El día 25 de marzo la Confederación de Estudiantes de Chile CONFECH hizo el primer llamado a movilización de este 2022, y también el primero del gobierno de Gabriel Boric, ex líder estudiantil, quién asumió recientemente como Presidente de la República.

La marcha callejera concluyó con un manifestante baleado a la altura del tórax por Carabineros, y varios estudiantes golpeados por sujetos civiles, aparentemente comerciantes ambulantes, aún no identificados. Uno de los estudiantes, brutalmente golpeado es estudiante del Liceo 7, hijo de nuestro compañero, colega y amigo, Rodrigo Cornejo, profesor de la Universidad de Chile, el que fue hospitalizado de urgencia el mismo viernes con riesgo vital producto de la gravedad de su estado de salud, producto de la golpiza que aún se investiga.

El subsecretario del Interior Manuel Monsalve declaró al día siguiente que se ha interpuesto una querella para que se investiguen los responsables de las golpizas propinadas contra los estudiantes, en lo que describió como “una disputa que terminó con lesiones que han puesto en riesgo su vida”.

Ante esto cabe señalar:

  1. – La situación por la que atraviesa el hijo de Rodrigo, no está enmarcada en una “disputa”. A partir de más de una decena de relatos por parte de testigos, imágenes gráficas y registros audiovisuales que circulan en redes sociales (y que se encuentran en manos de la Policía de Investigaciones PDI), es fácil inferir que se está presente ante una emboscada concertada por parte de un grupo de sujetos armados contra un grupo de manifestantes, mayormente menores de edad y desarmados;
  • 2. – La evidente inacción de carabineros ha llevado a muchas personas a suponer una posible acción de encubrimiento o incluso de una eventual colusión, lo que deber ser prontamente aclarado, especialmente por los antecedentes que ha acumulado la policía uniformada en esta materia (la Fiscalía contabiliza 112 carabineros formalizados por delitos de narcotráfico entre 2010 y 2020 en: CIPER, 31/01/2022);
  • 3. – El objetivo de la movilización, era  reivindicar  un  derecho  social  básico:  la alimentación, exigiendo aumentar el monto de la beca alimentaria para la educación superior  (BAES) que  se encuentra estancada desde hace 10 años, y que en la actualidad, no se ajusta a la realidad dado el encarecimiento de la vida. Nuevamente son las y los estudiantes de Chile quienes salen a las calles a clamar justicia y denunciar la precariedad en que han quedado miles de chilenos después de dos años de pandemia, con políticas que no protegen nuestros derechos sociales y que no han hecho sino aumentar aún más, la extrema desigualdad que existe en nuestro país. Según CEPAL, en el reporte «Panorama Social de América Latina» publicado en enero del 2022, ubica a Chile como uno de los países con las mayores alzas de la desigualdad entre el 2019  y 2020. De acuerdo con datos oficiales, la extrema pobreza subió a un 13,8% en el año 2021 y el 1% de la población (el grupo socioeconómico más alto) concentra el 50% del total de la riqueza del país. No es posible que jóvenes que se manifiestan para llamar la atención de la ciudadanía ante estas injusticias corran el riesgo de quedar sin vida.

Seguimos muy atentas y atentos a la evolución de Camilo. Este acto criminal no puede quedar impune. Esperamos que el gobierno actúe hasta las últimas consecuencias para determinar quiénes son los culpables de esta atrocidad y para que se tomen las medidas tendientes a proteger los derechos e integridad de las personas que se manifiestan en el espacio público.

Convocamos a mirar con especial atención y en pos de una aclaración total, la inacción de Carabineros, de modo de conocer las posibles responsabilidades que puedan tener como institución.

Santiago, 26 de marzo de 2022

Comparte, Difunde