Por Radio Villa Francia
Gabriel Boric promueve y hace suya toda la agenda legislativa y represiva de la ultraderecha
Antecedentes de la ley Gatillo Fácil
La agenda gatillo fácil se inició el 16 de diciembre de 2019[1], cuando Piñera envió al parlamento su proyecto para «fortalecer la protección de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública», y que incluía ya la «defensa legitima privilegiada» y la rebaja de penas en hasta 3 grados para los policías que hicieran uso injustificado de sus armas (Boletín 13124-07). El proyecto no estaba diseñado a combatir una «ola de delincuencia», sino que dar «garantías» al personal de la policía militarizada, para reprimir la protesta iniciada en la Revuelta, la que aun en diciembre congregaba a cientos de miles de personas en las calles.
Este proyecto junto con toda la agenda represiva de Piñera[2], fue parte de la negociación del 15 de Noviembre de 2019 [3], que llevaron a la firma por la casta política del «Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución»[4]
Carlos Montes señala sin ningún pudor que fueron ellos, el Partido Socialista quienes escogieron una CC llena de trabas para blindar a Piñera de todos sus crímenes.
— Milkalaz (@Milkalaz) October 18, 2022
Ellos -asi cómo lo hizo Insulza con Pinochet- institucionalizaron la IMPUNIDAD pic.twitter.com/EGaTVRPJIv
Este proyecto «Gatillo Fácil» de Piñera, no tuvo avances durante el 2020, pues la entonces oposición lo postergaba en la tabla, pese a los continuos oficios de suma urgencia de Piñera.
Muerte de una carabinera en un contexto de mexicana
En la madrugada del domingo 26 de marzo de 2023, fue asesinada en el contexto de una «mexicana»[5] (robo de droga entre bandas rivales), la sargento segundo Rita Olivares en Quilpué, quien acudió junto a otra patrulla a la vivienda del narco «víctima» de un robo. Según los antecedentes hechos públicos en la audiencia de formalización de los imputados por este crimen, la carabinera fue asesinada con una bala en el cráneo, percutada a 1m de distancia.
Este hecho se produjo a dos semanas de que el general director de carabineros Ricardo Yañez, en una abierta violación a la Constitución y mediante declaraciones deliberantes, exigió al congreso «apurar leyes que permitan mejorar las herramientas a los uniformados y cuyas acciones, como el uso del arma de fuego, NO SEA CUESTIONADA POR OTRAS ENTIDADES [en referencia a la Fiscalía]».
La muerte de la Sargento Olivares, fue instrumentalizada por la derecha, por el gobierno y la prensa empresarial que mediante largas cadenas televisivas dieron cobertura al velorio y funeral de la funcionaria. Pero este hecho, fue además la señal mediática que requería la ultraderecha para reflotar el proyecto de Piñera, y sumar a su programa al gobierno de Boric.
La actuación del gobierno, y su oscilante defensa del proyecto, evidencian la existencia de una negociación con el General director de Carabineros Ricardo Yañez. Negociación que implica entregar impunidad a la tropa y oficialidad de carabineros, en las pocas causas por violación de DDHH aún en curso. El mismo Director General, que está imputado por la comisión de delitos de lesa humanidad, fue citado cuatro veces por la fiscal Chong, sin presentarse en cinco oportunidades [6]. Finalmente acudió a la sexta citación en la cual hizo uso de su «derecho a guardar silencio»[7]
La agenda de seguridad
La estrategia del empresariado y la ultraderecha para aprobar esta ley, lleva años en su implementación. Se inició como la respuesta estratégica de la clase dominante para sepultar la Rebelión Popular de Octubre. Esta estrategia incluyó
(1) el ingreso de cientos de miles de inmigrantes (quizás hasta 2 millones) que servirían de mano de obra barata para empujar los salarios a la baja. La migración es siempre una demanda del empresariado, nunca una acción política autónoma de un gobierno ni tiene relación con el cumplimiento de tratados internacionales. Junto con miles de nuevos trabajadores, llegaron también «guarimberos» y delincuentes del común, conocidos por sus prácticas de extrema violencia. Así, el delincuente común en Chile, rápidamente asimiló estas nuevas prácticas.
(2) la huelga de brazos caídos de carabineros, iniciada el 2019, vigente hasta hoy, implicaba una nula respuesta o extrema tardanza ante los requerimientos ciudadanos. Pese a que el Estado oculta las estadísticas, es un hecho constatado por toda la población de la periferia.
(3) incremento en el poder de fuego de bandas y narcotraficantes. El principal surtidor de este mercado es el Estado, por medio de sus agentes que «extravían» o «sufren robos» de su arsenal[8], el cual es vendido en el mercado negro.
