/26/viviendas-hacinadas-y-campamentos-dos-rostros-de-la-desigualdad-frente-al-covid-19/

Contreras, Y.; Ala-Louko, V.; Labbé, G. (2015) Acceso exclusionario y racista a la vivienda formal e informal en las áreas centrales de Santiago e Iquique. Polis (Santiago), 14(42), 53-78. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-65682015000300004

Contreras, Y.; Seguel, G. (2020) Mis vecinas y vecinos hatiainos. Opinión, disponible online en http://www.fau.uchile.cl/noticias/162924/mis-vecinas-y-vecinos-haitianos

Diaz, C. (2015) “Chao Suegra”: El subsidio de arriendo y los efectos en la movilidad y localización residencial de sus beneficiados en el Sistema Urbano Metropolitano de Santiago (2014-2015). Tesis de Magíster en Desarrollo Urbano, Pontificia Universidad Católica de Chile.

EMOL (2021) Entrevista a Sebastian Bowen, director ejecutivo de Techo y Fundación Vivienda. El Mercurio, sábado 8 de mayo de 2021.

Fuentes, L. (2020) Desigualdad territorial en Santiago de Chile. Una estructura urbana instrumental para la acumulación del capital. In Seminario Gobierno Metropolitano. Bogotá-Santiago: dos miradas, un fenómeno urbano, IEUT, PUC. https://www.youtube.com/watch?v=KEEJTIeZAng

La Tercera (2020) Entrevista a Luis Bresciani, arquitecto y urbanista. 11 de julio de 2020. Online: https://www-latercera-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/luis-eduardo-bresciani-el-principal-segregador-es-el-mercado-de-suelo-y-ahi-se-necesita-estado/ZBT7UBALWFFS7LUYTIESBISADE/?outputType=amp

Linklater, A. (2014) Owning the Earth. The transforming history of landownership. Bloomsbury Publishing

Lopez-Morales, E; Ruiz-Tagle, J. (2014) El estudio de la segregación residencial en Santiago de Chile: revisión crítica de algunos problemas metodológicos y conceptuales. Revista EURE Vol. 40, Nº119, enero 2014, pp.25-48.

López-Morales, E.; Herrera, N. (2018) Arriendos por las nubes: efecto de la creciente concentración de la propiedad. Centro de Investigación Periodística (CIPER), 25 julio, Santiago de Chile, Online: https://ciperchile.cl/2018/07/25/arriendos-por-las-nubes-efecto-de-la-creciente-concentracion-de-la-propiedad

LyD (2019) Subsidio de arriendo. Evaluación a cinco años de su creación. Serie temas públicos Nº1395 – 2 19 de abril de 2019. ISSN 0717-1528

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PNUD (2014) Informe sobre desarrollo humano 2014. Sostener el progreso humano: reducir vulnerabilidades y construir resiliencia, New York, USA, United Nations Development Programme.

Razmilic, S. (2015) Subsidio al arriendo: primeros resultados y pasos a seguir. Centro de Estudios Públicos (CEP), Nº 6, Santiago de Chile.

Rolnik, R. (2017) La Guerra de los lugares. La colonización de la tierra y la vivienda en la era de las finanzas. LOM, Santiago de Chile.

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TECHO (2019) Documento de trabajo CIS. Cronología del gasto en arriendo en el Gran Santiago (1980-2019).

TECHO (2020) Silva, I., Zúñiga, P., Vergara, F., Millones, Y., Casasco, M., Herrera M., Silva, V., Contreras, V. (2020) “Habitar en dignidad: hacia el derecho a la vivienda en la nueva Constitución”. Santiago: Techo-CHILE, Fundación Vivienda y GI-ESCR.

TECHO (2021) Informe Final. Actualización del catastro nacional de campamentos. Centro de investigación social TECHO-Chile. Online: https://ceschile.org/catastro/

Trivelli, P. (2015) Estimación y análisis de precios de arriendo residencial para las capitals regionals. Antofagasta. Comisión de estudios habitacionales y urbanos, MINVU. Online en http://observatoriodoc.colabora.minvu.cl/Documentos%20compartidos/ESTUDIOS%20OBSERVATORIO/2-Antofagasta.pdf

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Urrutia, J. et. al. (2019) Estrategias de co-residencia. Tipologías de vivienda informal para familias extensas, FAU, Universidad de Chile.

Vergara-Perucich, F.; Aguirre, C.; Encinas, F.; Truffello, R.; Ladrón de Guevara, F. (2020) Contribución a la crítica de la economía política de la vivienda en Chile. RIL Editores, Santiago de Chile.