(3) nulo control civil o reforma de la institución policial por parte de los sucesivos gobiernos de derecha, concerta o frenteamplistas. Nunca hubo una política real que apuntara a detener y combatir la creciente imbricación y asociación de la policía con el narcotráfico[9]. «Casos aislados» que demuestran esta asociación, son informados casi a diario por la prensa. En lugar de controlar o reformar, todos los gobiernos incluidos el de Gabriel Boric, compitieron por desviar más fondos públicos a las policías[10], pese al consabido desfalco que ha involucrado a numerosos integrantes del alto mando[11].
(4) Una campaña persistente de la televisión, liderada por los matinales, que ha buscado generar (i) la sensación y «sentido común» de criminalidad desatada, pese a que estadísticamente la cantidad de delitos contra las personas, siguen siendo bajos, pero lamentablemente de mayor violencia y (ii) imponer la visión de la casta política de que para combatir la delincuencia y el narcotráfico, la policía necesita «más atribuciones». Sin embargo, se promueve esta agenda mientras no se registra ningún avance en la persecución financiera del narcotráfico, y es la misma casta la que veta iniciativas que apuntan a flexibilizar el secreto bancario y la existencia de un «un registro de dueños finales de empresas».[12]
Deja vú en el Frente Amplio. «Nos equivocamos al votar»
Citando fuentes al interior del Frente Amplio, El Mostrador publicó el 30 de marzo[13] que la bancada del FA estaba coordinada para votar en contra de la Ley Nain-Retamal, pues «habían arribado a la convicción de que el proyecto de ley entregaba una carta abierta a las policías para el uso de la fuerza, sin contrapesos y con el peligro de legitimar los excesos, por lo que debían rechazar». «El acuerdo lo habían adoptado en una larga reunión matinal, tras la cual llegaron a elaborar un documento de más de 40 páginas (Propuesta Minuta de votación, boletín 14.870-25) en donde cada artículo considerado controvertido venía acompañado de una recomendación en color rojo que decía: RECHAZAR».
Sin embargo, «un llamado desde La Moneda durante la jornada de la votación…, instruyó a la bancada de Apruebo Dignidad a “aprobar”, sin importar lo que pensara cada uno». Una jornada que a muchos parlamentarios recordó el 4 de diciembre de 2019, fecha en que el Frente Amplio votó en general y particular la ley antibarricadas, pese a negarlo por redes sociales[14].
Finalmente, el 29 de marzo, el FA mayoritariamente se abstuvo, los menos rechazaron y Marcela Riquelme (CS) votó a favor. En cambio, en el PC la mayoría voto en contra, pese a que figuras destacadas del oficialismo -curiosamente- no acudieron al congreso a votar (Karol Cariola, Carmen Hertz). Lo mismo ocurrió con Tomas Hirsch. La votación en bloque a favor del proyecto de la Concertación, principal conglomerado oficialista, evidencia que la orden de La Moneda ese día fue aprobar el proyecto.
El ejecutivo ingresa indicaciones sacadas del gatillo fácil de Piñera
El ejecutivo ingresó el viernes 30 sus indicaciones (con la firma de Boric y Tohá) al proyecto de ley Nain-Retamal aprobado por la cámara [Descargar PDF Comparación entre Proyecto Nain-Retamal v/s indicaciones].
Estas dejan el proyecto casi idéntico a como salió de la cámara. Mantienen el espíritu de la «legítima defensa privilegiada» entregando a las policías un estatus sobre la ley. Para bajar el tono de numerosas denuncias de organismos internacionales de DDHH [15] [16]y de numerosos expertos en derecho, el ejecutivo eliminó la vaguedad del articulo 1 que permitía dictar prisión preventiva a cualquier acusado de agredir a carabineros, inclusive por «romperle una uña» o «tocarlo», acotándolas sólo a las agresiones que resulten en «delitos de lesiones graves, graves gravísimas, mutilaciones u homicidio».
Pero el presidente progresista ingresó un nuevo artículo que rescata una rebaja de responsabilidad penal para carabineros por hasta 3 grados, en caso de ser encontrados culpables por un uso ilegitimo de su armamento.
La gravedad de esta indicación presidencial es que está destinada a un «indulto» encubierto a todos los efectivos policiales violadores de DDHH desde el 2019 o antes, pues el derecho penal cuando beneficia al reo es retroactivo[17]. De esta forma, las penas que recibirán por sus crímenes, por ejemplo, Claudio Crespo, el carnicero de Plaza Dignidad que cegó a Gustavo Gatica, se verán rebajadas hasta 3 grados gracias a la indicación de Boric, y este sujeto nunca será condenado a una pena aflictiva.
El articulado de Boric es casi idéntico, sino una cita, del articulado de Piñera 2019 [Boletín N° 13.124-07], ley gatillo fácil cuya tramitación fue bloqueada por la entonces oposición porque «no se podía dar garantías de impunidad».
BORIC 2023: Artículo 3 «1. Introdúcense, en el artículo 410, incisos segundo y tercero, nuevos, del siguiente tenor:»
«Respecto del Carabinero que haga uso de su arma, se entenderá que hubo necesidad racional en su uso si se hace para impedir o tratar de impedir la consumación de delitos que atenten contra su vida o gravemente contra su integridad fisica. Esto, no obstante, los Tribunales, según las circunstancias y si estas demostraren que no había necesidad racional de usar las armas en toda la extensión que aparezca, podrán considerar esta circunstancia como simplemente atenuante de la responsabilidad y rebajar la pena en su virtud en uno, dos o tres grados»
«En las investigaciones iniciadas por el Ministerio Publico por los hechos previstos en este artículo, deberá considerar al funcionario de carabineros como víctima o testigo, según corresponda, para todos los efectos legales, a menos que las diligencias de investigación permitan atribuirle participación punible. En cualquier caso, si en cualquier momento de la investigación se le atribuyere participación en un hecho punible, podrá hacer valer las facultades, derechos y garantías a los que se refiere el artículo 7 del Código Procesal Penal»
Este artículo del gobierno progresista es un calco con otra redacción, de la Ley Gatillo Fácil de Piñera.
Piñera 2019
«Artículo 8°.- Estará exento de responsabilidad penal el miembro de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile y de Gendarmería de Chile que:
«1° Hiciere uso de su arma en defensa propia o en la defensa inmediata de un tercero al cual, por razón de su cargo, deban prestar protección o auxilio» […]
«Los Tribunales, según las circunstancias y si éstas demostraren que no había necesidad racional de usar las armas en toda la extensión que aparezca, podrán considerar esta circunstancia como simplemente atenuante de la responsabilidad y rebajar la pena en su virtud en uno, dos o tres grados. Sin perjuicio de lo anterior, se presumirá la necesidad racional cuando el miembro de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile y de Gendarmería de Chile fuere agredido, comprometiendo su vida o gravemente su integridad física.
La rebaja en hasta 3 grados entrega a las policias les entrega un estatus sobre la ley, pues un ciudadano que actúe en legítima defensa en el derecho penal no recibirá tal beneficio. Tal diferencia debiese motivar la «reserva de constitucionalidad» por parte de los parlamentarios de Apruebo Dignidad, pero hasta el día de hoy, solo se ha escuchado silencio. Como recuerdo, varias veces diputados del FA han hecho reserva de constitucionalidad, la que han presentado…fuera del plazo legal, siendo rechazada en su tramitación.
Boric es el principal promotor del programa de la ultraderecha
Las indicaciones de Gabriel Boric, ingresadas para el segundo trámite en el senado, preservan el concepto de «legítima defensa privilegiada»:
«Respecto del Carabinero que haga uso de su arma, se entenderá que hubo necesidad racional en su uso». Esta necesidad es definida «a priori» y las policías pasaran a ser «victimas o testigos» en caso de matar mediante el uso de sus armas de servicio, mientras se investiga si hubo o no legítima defensa, situación que los deja también sobre la ley, respecto a la legitima defensa de cualquier ciudadano.
La evidencia muestra que es el Gobierno de Gabriel Boric, es el que promueve las «garantías» a carabineros, garantías que no están destinadas a la persecución de la delincuencia común, sino que tienen como objetivo posibilitar que la represión se efectué usando armas letales, sin temor a las consecuencias legales para quienes disparen a manifestantes.
Este proyecto es parte de la preparación del Estado para dar una respuesta contundente ante un eventual nuevo «Estallido», que muchos suponen ocurrirá en un futuro indeterminado, y será «más profundo», pues las condiciones de abuso del sistema neoliberal que gatillaron la Rebelión Popular de Octubre, se mantienen intactas y se han profundizado en medio de una severa crisis económica.
El programa de la ultraderecha adoptado por Gabriel Boric se manifiesta en su agenda legislativa, que apunta a profundizar y blindar el sistema neoliberal en lo económico y autoritario en lo político:
- Estatus de garantía sobre la ley a Carabineros (Ley Nain Retamal)
- Militarización permanente del Wallmapu desde mayo de 2022.
- Persecución con Ley de Seguridad del Estado a las «expresiones» del vocero de la CAM, Héctor Llaitul
- Depósito y ratificación del TPP-11.
- La ley de Infraestructura critica (también un proyecto de Piñera).
- Política Nacional del Litio planea privatizar la extracción (con SQM y otros) y no industrializar
Corolario: Boricchet, el barquero que nos conduce a un estado fascista
Pese a las denuncias de organismos internacionales, que advierten que esta ley «abre espacios a nuevas violaciones a los DDHH e impunidad (ONU), la ley Licencia para Matar o Gatillo fácil será promulgada por Boric.
No habrá reserva de constitucionalidad ni mucho menos veto presidencial.
En el pacto Boric-Yañez, las «garantías» de impunidad para carabineros, responden para la policía militarizada a las mismas exigencias que el Ejercito pidió a Piñera el 7 de noviembre de 2019 durante la reunión del Cosena: «garantías legales o nada». El entramado institucional se refuerza y dota ahora, por medio de su administrador de turno, de instrumentos legales para defender al sistema político-económico, entregando garantías de impunidad a sus guardianes.
La crisis económica, el descontento y rabia popular, el voto obligatorio, la mantención de las condiciones económico-laborales en este gobierno, la traición absoluta a su programa y promesas de campaña sumado a la continua campaña comunicacional de la televisión, radio y prensa empresarial, aseguran que el descontento social será canalizado por el fascismo. «A problemas complejos, soluciones simples» o efectistas
El progresismo construye una carretera de cuatro carriles para un próximo gobierno ultraderecha. La construcción involucra la batería legislativa de Piñera -implementada por un gobierno «progresista» que incluye al Partido Comunista-, y la desarticulación del movimiento social, el que disperso aun resiste y se organiza.
El nuevo «Duce» llegará al poder dotado de todas las leyes necesarias para reprimir y exterminar cualquier disidencia. Boric entonces se retirará a cobrar su pensión de expresidente equivalente a la de un senador, o posiblemente ocupe algún cargo en la fundación Friedrich Ebert, la NED u otra organización similar.
[1] https://prensa.presidencia.cl/comunicado.aspx?id=135412
[2] https://pazciudadana.cl/sin-categoria/acuerdo-paz-ffaa/
[3] https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/acuerdo-constitucional-orden-publico-la-ultima-apuesta-la-moneda-pacto-politico/899130/
[4] https://www.radiovillafrancia.cl/la-ley-antibarricadas-mitos-y-verdades/
[5] https://www.youtube.com/watch?v=Ji8AqsOC21M, desde 2:16:14
[6] https://radio.uchile.cl/2023/03/15/abogada-de-londres-38-cuestiona-a-general-yanez-el-no-ha-concurrido-a-declarar-ante-la-justicia/.
[7] https://www.emol.com/noticias/Nacional/2023/03/27/1090547/general-yanez-silencio-fiscal-chong.html
[8] https://www.ciperchile.cl/2022/06/13/militares-y-carabineros-que-robaron-armas-sus-vinculos-con-bandas-y-narcos-que-quedaron-registrados-en-la-justicia-militar/
[9] https://www.ciperchile.cl/2022/01/31/corrupcion-en-carabineros-los-secretos-vinculos-con-narcos-y-bandas-de-ladrones/
[10] https://www.lanacion.cl/general-yanez-tras-reunion-en-la-moneda-el-apoyo-y-el-respaldo-politico-nosotros-lo-tenemos/
[11] https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/03/14/gran-fraude-en-carabineros-comienza-juicio-contra-generales-y-se-estima-que-durara-un-ano.html
[12] https://www.pauta.cl/economia/informe-ocde-sobre-registro-duenos-beneficiarios-empresas-finales-chile
[13] https://www.elmostrador.cl/noticias/sin-editar/2023/03/30/la-minuta-del-fa-para-rechazar-la-ley-nain-retamal-que-se-descarto-a-ultima-hora-tras-llamado-de-la-moneda/
[14] https://www.radiovillafrancia.cl/la-ley-antibarricadas-mitos-y-verdades/
[15] https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/chile-el-proyecto-de-ley-de-legitima-defensa-privilegiada-podria-aumentar-los-abusos-policiales-y-la-impunidad-por-estos-crimenes/
[16] https://www.elmostrador.cl/destacado/2023/03/31/onu-alerta-por-legitima-defensa-privilegiada-de-ley-nain-retamal-no-se-ajusta-al-derecho-internacional/
[17] Principio Pro Reo «Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado» ([CP 1980, Cap III, Art 19, Inciso 1°, Numeral 3, Inciso 8°]
